La Abogacía del Estado, actuando en nombre de la Delegación del Gobierno en Madrid, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que desestime las medidas cautelares pedidas por la Comunidad de Madrid y permita la continuidad de la acampada por la vivienda en la emblemática Puerta del Sol. Además, se pide que se impongan las costas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Desde la Delegación del Gobierno se subraya que "no está claro que el desalojo de la acampada en la Puerta del Sol genere más beneficios que perjuicios para la seguridad ciudadana", tal como ha señalado el propio TSJM.
Posibles consecuencias del desalojo
Asimismo, se advierte que un desalojo podría provocar "incidentes violentos con riesgo físico" tanto para los presentes como para los edificios y el mobiliario urbano circundante.
"Más allá de la seguridad ciudadana, considerando los intereses defendidos por la parte recurrente, tampoco se puede descartar que el impacto comercial e incluso reputacional para el turismo pueda ser notablemente negativo", añade el comunicado.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué solicita la Abogacía del Estado al TSJM?
La Abogacía del Estado pide al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que rechace las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad de Madrid y que no desaloje la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol.
¿Cuáles son los argumentos de la Delegación del Gobierno sobre el desalojo?
La Delegación del Gobierno destaca que no está claro que disolver la acampada produzca más beneficios que perjuicios para la seguridad ciudadana. Además, advierte que un desalojo podría provocar incidentes de fuerza con peligro físico para las personas presentes y para el mobiliario urbano.
¿Qué impacto podría tener el desalojo en el comercio y el turismo?
Se menciona que, más allá de la seguridad ciudadana, el desalojo podría tener un impacto negativo en la incidencia comercial y reputacional para el turismo en la zona.