El Ministerio de Consumo, junto a Bélgica, Países Bajos y Noruega, ha lanzado una iniciativa para que 21 aerolíneas europeas modifiquen su publicidad medioambiental engañosa. Esta acción busca combatir el "greenwashing" y garantizar que las aerolíneas proporcionen información clara sobre sus emisiones de CO2. Las compañías afectadas deberán evitar afirmaciones engañosas, justificar el uso de combustibles sostenibles y ser transparentes en sus declaraciones ambientales. La supervisión se extenderá a todas las aerolíneas con vuelos en la UE, promoviendo la transparencia y el cumplimiento normativo en sus prácticas comerciales.
España ha desarrollado una innovadora especificación UNE para medir la sostenibilidad de la Inteligencia Artificial, impulsada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Asociación Española de Normalización. Esta norma busca establecer un marco común para evaluar el consumo energético, la huella de carbono y otros impactos ambientales de los sistemas de IA, especialmente en modelos generativos y grandes modelos de lenguaje. Con la participación de más de 40 expertos del sector, esta iniciativa forma parte del Programa Nacional de Algoritmos Verdes y responde al compromiso del Gobierno español con una IA responsable y sostenible. Además, se alinea con las directrices europeas sobre el consumo energético en IA, posicionando a España como líder en estandarización internacional en sostenibilidad tecnológica.
El Gobierno de España ha aprobado el Cuarto Plan de Igualdad de Género de la Administración General del Estado, que incluye seis ejes, 20 objetivos y 45 medidas concretas para promover la igualdad entre hombres y mujeres. Este plan, impulsado por el ministro Óscar López, busca abordar la brecha de género y reforzar protocolos contra el acoso sexual en el ámbito administrativo. Además, se ha presentado el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta, que promueve la transparencia y la participación ciudadana. La ministra Diana Morant también anunció un Real Decreto para mejorar los criterios de creación y autorización de universidades, enfatizando la necesidad de aumentar la financiación pública para asegurar la calidad educativa.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido una reunión de la Comisión Interministerial para abordar medidas urgentes en las zonas afectadas por la DANA. Durante el encuentro, se presentó un visor web que permitirá a los ciudadanos acceder a información en tiempo real sobre la reconstrucción en sus municipios. Esta herramienta facilitará conocer las inversiones y las actuaciones de infraestructura realizadas por el Gobierno de España, que ha movilizado 16.600 millones de euros para este fin. Hasta ahora, se han procesado más del 73% de las solicitudes registradas para ayudas.
El Gobierno español ha enviado al Congreso el Proyecto de Ley de Información Clasificada, que reemplaza a la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta nueva normativa, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, busca equilibrar la clasificación de información sensible con el derecho a la transparencia y acceso a la información. La ley introduce plazos claros para la desclasificación automática, estableciendo categorías como "Alto Secreto", "Secreto", "Confidencial" y "Restringido", con límites temporales específicos. También se crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada y se implementa un régimen sancionador más proporcional. Con esta iniciativa, España se alinea con las legislaciones avanzadas de la UE y OTAN en materia de información clasificada.
Greenpeace ha exigido que el Reglamento de la UE sobre deforestación (EUDR) se implemente según lo previsto el 30 de diciembre de 2025, tras la aprobación de una moción en el Parlamento Europeo que busca derogar un reglamento clave para la evaluación comparativa de países. La organización advierte que cualquier retraso en la aplicación del EUDR tendría graves consecuencias para la protección de los bosques y la credibilidad de las políticas ambientales europeas. Greenpeace critica además la propuesta de introducir una categoría de "riesgo insignificante", que podría facilitar el blanqueo de productos insostenibles. La transparencia y trazabilidad en las cadenas de suministro son esenciales para combatir la deforestación.
Toni Valero, diputado de Izquierda Unida, ha presentado en el Congreso una iniciativa para crear un "registro público de alquiler" que busque aumentar la transparencia en el mercado del alquiler residencial en España. Esta propuesta tiene como objetivo recopilar información actualizada sobre los contratos de arrendamiento y monitorizar la evolución de la oferta. Valero denuncia la crisis habitacional que afecta a muchas ciudades y critica la falta de acción del Partido Popular en materia de vivienda. La iniciativa también incluye medidas para identificar viviendas vacías mediante el cruce de datos con el Catastro Inmobiliario. Se espera que este registro ayude a desarrollar políticas públicas efectivas para facilitar el acceso a la vivienda.
