Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha presentado un ambicioso Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción en el Congreso de los Diputados. Este anuncio surge en medio de un escándalo que involucra a altos miembros del Partido Socialista Obrero Español. El plan, desarrollado con la OCDE, incluye 15 medidas organizadas en cinco ejes, destacando la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública para prevenir y supervisar prácticas corruptas. Se busca también proteger a los denunciantes y endurecer las sanciones por delitos relacionados con la corrupción. Además, se implementarán mecanismos para recuperar bienes robados y fomentar una cultura de integridad en las administraciones públicas. Sánchez ha enfatizado su compromiso con la transparencia y la responsabilidad política ante la ciudadanía.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado en el Congreso de los Diputados un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, en respuesta a un escándalo que involucra a los dos últimos secretarios de organización del Partido Socialista Obrero Español. Durante su intervención, Sánchez se disculpó ante la ciudadanía y asumió parte de la responsabilidad por los hechos ocurridos.
Sánchez enfatizó que “el culpable de los delitos es quien los comete”, pero también reconoció su papel como líder político: “Yo, como persona que los nombró, tengo parte de responsabilidad y la asumo”. Aseguró que no se rendirá en su compromiso por una política transparente y honesta.
El plan, descrito por el presidente como “ambicioso, realista y honesto”, ha sido elaborado con el apoyo del Departamento de Anticorrupción, Integridad y Gobierno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este se estructura en cinco ejes que abarcan un total de 15 medidas concretas.
El primer eje del plan se centra en la prevención de delitos y el fortalecimiento de controles relacionados con la corrupción. Una de las propuestas más destacadas es la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, encargada de supervisar y perseguir prácticas corruptas.
Además, se extenderá la metodología utilizada para prevenir el fraude en la adjudicación de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a toda la Administración del Estado. Se incorporarán aplicaciones de inteligencia artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público para detectar posibles indicios de corrupción.
También se requerirán sistemas de control anticorrupción para las empresas que deseen contratar con las Administraciones Públicas. Asimismo, se intensificarán los controles sobre los partidos políticos para asegurar que gestionen recursos públicos con altos estándares de transparencia e integridad.
El segundo eje aborda la protección a quienes denuncian casos potenciales de corrupción. “En una democracia madura no se castiga a quien denuncia. Se le escucha, protege y respalda”, afirmó Sánchez. Para ello, se propone modificar la Ley 2/2023 sobre protección a informantes, asegurando garantías plenas a quienes acudan directamente a denunciar actos corruptos ante autoridades competentes.
Las empresas deberán establecer canales internos para denuncias, mientras que todas las Administraciones Públicas estarán obligadas a integrar estos mecanismos en un sistema general de integridad institucional. El tercer eje del plan incluye medidas para fortalecer las capacidades estatales en investigación y sanción ante casos corruptos.
Entre estas medidas destaca la creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de nuevos tribunales. Además, se endurecerán las penas por delitos relacionados con este ámbito y se duplicarán los plazos de prescripción. Las multas impuestas a empresas condenadas por corrupción serán calculadas según sus ingresos anuales, y se establecerá una “lista negra” para impedir que estas continúen contratando con el Estado.
Los últimos ejes del plan están dedicados a recuperar bienes sustraídos mediante actos corruptos y fomentar una cultura integral dentro del sector público. Para lograrlo, se ampliarán recursos en la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y se introducirá el decomiso administrativo o preventivo sin necesidad previa de condena judicial.
Sánchez destacó que es fundamental generar una verdadera cultura integradora mediante estudios demoscópicos, campañas educativas y formación continua para empleados públicos. Finalmente, el presidente anunció un sistema evaluativo que medirá los avances del plan a los 12 y 24 meses tras su implementación.
"Vamos a superar la crisis de la corrupción con hechos", concluyó Sánchez, reafirmando su compromiso con reformas estructurales destinadas a fortalecer tanto nuestra democracia como nuestras instituciones frente a intereses corruptos.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 50,000 euros | Umbral para auditorías externas e independientes para partidos y sus fundaciones con financiación pública. |
| 2,500 euros | Nuevo umbral de publicación de donaciones a partidos políticos. |
| 12 meses | Plazo para el primer informe de seguimiento de las medidas del plan. |
| 24 meses | Plazo para el segundo informe de seguimiento de las medidas del plan. |
Pedro Sánchez anunció el lanzamiento de un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, en respuesta a un caso de corrupción que involucra a los dos últimos secretarios de organización del Partido Socialista Obrero Español.
El plan tiene como objetivo prevenir delitos, fortalecer controles en materia de corrupción, proteger a denunciantes y recuperar bienes robados, entre otros.
Incluye la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, la extensión de metodologías de prevención del fraude y la introducción de inteligencia artificial en la contratación pública.
Se propone garantizar confidencialidad y protección legal a quienes denuncien actos de corrupción y obligar a las empresas y Administraciones Públicas a tener canales internos de denuncia.
Se endurecerán las penas por delitos contra la Administración Pública, se duplicarán los plazos de prescripción y se aumentarán las multas a empresas corruptoras.
Se implementará un sistema de evaluación que reportará avances a los 12 y 24 meses tras la activación del plan.