Activismo

Arcópoli ha anunciado un cambio significativo en la gestión del Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia, que ahora será completamente independiente. Esta decisión responde a presiones de la administración para censurar informes críticos sobre el contexto legislativo y político relacionado con la violencia hacia el colectivo LGTBI+. Con esta independencia, el Observatorio se enfocará en un análisis profundo de los incidentes de odio, asegurando que las estadísticas incluyan el contexto necesario para entender la situación. Además, se implementará el Proyecto “Madrid Sin Odio” para ofrecer atención psicológica y asesoría jurídica a las víctimas. Arcópoli reafirma su compromiso de ser una entidad crítica frente al poder en defensa de los derechos LGTBI+.

La noticia destaca la solidaridad con el pueblo venezolano en respuesta a la agresión militar de Estados Unidos, que se considera al margen del Derecho Internacional. Se menciona la importancia de proteger los derechos y la soberanía del país sudamericano frente a acciones externas. El contenido también aborda el uso de tecnologías para mejorar la experiencia del usuario en línea, enfatizando la necesidad de consentimiento para el procesamiento de datos. La publicación se enmarca en categorías como Activismo y Ecología, reflejando un compromiso con causas sociales relevantes.

La Federación Estatal LGTBI+ ha instado a la Unión Europea a fomentar la educación en diversidad para combatir el creciente fenómeno antiderechos entre la juventud. Durante la jornada "40 años de España en la UE: De la adhesión a la igualdad en derechos LGTBI+", Óscar Rodríguez, vocal de Relaciones Exteriores de la federación, destacó la necesidad urgente de políticas que conecten con las inquietudes de los jóvenes. Los estudios recientes indican un aumento de actitudes LGTBIfóbicas y antidemocráticas, lo que subraya la importancia de educar y legislar proactivamente. La jornada también abordó los avances y desafíos en el reconocimiento de derechos LGTBI+ desde el ingreso de España en la UE, enfatizando que defender estos derechos es crucial para el estado de salud democrática del continente.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha elogiado a María Corina Machado tras recibir el Premio Nobel de la Paz, destacando que su reconocimiento encarna las aspiraciones del pueblo venezolano por elecciones libres, derechos civiles y el respeto al Estado de derecho. Machado, activista y figura opositora que vive en la clandestinidad, agradeció este honor como un logro colectivo. La ONU también ha documentado graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, incluyendo detenciones arbitrarias de opositores políticos. La Oficina reafirmó su compromiso de proteger los derechos humanos en el país y mantener un diálogo con el gobierno venezolano.

Greenpeace ha llevado a cabo movilizaciones en más de 20 ciudades para exigir un modelo de transporte público que priorice a las personas. En el marco del Día Mundial Sin Coches, la organización ecologista presentó su propuesta de Garantía de Movilidad, que busca garantizar un transporte justo, seguro y sostenible, reduciendo la dependencia del coche privado. Las actividades incluyeron la colocación de carteles en autobuses y marquesinas informativas, con el objetivo de dialogar sobre las necesidades de la ciudadanía y denunciar las deficiencias del transporte público. Greenpeace destaca que el sector del transporte genera el 32% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, subrayando la importancia de un sistema de transporte eficiente para alcanzar los objetivos climáticos.

Las organizaciones ecologistas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife han presentado un recurso de alzada ante la Junta de Andalucía contra la autorización de la mina de Aznalcóllar. Este proyecto, que incluye el vertido de aguas contaminadas al estuario del Guadalquivir, plantea serios riesgos ambientales y legales. Las organizaciones denuncian irregularidades en el procedimiento y falta de evaluación adecuada sobre los impactos en ecosistemas protegidos como Doñana. La mina, que fue responsable de un gran desastre ambiental en 1998, podría comprometer aún más la biodiversidad del área. Se solicitan revisiones exhaustivas del expediente y garantías para proteger el medio ambiente.

Greenpeace Nordic expresa su profunda preocupación por las amenazas y la hostilidad del presidente Donald Trump hacia Groenlandia. La organización defiende el derecho del pueblo groenlandés a determinar su futuro sin coerción ni violencia, criticando las erróneas preocupaciones de seguridad internacional del régimen de Trump. Además, llama a la comunidad internacional a actuar para proteger el derecho internacional y evitar más daños, recordando la reciente intervención militar en Venezuela.

De un tiempo a esta parte, en distintos espacios políticos, sindicales y asociativos de distinta índole, se repite, con cierta intensidad y preocupación, la pregunta “¿dónde está la juventud?”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto acabar con el cambio estacional de horario a partir de 2026. María Prado, Responsable de Campañas de Greenpeace, ha celebrado esta iniciativa, destacando la importancia de reabrir el debate sobre el cambio de hora. Según Prado, este tema no solo afecta al bienestar social y la salud, sino que también es crucial para la eficiencia energética y el ahorro. Aboga por un consumo energético alineado con las horas de producción de energías renovables en España, lo que podría reducir la dependencia de fuentes contaminantes como el gas importado y la energía nuclear. La gestión adecuada de la demanda es esencial para avanzar hacia un sistema energético 100% renovable y eficiente.

Greenpeace ha celebrado la reciente modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de Carboneras, que declara el paraje de El Algarrobico como no urbanizable. Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, permite avanzar hacia la demolición del controvertido edificio ilegal ubicado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, a solo 14 metros del mar. Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía, destacó que aunque esta acción llega con 16 años de retraso, representa un paso significativo hacia la eliminación de un símbolo de la destrucción costera. La organización ha estado luchando legalmente durante dos décadas para lograr la desaparición de esta construcción.

Las provincias de León y Zamora enfrentan una semana trágica marcada por incendios forestales de gran magnitud, exacerbados por condiciones climáticas adversas y una gestión inadecuada. Ecologistas en Acción critica la falta de inversión en operativos de extinción, que son los más precarios de España, y exige la dimisión del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones. La organización llama a un cambio radical en la gestión forestal, promoviendo estrategias sostenibles que incluyan el mantenimiento de paisajes en mosaico y la protección de recursos vitales del mundo rural. La situación actual recuerda a los devastadores incendios pasados, destacando la necesidad urgente de políticas efectivas para prevenir futuros desastres ambientales.

Greenpeace ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que el Ayuntamiento de Carboneras ha presentado información que podría facilitar la legalización de la licencia de obras del hotel Algarrobico. A pesar de una sentencia judicial que obliga a revisar dicha licencia, el consistorio ha utilizado un plano que clasifica la zona como urbanizable, a pesar de que múltiples procedimientos judiciales han declarado nula esta clasificación. Greenpeace considera que esta acción es un intento del ayuntamiento por eludir el cumplimiento de las sentencias y se ha personado en el expediente para supervisar el proceso y asegurar que se respeten las decisiones judiciales previas.

La turistificación se ha convertido en un fenómeno preocupante en los últimos años, generando movilizaciones contra la masificación de destinos turísticos. Este modelo de turismo desmedido impacta negativamente tanto a los ecosistemas como a las comunidades locales, que ven cómo sus espacios y servicios se transforman para atender a los visitantes. La presión turística provoca el cierre de negocios tradicionales y la precarización del empleo, afectando especialmente a mujeres, migrantes y jóvenes. Además, el turismo contribuye al cambio climático y agrava la crisis de vivienda al convertir propiedades en alojamientos turísticos. A pesar de las críticas y protestas, la industria turística responde con medidas superficiales que no abordan las causas del problema. Es esencial promover un turismo sostenible que respete a las comunidades y fomente un desarrollo equitativo.