El Gobierno de España ha aprobado un nuevo real decreto que regula la colaboración del Tercer Sector de Acción Social con la Administración General del Estado. Esta norma busca facilitar el reconocimiento de entidades del Tercer Sector, estableciendo requisitos específicos y beneficios para mejorar su relación con las administraciones públicas. La medida también crea un marco para coordinar la participación de estas entidades en situaciones de emergencia, fortaleciendo su capacidad de respuesta ante crisis sociales. El decreto entrará en vigor el 2 de enero y permitirá a las entidades interesadas presentar sus solicitudes para obtener el estatus de colaboradoras.
El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo al aprobar una nueva norma que regula el reconocimiento de las entidades del Tercer Sector de Acción Social que colaboran con la Administración General del Estado. Esta iniciativa busca fomentar una acción pública más cercana, inclusiva y colaborativa.
La normativa establece requisitos claros para que estas entidades obtengan su reconocimiento, facilitando así su relación con las administraciones públicas y atendiendo una demanda histórica del Tercer Sector. Además, se crea un marco estable que permitirá coordinar la participación de estas organizaciones en situaciones de emergencia, aprovechando su experiencia para responder de manera más ágil a las necesidades de la población afectada.
A propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Real Decreto aprobado es un mandato de la ley 43/2015 sobre el Tercer Sector de Acción Social. Esta legislación responde a una de las principales demandas del sector durante la última década.
El texto especifica los requisitos necesarios para que las entidades puedan ser reconocidas como colaboradoras con la Administración General del Estado (AGE). Este refuerzo del papel del Tercer Sector lo posiciona como un interlocutor clave en el diseño, desarrollo y evaluación de políticas sociales, promoviendo así una colaboración más efectiva entre las administraciones públicas y la sociedad civil organizada.
Para acceder a esta distinción, las entidades deben cumplir con ciertos criterios: llevar a cabo actividades de interés general, tener al menos cinco años de antigüedad, no remunerar a sus representantes con fondos públicos y contar con los recursos necesarios. También deben haber obtenido un certificado que avale su compromiso con la calidad y la mejora continua.
Además, se creará una Comisión de Evaluación compuesta por representantes de diez ministerios, encargada de valorar las solicitudes y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Esta comisión será presidida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Las entidades que logren este reconocimiento podrán beneficiarse de diversas medidas destinadas a fortalecer su sostenibilidad y mejorar su relación con la AGE. Entre estas medidas destacan la simplificación documental en los procedimientos para solicitar subvenciones y ayudas públicas, así como la posibilidad de firmar convenios específicos de colaboración. También recibirán un distintivo oficial que acreditará su condición como entidad colaboradora.
Esta norma proporciona seguridad jurídica y promueve un modelo de gobernanza social más participativo, reconociendo el valor estratégico que tiene la sociedad civil en relación con las instituciones públicas. Desde Derechos Sociales se subraya que esta normativa “asegura un desarrollo armónico de las políticas sociales”, permitiendo identificar adecuadamente las necesidades de los grupos afectados y optimizar el uso de recursos disponibles.
El real decreto también establece un sistema riguroso de supervisión y control bajo la responsabilidad de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Las entidades reconocidas deberán presentar anualmente una memoria sobre sus actividades y estarán sujetas a un Plan de Evaluación y Control. Se contempla además un procedimiento para revocar dicho reconocimiento en caso de incumplimientos o irregularidades.
Un aspecto relevante incluido en esta normativa es la regulación sobre cómo estas entidades podrán participar en situaciones excepcionales que generen necesidad social urgente. Esto incluye emergencias climáticas o sanitarias que provoquen vulnerabilidad en la población. En tales circunstancias, se implementarán planes específicos aprobados por la Comisión de Evaluación para asegurar una respuesta coordinada con la Administración General del Estado.
La entrada en vigor del real decreto está programada para el 2 de enero. A partir esa fecha, se habilitará el procedimiento para que las entidades interesadas presenten sus solicitudes a través del sitio web del Ministerio correspondiente.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 5 | Antigüedad mínima para el reconocimiento como entidad colaboradora |
| 10 | Número de ministerios en la Comisión de Evaluación |
| 2 de enero | Fecha de entrada en vigor del real decreto |
El Consejo de Ministros ha aprobado una norma para regular el reconocimiento de entidades del Tercer Sector de Acción Social que colaboren con la Administración General del Estado.
El objetivo es impulsar una acción pública más cercana, inclusiva y colaborativa entre las administraciones públicas y el Tercer Sector.
Las entidades deben desarrollar actividades de interés general, tener una antigüedad mínima de cinco años, no retribuir a los miembros de los órganos de representación con cargo a fondos públicos, disponer de estructura y medios suficientes, y haber obtenido un certificado de evaluación de calidad.
Las entidades reconocidas podrán beneficiarse de medidas como la simplificación documental en solicitudes de subvenciones, la posibilidad de suscribir convenios específicos y el uso de un distintivo oficial que acreditará su condición de entidad colaboradora.
Las entidades deberán presentar anualmente una memoria de actividades y estarán sujetas a un Plan de Evaluación y Control. También se contempla un procedimiento para revocar el reconocimiento en caso de incumplimientos.
La entrada en vigor del real decreto está prevista para el 2 de enero, momento en el cual se abrirá el procedimiento para que las entidades presenten sus solicitudes.