La Dirección General de Consumo ha identificado y comunicará a arrendadores y arrendatarios las cláusulas abusivas más comunes en contratos de alquiler de vivienda habitual. Entre estas prácticas ilícitas se encuentran el cobro de gastos de gestión por parte del arrendador, exigir fianzas superiores a lo permitido y la imposición de indemnizaciones desproporcionadas por demora en el desalojo. Estas acciones son consideradas abusivas según la legislación vigente, y el Ministerio de Consumo busca prevenir su uso mediante la información y vigilancia del mercado. Se recomienda a los inquilinos revisar sus contratos para detectar posibles irregularidades y presentar reclamaciones si es necesario.
