sudan del sur

Las fuerzas gubernamentales de Sudán del Sur bombardearon el hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Lankien, estado de Jonglei, el 3 de febrero de 2026. El ataque resultó en heridas leves a un miembro del personal y la destrucción del almacén principal, lo que dejó al hospital sin la mayoría de sus suministros médicos esenciales. Este incidente se produce en un contexto de creciente violencia y restricciones humanitarias impuestas por el gobierno en áreas controladas por la oposición. MSF ha sido el único proveedor de servicios sanitarios para unas 250,000 personas en Lankien y Pieri, lo que agrava la crisis sanitaria en la región.

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha instado a la Unión Africana y al Consejo de Seguridad a tomar medidas urgentes ante la crisis política y humanitaria en Sudán del Sur. Los líderes sursudaneses han obstaculizado el proceso de paz, llevando al país al borde del colapso. La corrupción y la falta de justicia agravan el conflicto, con más de 300,000 personas huyendo desde principios de 2025. La Comisión destaca la necesidad de establecer mecanismos de justicia transicional, incluido el Tribunal Híbrido para juzgar crímenes graves. Se requiere un enfoque integral para abordar la verdad, reconciliación y reparación en el país.

Más de 445.000 personas han sido desplazadas en Sudán del Sur debido al aumento del conflicto armado en 2025, lo que agrava una de las crisis humanitarias más severas del mundo. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) destaca que el financiamiento para la asistencia se está agotando y los servicios esenciales están sobrecargados, dejando a las familias en una situación cada vez más precaria. La violencia afecta a civiles en varios estados, incluyendo Alto Nilo y Jonglei, y se ve exacerbada por el cambio climático, que también ha impactado a cientos de miles de personas. El CICR hace un llamado urgente a todas las partes involucradas para evitar una catástrofe inminente.

Médicos Sin Fronteras ha suspendido todas sus actividades en los condados de Yei y Morobo, Sudán del Sur, tras el secuestro de un miembro de su personal, solo días después de que se produjera otro incidente similar con trabajadores del Ministerio de Salud. Esta decisión se debe al aumento de la inseguridad en la región, donde los ataques selectivos contra el personal humanitario son cada vez más comunes. La organización enfatiza que no puede operar en un entorno tan peligroso y exige garantías de seguridad para poder reanudar sus servicios esenciales, que son vitales para las comunidades locales que dependen de ellos.