Paco Gracia y Esther López Barceló, responsables a nivel estatal de Memoria Democrática de Podemos e IU, respectivamente, advierten de que “no se puede sentar ningún peligroso precedente que obligue no solo ahora, sino en el futuro por otros casos aún en disputa, a destinar centenares de miles de euros para pagar a la misma familia del dictador que se ha aprovechado durante décadas de bienes públicos y que sigue aferrándose a ellos con uñas y dientes”.