Las organizaciones ecologistas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife han presentado un recurso de alzada ante la Junta de Andalucía contra la autorización de la mina de Aznalcóllar. Este proyecto, que incluye el vertido de aguas contaminadas al estuario del Guadalquivir, plantea serios riesgos ambientales y legales. Las organizaciones denuncian irregularidades en el procedimiento y falta de evaluación adecuada sobre los impactos en ecosistemas protegidos como Doñana. La mina, que fue responsable de un gran desastre ambiental en 1998, podría comprometer aún más la biodiversidad del área. Se solicitan revisiones exhaustivas del expediente y garantías para proteger el medio ambiente.
Las organizaciones ecologistas han interpuesto un recurso de alzada ante la Junta de Andalucía en oposición a la autorización del proyecto de explotación minera en Aznalcóllar. Este recurso, presentado por Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife, se basa en una serie de irregularidades legales y ambientales que, según los denunciantes, invalidan el procedimiento.
La autorización en cuestión se sustenta en una Autorización Ambiental Unificada (AAU) que adolece de nulidad debido a fallos en el proceso y falta de participación pública. El proyecto contempla el vertido de 17,5 Hm³ al estuario del Guadalquivir durante la fase inicial y 4 Hm³ anuales durante un período de 17 años. Las aguas que se verterán contienen metales pesados y otros contaminantes que amenazan gravemente el ecosistema local.
El contexto histórico del área no es menos preocupante. En 1998, la mina de Aznalcóllar fue escenario de uno de los peores desastres ambientales en España, cuando una rotura en la balsa de residuos provocó un vertido tóxico que devastó el corredor del Guadiamar y puso en peligro el ecosistema de Doñana. Las organizaciones ecologistas argumentan que este antecedente debería ser suficiente para exigir un enfoque cauteloso y riguroso ante cualquier nueva actividad minera.
Entre las principales objeciones al proyecto destacan:
El recurso incluye cuatro informes elaborados por investigadores de diversas universidades andaluzas. Uno de estos informes, fechado el 22 de junio de 2025, examina episodios recientes de contaminación provenientes del recinto minero hacia el río Agrio, lo que genera dudas sobre el control ambiental antes incluso del inicio operativo del proyecto.
Las organizaciones subrayan que el estuario del Guadalquivir es un sistema ecológico frágil con alta biodiversidad. Estudios previos ya han señalado su estado contaminado por metales pesados y condiciones físico-químicas propicias para la acumulación de contaminantes. Por lo tanto, insisten en que cualquier nuevo vertido debe ser evaluado con el máximo rigor y transparencia, siguiendo el principio precautorio.
Doñana es uno de los espacios protegidos más emblemáticos no solo en España sino también a nivel mundial, reconocido como Parque Nacional, Patrimonio Mundial por la UNESCO y Reserva de la Biosfera. Cualquier alteración en la calidad o cantidad del agua del estuario puede tener repercusiones significativas para este ecosistema vital.
El proyectado vertido implica tratar aguas con altas concentraciones de contaminantes, lo cual podría alterar los flujos hídricos e infringir la Ley del Parque Nacional de Doñana (Ley 91/1978), dado que no se ha emitido el informe preceptivo requerido por el Consejo de Participación. Tanto UNESCO como Ramsar han expresado su preocupación respecto al impacto potencial del proyecto sobre Doñana y su entorno.
El proyecto se sitúa cerca de múltiples espacios dentro de la Red Natura 2000 e impacta áreas críticas para especies amenazadas como el sisón común o el aguilucho cenizo. La conducción prevista para los vertidos atraviesa zonas relevantes para el lince ibérico y diversas aves esteparias sin una evaluación adecuada sobre los impactos acumulativos o indirectos.
A pesar del tratamiento previsto para los vertidos, estos seguirán conteniendo concentraciones significativas de metales pesados como cadmio, mercurio y plomo. Esto plantea riesgos serios para toda la cadena trófica local, afectando a peces, aves acuáticas y otros vertebrados valiosos desde un punto ecológico.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 17,5 Hm³ | Volumen de agua a verter al estuario del Guadalquivir en la fase inicial. |
| 4 Hm³ | Volumen de agua a verter anualmente durante 17 años. |
| 1998 | Año en que ocurrió uno de los mayores desastres ambientales en España relacionado con la mina. |
| 22 de junio de 2025 | Fecha del último informe técnico-científico presentado por las organizaciones. |
Las organizaciones que han presentado el recurso son Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife.
Los principales motivos incluyen la ausencia de una concesión minera válida, el incumplimiento de procedimientos esenciales de evaluación ambiental, la falta de evaluación adecuada del vertido al estuario del Guadalquivir, y el impacto sobre las masas de agua y ecosistemas protegidos.
El proyecto podría afectar la calidad y cantidad de aguas del estuario del Guadalquivir, lo que a su vez puede impactar negativamente en el Parque Nacional de Doñana y su biodiversidad.
Se prevé verter aguas que contienen metales pesados y otros contaminantes al estuario del Guadalquivir.
En 1998, la rotura de una balsa de residuos generó un vertido tóxico que arrasó el corredor del Guadiamar y amenazó el ecosistema de Doñana, siendo uno de los mayores desastres ambientales en España desde la transición democrática.
Se han aportado cuatro informes técnico-científicos elaborados por personal investigador de diversas universidades andaluzas que analizan episodios recientes de contaminación asociados a la actividad minera.