El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reafirmó el compromiso de España con la protección de la misión médica en conflictos armados durante un acto conmemorativo del décimo aniversario de la resolución 2286 de la ONU. Albares destacó la importancia de garantizar la seguridad del personal y las instalaciones sanitarias, subrayando que los ataques contra estos son una grave violación del derecho internacional humanitario. A pesar de los esfuerzos, advirtió que la situación ha empeorado y enfatizó la necesidad de rendición de cuentas y mejores mecanismos de protección. España se mantiene activa en iniciativas globales para promover el cumplimiento del derecho internacional humanitario y condena firmemente los ataques a personal médico.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, inauguró el acto titulado «La protección de la misión médica en el 10.º aniversario de la resolución 2286». Durante su intervención, reafirmó el compromiso de España con la defensa del derecho internacional humanitario y la protección del personal sanitario en situaciones de conflicto armado.
Albares destacó que la salvaguarda del personal y las instalaciones sanitarias es una prioridad fundamental en la diplomacia humanitaria y en la acción exterior española. En este sentido, alertó sobre el deterioro de las condiciones en los escenarios de conflicto, afirmando que «la protección de la misión médica es, ante todo, una cuestión de humanidad. En tiempos de guerra, pocas normas son tan esenciales como aquellas que garantizan que quienes curan y salvan vidas puedan desempeñar su labor sin convertirse en objetivo. Cada hospital destruido, cada ambulancia atacada, cada médico o profesional sanitario asesinado es una derrota colectiva».
El ministro recordó que diez años después de la adopción unánime de la resolución 2286 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el compromiso con la protección de la misión médica sigue sin cumplirse. Subrayó la gravedad de los ataques contra el personal y las infraestructuras sanitarias en diversos contextos bélicos. Resaltó así mismo la necesidad imperiosa de analizar las consecuencias de estos ataques y mejorar los mecanismos destinados a proteger a los trabajadores médicos.
Albares insistió en que «sin rendición de cuentas, no habrá protección real de la misión médica», enfatizando la importancia de realizar investigaciones rápidas e independientes. También hizo hincapié en reforzar los mecanismos internacionales cuando los Estados no puedan o no quieran actuar.
El titular del Ministerio explicó que España tuvo un papel decisivo en la adopción de la resolución 2286 y ha mantenido desde entonces un compromiso firme con esta causa. Recordó que dicha prioridad se encuentra reflejada en la Estrategia Española de Diplomacia Humanitaria 2023-2026, así como en el primer Informe Nacional Voluntario sobre la aplicación del derecho internacional humanitario, publicado en marzo de 2026. Este enfoque continuará siendo una línea central en futuras políticas.
España condena firmemente los ataques contra personal sanitario e instalaciones médicas bajo cualquier circunstancia y promueve activamente el cumplimiento del derecho internacional humanitario. También apoya investigaciones independientes y colabora con la Corte Penal Internacional para combatir la impunidad.
Además, España participa en una iniciativa global del Comité Internacional de la Cruz Roja para fomentar el derecho internacional humanitario y copreside un grupo de trabajo sobre protección hospitalaria junto a Uruguay, Pakistán y Nigeria. Esta iniciativa culminará con una conferencia internacional a celebrarse en diciembre próximo en Ammán.
El ministro expresó su reconocimiento hacia las organizaciones humanitarias, centros de investigación y expertos que contribuyen a proteger la misión médica durante conflictos armados. Hizo un llamado a toda la comunidad internacional para actuar con determinación y coherencia, subrayando que proteger a quienes brindan atención médica es esencial para preservar la dignidad humana.
En el evento participaron miembros del cuerpo diplomático, representantes institucionales, organizaciones no gubernamentales y académicos especializados en derecho internacional humanitario. Posteriormente a su discurso, se llevó a cabo una mesa redonda moderada por Lucía García Rico, directora general de Naciones Unidas, organismos internacionales y derechos humanos, donde intervinieron representantes destacados como Médicos Sin Fronteras y Cruz Roja Española.
La resolución 2286 fue adoptada el 3 de mayo de 2016 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas gracias al liderazgo conjunto entre España y otros países como Nueva Zelanda, Japón, Uruguay y Egipto. Esta resolución representa un hito al ser la primera que condena explícitamente los ataques contra personal sanitario e instalaciones médicas durante conflictos armados.
A pesar del paso del tiempo desde su adopción, los ataques contra misiones médicas no solo persisten sino que han aumentado significativamente. En 2025, según datos proporcionados por la Coalición para la Protección de la Salud en Conflictos, se registró un incremento del 15 % respecto al año anterior. La Organización Mundial de la Salud documentó además 1.348 ataques contra instalaciones sanitarias ese año, resultando en 1.981 muertes—más del doble comparado con cifras anteriores.
| Año | Cifra | Descripción |
|---|---|---|
| 2025 | 15% | Incremento de ataques contra la misión médica respecto al año anterior. |
| 2025 | 1,348 | Ataques documentados contra instalaciones sanitarias por la OMS. |
| 2025 | 1,981 | Muertes provocadas por ataques a instalaciones sanitarias. |
| 2024 | Doble | Aumento de muertes en comparación con el año anterior (2024). |
España reafirma su compromiso con la defensa del derecho internacional humanitario y la protección del personal sanitario en conflictos armados, destacando que esta protección es una prioridad de su diplomacia humanitaria.
La resolución 2286, adoptada en 2016, es la primera que condena los ataques contra el personal sanitario y las instalaciones médicas en conflictos armados, exigiendo el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Diez años después, su implementación sigue siendo un desafío.
El ministro Albares subrayó la necesidad de reforzar los mecanismos de protección, garantizar rendición de cuentas y promover investigaciones rápidas e independientes sobre los ataques al personal médico.
Según informes, los ataques contra instalaciones sanitarias han aumentado significativamente, con un incremento del 15% en 2025 respecto al año anterior, lo que resalta la gravedad de la situación actual.
España participa activamente en iniciativas globales para impulsar el derecho internacional humanitario y co-preside grupos de trabajo sobre la protección de hospitales junto a otros países.
El evento contó con miembros del cuerpo diplomático, representantes institucionales, organizaciones no gubernamentales y expertos en derecho internacional humanitario.