El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado los criterios para la distribución de 39 millones de euros destinados al Plan de Acción de Salud Mental y 17,83 millones para la prevención del suicidio en 2026. Los fondos se enfocarán en proyectos que promuevan derechos humanos, equidad y atención comunitaria, priorizando a colectivos vulnerables. Las iniciativas deben garantizar la dignidad y autonomía de los usuarios, evitando prácticas coercitivas. Se fomentará la participación de usuarios y familiares en la toma de decisiones y se valorarán proyectos que aborden determinantes sociales de la salud. Estos fondos son parte de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026.
El Consejo Interterritorial del SNS aprueba criterios para fondos de salud mental
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha dado luz verde a los criterios que regirán la distribución y aplicación de los fondos destinados a iniciativas en salud mental y prevención del suicidio para el año 2026. Este acuerdo implica una inversión total de 39 millones de euros para el Plan de Acción de Salud Mental y 17,83 millones de euros para el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio.
Las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) deberán presentar memorias técnicas y económicas detalladas sobre sus proyectos para acceder a esta financiación. Es imperativo que dichos proyectos incluyan criterios relacionados con la orientación comunitaria, la garantía de derechos humanos y la equidad.
La orientación comunitaria se define como un enfoque que considera al individuo dentro de su contexto social, familiar y comunitario, teniendo en cuenta diversos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y económicos. Los proyectos podrán ser implementados a través de intervenciones individuales o familiares, actividades grupales o colaboraciones con recursos y agentes comunitarios.
Entre las iniciativas elegibles para financiación se encuentran el fortalecimiento de centros de día, equipos móviles de atención comunitaria, programas de hospitalización domiciliaria y proyectos enfocados en barrios y entornos comunitarios. Sin embargo, no se financiarán aquellos proyectos que se centren exclusivamente en aumentar el número de camas o realizar reformas estructurales en hospitales.
Los proyectos también deberán garantizar la dignidad, autonomía personal y consentimiento informado de los usuarios, alineándose con estándares internacionales como el instrumento QualityRights de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se espera una reducción en el uso de contenciones mecánicas y el desarrollo de modelos que promuevan “puertas abiertas” en dispositivos hospitalarios.
No se permitirá financiar actuaciones que fomenten prácticas coercitivas o restrinjan derechos. Además, se establece la equidad como un criterio esencial para la aprobación de proyectos, priorizando acciones que busquen reducir las desigualdades sociales en salud mental.
En lo que respecta a la prevención del suicidio, los proyectos deberán incluir medidas dirigidas a poblaciones consideradas de alto riesgo y establecer mecanismos evaluativos que analicen resultados desde una perspectiva equitativa. Junto a estos criterios obligatorios, se incorporan pautas orientadas a identificar buenas prácticas dentro del Sistema Nacional de Salud.
Estos criterios incluyen la participación activa tanto de usuarios como familiares en las decisiones relacionadas con su atención, así como un trabajo intersectorial que aborde los determinantes sociales que afectan la salud. También se valorarán iniciativas que establezcan mecanismos estables para coordinar esfuerzos entre diferentes ámbitos como sanidad, servicios sociales, vivienda, empleo o educación.
Esta iniciativa forma parte integral del marco establecido por la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 y los planes aprobados para abordar tanto la salud mental como la prevención del suicidio.
| Descripción | Cantidad (euros) |
|---|---|
| Fondos totales aprobados para el Plan de Acción de Salud Mental | 39,000,000 |
| Fondos destinados a la prevención del suicidio | 17,830,000 |
Se destinarán un total de 39 millones de euros al Plan de Acción de Salud Mental y 17,83 millones de euros para la prevención del suicidio.
Las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) deberán presentar memorias técnicas y económicas que incluyan criterios relacionados con la orientación comunitaria, la garantía de derechos humanos y la equidad.
Los proyectos deben tener un enfoque comunitario, considerando factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y económicos, y pueden incluir intervenciones individuales y familiares, actuaciones grupales o iniciativas coordinadas con recursos comunitarios.
No se financiarán proyectos centrados exclusivamente en el aumento de camas o en reformas estructurales de hospitales de media y larga estancia.
Los proyectos deberán garantizar la dignidad, autonomía personal y consentimiento informado de las personas usuarias, siguiendo estándares internacionales como el instrumento QualityRights de la OMS.
Se valorará la participación activa de usuarios y familiares en la toma de decisiones, el trabajo intersectorial sobre determinantes sociales de salud e inclusión de expertos por experiencia en el diseño e implementación de proyectos.