Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida (IU), ha realizado una valoración positiva de su primer año al frente del partido, destacando la necesidad de defender la paz y priorizar la vivienda en su agenda política. En un contexto de preocupación por el avance de la derecha, Maíllo enfatizó la importancia de construir un 'frente amplio' mediante métodos democráticos. Resaltó los logros de IU en revitalizar la conexión con la sociedad y abordar temas como la sanidad pública y derechos medioambientales. Además, anunció iniciativas futuras centradas en la paz y seguridad, reafirmando el compromiso del partido con las clases trabajadoras.
Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida (IU), ha realizado una valoración positiva de su primer año al frente de la organización, coincidiendo con el aniversario de la XIII Asamblea Federal. En una rueda de prensa telemática, Maíllo destacó que este periodo ha estado marcado por un escenario complejo, caracterizado por la preocupación ante la "ofensiva autoritaria y reaccionaria" que se manifiesta tanto en España como a nivel global.
El líder de IU subrayó que su partido ha logrado aportar “un punto de sensatez y sentido común” dentro de la izquierda alternativa. Afirmó su compromiso por continuar promoviendo una profundización democrática y defendiendo la paz como un “derecho síntesis” esencial para abordar otros desafíos.
Maíllo también enfatizó la necesidad de priorizar el acceso a la vivienda, considerándolo un aspecto fundamental para el futuro político del país. “Sin este derecho, es difícil afrontar otros retos exitosos”, aseguró.
A lo largo del año, IU ha trabajado en construir un 'frente amplio', utilizando métodos democráticos para generar esperanza entre las clases trabajadoras. El coordinador expresó su satisfacción por haber revitalizado la conexión entre la organización y la sociedad, destacando los encuentros realizados en todo el país con ciudadanos interesados en participar en proyectos comunes.
Entre las iniciativas más relevantes del último año, Maíllo mencionó el lanzamiento de la ‘Convocatoria por la Democracia’, que busca responder a las preocupaciones ciudadanas sobre los avances autoritarios. Este esfuerzo ha sido fundamental para conectar a IU con una ciudadanía cada vez más activa.
Asimismo, resaltó un debate interno estratégico sobre alianzas que recibió un amplio respaldo y que establece las bases para seguir configurando un 'frente amplio'. Este documento aprobado busca garantizar una alternativa profundamente democrática frente a las tendencias reaccionarias actuales.
El coordinador también hizo hincapié en la intervención social llevada a cabo por los militantes de IU en numerosos conflictos sociales, desde luchas sindicales hasta manifestaciones en defensa de servicios públicos esenciales como la sanidad. Ejemplos concretos incluyen acciones contra el desmantelamiento del sistema sanitario en comunidades como Madrid y Andalucía.
Finalmente, Maíllo anunció que se está trabajando en un documento alternativo sobre seguridad y defensa, fruto de 39 años de desarrollo programático dentro de IU. Este esfuerzo estará acompañado por campañas enfocadas en promover la paz, que comenzarán a implementarse en los próximos días.
Antonio Maíllo ha hecho una “valoración positiva” del trabajo conjunto en estos 12 meses, destacando que han aportado un punto de sensatez y sentido común dentro de la izquierda alternativa.
Maíllo ha señalado que la vivienda será una prioridad política para 2025, afirmando que sin este derecho es difícil afrontar otros retos exitosos en el ámbito legislativo y gubernamental.
Entre las iniciativas destacan la 'Convocatoria por la Democracia', un debate interno sobre alianzas y una clara intervención social en conflictos que afectan a la mayoría social.
IU busca construir un 'frente amplio' mediante métodos democráticos y principios programáticos, con el objetivo de garantizar una alternativa democrática frente a la ofensiva reaccionaria.
IU ha participado activamente en acciones de defensa de la Sanidad Pública frente a su desmantelamiento en comunidades como Madrid o Andalucía, así como en movilizaciones relacionadas con derechos medioambientales.