El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una empresa de autobuses por indicios de que mostraría de forma engañosa el precio final de los billetes y no devolvería los gastos de gestión de viajes cancelados. Las posibles sanciones podrían alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito por la práctica relacionada con los precios y entre seis y ocho veces por las cláusulas consideradas abusivas.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto, a través de la Dirección General de Consumo, un expediente sancionador a una empresa de autobuses. La decisión se basa en indicios de que podría estar mostrando de forma engañosa el precio de los billetes y aplicando cláusulas abusivas para no devolver el importe íntegro de los viajes cancelados.
Las posibles sanciones por la indicación engañosa de precios podrían alcanzar los 100.000 euros o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. En el caso de las cláusulas abusivas, las multas podrían llegar a un millón de euros o situarse entre seis y ocho veces ese beneficio.
Consumo ha detectado que la empresa podría no mostrar el precio completo de los billetes desde el inicio de la contratación: los gastos de gestión se añadirían en la fase final. Esta práctica, conocida como precio por goteo (drip pricing), implica que el importe total no aparece hasta que el cliente ha introducido sus datos y avanzado en la compra. Según el Ministerio, esto obstaculizaría la libertad de elección y la comparación con los precios de otras compañías.
La inclusión de los gastos de gestión en el precio final quedó expresamente regulada por la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, impulsada por el Ministerio de Consumo y aprobada el año pasado. La norma modificó el artículo 20.1 c) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para establecer que esos gastos, si los hubiera, forman parte del precio final y deben incluirse desde el inicio de la comunicación comercial.
La posible práctica podría constituir una infracción por publicidad engañosa, al considerarse desleal conforme al texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Las sanciones previstas podrían alcanzar los 100.000 euros o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por el presunto infractor.
El expediente también recoge indicios de que la empresa no devolvería íntegramente el importe pagado por los billetes cuando se cancela un viaje. En concreto, no reembolsaría los gastos de gestión. Las cláusulas utilizadas para justificar esa retención podrían ser abusivas conforme a los artículos 83 y 87 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
La introducción o existencia de cláusulas abusivas en los contratos está tipificada como infracción por esa misma ley. Las sanciones podrían llegar a un millón de euros o a entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
Es el segundo expediente sancionador que Consumo abre este año por una posible práctica engañosa en la indicación de precios del transporte. En verano inició otro procedimiento contra una compañía que comercializa billetes de avión, tren, ferry y autobús, por no indicar desde el principio el precio final.
La Dirección General de Consumo recuerda que la apertura de estos expedientes no prejuzga el resultado final del procedimiento sancionador.
| Cifra | Concepto |
|---|---|
| Hasta 100.000 euros o entre 4 y 6 veces el beneficio ilícito obtenido | Posibles sanciones por la presunta infracción relacionada con la indicación engañosa de precios. |
| Hasta 1.000.000 de euros o entre 6 y 8 veces el beneficio ilícito obtenido | Posibles sanciones por la introducción o existencia de cláusulas abusivas. |
| 2 expedientes | Este es el segundo expediente sancionador abierto por Consumo durante el año por una posible práctica engañosa en la indicación de precios de transporte. |
| 7 de noviembre de 2026 | Fecha de la nota de prensa. |
Consumo investiga indicios de que una empresa de autobuses no mostraría desde el inicio el precio completo de los billetes, incluidos los gastos de gestión, y no devolvería esos gastos cuando se cancela un viaje. Son prácticas presuntas, no conclusiones del procedimiento.
Por la posible práctica engañosa en los precios, la multa podría alcanzar los 100.000 euros o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Por la posible inclusión de cláusulas abusivas, podría llegar a 1.000.000 de euros o entre seis y ocho veces ese beneficio.
No. La Dirección General de Consumo señala que la iniciación del expediente no prejuzga el resultado final del procedimiento sancionador.
No. Según el Ministerio, es el segundo: en verano abrió otro expediente por una posible práctica similar contra una compañía que comercializa billetes de avión, tren, ferry y autobús.