El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 432,8 millones de euros entre los gobiernos autonómicos para financiar programas sociales. Esta cifra representa un aumento del 15% respecto al año anterior y se destinará a atender a colectivos vulnerables como personas con discapacidad, mayores y familias en situación de pobreza. Los recursos se asignarán considerando criterios objetivos como la población y la tasa de riesgo de exclusión social. Las comunidades autónomas gestionarán sus propias convocatorias de subvenciones, beneficiando a entidades del Tercer Sector que trabajen en acción social. Este acuerdo se extenderá hasta diciembre de 2028, garantizando la continuidad de estos programas.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, para distribuir el monto recaudado a través de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades. Esta medida permitirá que se destinen más de 432 millones de euros (432.818.240,70 €) a los gobiernos de las Comunidades Autónomas, lo que representa un incremento del 15% en comparación con el año anterior.
Durante la convocatoria de 2024, se financiaron más de 10.000 proyectos, todos enfocados en la atención directa a la ciudadanía. Estos proyectos abarcan diversas áreas, incluyendo la asistencia a personas con discapacidad, el pueblo gitano, personas mayores, así como programas dirigidos a la infancia y las familias.
Este martes, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta presentada por Bustinduy para repartir los fondos entre las Comunidades Autónomas (excluyendo País Vasco y Navarra) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La distribución se basa en 13 criterios objetivos, que incluyen factores como la población, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (Tasa AROPE), renta per cápita, dispersión territorial y el número de familias monomarentales. Además, se asegura un porcentaje fijo para La Rioja (1,02%), Ceuta (0,80%) y Melilla (0,81%). Este plan ahora será sometido a aprobación por parte del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Una vez aprobado, serán los gobiernos autonómicos quienes gestionen sus respectivas convocatorias de subvenciones. Las organizaciones elegibles para recibir estas ayudas son entidades y asociaciones del Tercer Sector que cumplan con los requisitos establecidos en las convocatorias autonómicas pertinentes.
Las convocatorias que han sido aprobadas por las distintas Comunidades Autónomas están diseñadas para abordar necesidades específicas relacionadas con la asistencia social para personas en situación de pobreza o exclusión social, así como aquellas que enfrentan otras circunstancias de vulnerabilidad. En 2024 se prevé financiar más de 10.000 proyectos destinados a colectivos como personas con discapacidad, el pueblo gitano, personas mayores e infancia.
El Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y el SAAD firmado el 18 de junio de 2021 estableció un sistema dual para la distribución: un tramo estatal que representa el 20% de la recaudación y un tramo autonómico que abarca el 80%. Este último es transferido a las Comunidades Autónomas para que puedan publicar sus propias convocatorias dentro de su ámbito competencial.
Dado que el Acuerdo alcanzado en 2021 tenía una vigencia inicial de cinco años que expiró en junio pasado, desde el Ministerio se impulsó una prórroga por dos años y medio más, extendiendo su validez hasta el 31 de diciembre de 2028, lo cual incluye también la ejecución programática durante 2029.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Importe total a repartir entre gobiernos autonómicos | 432.818.240,70 € |
| Aumento respecto al año pasado | 15% |
| Número de proyectos financiados en 2024 | Más de 10.000 |
| Porcentaje fijo para La Rioja | 1,02% |
| Porcentaje fijo para Ceuta | 0,80% |
| Porcentaje fijo para Melilla | 0,81% |
El Ministerio de Derechos Sociales repartirá un total de 432.818.240,70 €, lo que representa un aumento del 15% respecto al año anterior.
El importe proviene de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades.
Se han aplicado 13 criterios objetivos, incluyendo la población, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, la renta per cápita, y otros factores demográficos como la cantidad de familias monomarentales y las tasas de envejecimiento y discapacidad.
Los fondos se destinarán a programas dirigidos a la atención directa a la ciudadanía, especialmente para colectivos en situación de vulnerabilidad como personas con discapacidad, el pueblo gitano, personas mayores, infancia o familias.
Pueden beneficiarse entidades y asociaciones del Tercer Sector de acción social que cumplan con los requisitos establecidos en las convocatorias autonómicas correspondientes.
El acuerdo tiene una vigencia prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2028, lo que incluye la ejecución de programas hasta el año 2029.