El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas han establecido un Grupo de Trabajo para crear un sistema de acreditación administrativa que aborde las situaciones de violencia contra las mujeres. Este grupo, que se reunirá por primera vez el 19 de diciembre, tiene como objetivo diseñar procedimientos para garantizar los derechos de las víctimas de violencia sexual, revisar criterios interpretativos en relación con la acreditación de violencia de género y actualizar procesos para víctimas de trata y explotación sexual. Además, se ha discutido la apertura de centros de crisis 24 horas para atender a mujeres afectadas por violencia sexual, con el apoyo del Ministerio. Esta iniciativa forma parte del avance en la implementación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, lidera la Conferencia Sectorial de Igualdad, donde se ha anunciado la creación de un nuevo Grupo de Trabajo. Este organismo se reunirá por primera vez el próximo jueves, 19 de diciembre, con el objetivo de establecer el procedimiento básico para el sistema de acreditación administrativa en situaciones de violencia sexual.
Este avance forma parte del compromiso del Gobierno para implementar la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. El protocolo que se diseñará es crucial para asegurar que todas las víctimas de violencias sexuales puedan ejercer plenamente los derechos que les otorga esta legislación.
Entre las funciones del grupo también se encuentra la revisión y unificación de los criterios interpretativos relativos a la acreditación administrativa en casos de violencia de género. Se busca así adaptar estos criterios al artículo 23 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, garantizando su aplicación uniforme en todo el territorio nacional.
Además, el grupo analizará y actualizará el proceso de acreditación administrativa para víctimas de trata y explotación sexual. Esto implica revisar el acuerdo firmado en mayo de 2022 entre el Gobierno y las comunidades autónomas, con el fin de unificar los criterios para la acreditación y acceso a derechos, así como optimizar la forma en que se reportan los datos sobre estas acreditaciones.
Por otro lado, se ha discutido la apertura de centros de crisis disponibles las 24 horas para atender a mujeres víctimas de violencia sexual. El Ministerio ha reiterado su apoyo a las comunidades autónomas para que estos centros estén operativos antes del cierre del año. La ministra Redondo ha expresado su agradecimiento por los esfuerzos realizados hasta ahora y ha manifestado su confianza en que muchos centros abrirán sus puertas antes del final del año.
La Conferencia Sectorial de Igualdad actúa como el principal órgano institucional para la colaboración entre la Administración General del Estado, representada por el Ministerio de Igualdad, y las comunidades autónomas. Su misión es fortalecer la lucha por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres.
El grupo tiene como objetivo diseñar el procedimiento básico del sistema de acreditación administrativa de las situaciones de violencias sexuales, así como revisar y unificar los criterios interpretativos en relación con la acreditación administrativa de las situaciones de violencia de género.
Se está avanzando en la implementación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que busca garantizar que todas las víctimas de violencias sexuales puedan disfrutar efectivamente de todos los derechos contemplados en la ley.
Además de diseñar el sistema de acreditación, el grupo también analizará y revisará el proceso de acreditación administrativa para víctimas de trata de seres humanos o explotación sexual, buscando unificar criterios entre comunidades autónomas.
Se ha abordado la apertura de centros de crisis 24 horas para atender a mujeres víctimas de violencia sexual, y se ha reiterado el apoyo del Ministerio a las comunidades autónomas para que estos centros estén operativos antes del final del año.
La Conferencia Sectorial de Igualdad es el máximo órgano de colaboración institucional y cogobernanza entre la Administración General del Estado y las comunidades y ciudades autónomas en el marco de la igualdad y la lucha contra la violencia hacia las mujeres.