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El Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha publicado una nueva Orden de bases que establece las regulaciones para conceder subvenciones a proyectos destinados a combatir la despoblación y transformar el territorio. Esta normativa, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 3 de octubre de 2025, actualiza las reglas anteriores y busca mejorar la claridad y flexibilidad en la gestión de ayudas. Se define con mayor precisión los beneficiarios, costes subvencionables y se implementa un procedimiento más eficiente mediante concurrencia competitiva. Los proyectos podrán abarcar municipios con menos de 20,000 habitantes y se priorizarán iniciativas que fomenten el desarrollo local. Desde 2022, MITECO ha recibido solicitudes para más de 3,000 proyectos, beneficiando a más de 600 entidades.
España se ha adherido a la Carta Internacional de Datos Abiertos, una iniciativa global que busca mejorar la transparencia y la participación ciudadana mediante la apertura de datos públicos. El anuncio fue realizado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la clausura de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en Vitoria. Esta carta, respaldada por más de 250 gobiernos y organizaciones, promueve el acceso libre a datos para fomentar soluciones innovadoras en los servicios públicos y el desarrollo económico inclusivo. Además, España ha reafirmado su compromiso con los principios del Gobierno Abierto y ha presentado su quinto Plan de Gobierno Abierto, que establece una hoja de ruta para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en las administraciones públicas.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presentó en Alaquàs un visor web destinado a los municipios afectados por la DANA. Esta herramienta permitirá a los ciudadanos conocer las inversiones y acciones del Gobierno de España en las zonas dañadas. Torres destacó que el Gobierno ha movilizado 16.600 millones de euros para ayudas y reconstrucción, de los cuales ya se han abonado 6.345 millones. El visor ofrece datos desglosados por municipio, destacando a Paiporta, Catarroja y Algemesí como los más beneficiados. Además, se activaron 1.745 millones de euros para la reconstrucción de infraestructuras municipales, siendo esta la primera vez que se financia el 100% de estas obras tras una catástrofe natural.
Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado, ha defendido la gestión del Gobierno de España ante los recientes incendios forestales, destacando su transparencia y disposición para enfrentar crisis. Criticó al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, por no comparecer sobre su gestión en materia de incendios y por evitar comisiones de investigación. Espadas instó al PP a reflexionar sobre la necesidad de un gran acuerdo en cambio climático y a adoptar una postura cooperativa en lugar de confrontativa. Subrayó que la adaptación y prevención ante emergencias climáticas requieren un consenso político que trascienda la disputa partidaria.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha presentado un ambicioso Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción en el Congreso de los Diputados. Este anuncio surge en medio de un escándalo que involucra a altos miembros del Partido Socialista Obrero Español. El plan, desarrollado con la OCDE, incluye 15 medidas organizadas en cinco ejes, destacando la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública para prevenir y supervisar prácticas corruptas. Se busca también proteger a los denunciantes y endurecer las sanciones por delitos relacionados con la corrupción. Además, se implementarán mecanismos para recuperar bienes robados y fomentar una cultura de integridad en las administraciones públicas. Sánchez ha enfatizado su compromiso con la transparencia y la responsabilidad política ante la ciudadanía.
El Gobierno Vasco y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, han acordado colaborar para aumentar la transparencia en los datos relacionados con la vivienda y fomentar la construcción de vivienda protegida. Esta reunión marca un paso importante en el marco del Acuerdo Estatal de Vivienda 2026-2030, siendo Euskadi la primera comunidad autónoma en participar tras la reciente Conferencia de Presidentes en Barcelona. La iniciativa busca mejorar el acceso a la vivienda en la región y fortalecer las políticas urbanas.
Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha destacado el "esfuerzo sin precedentes" del Gobierno en la renovación del concierto de MUFACE durante su comparecencia en el Senado. Este proceso de licitación asegura la continuidad de la asistencia sanitaria a los mutualistas y se basa en principios de transparencia, equidad y sostenibilidad. Con una financiación adicional de 330 millones de euros, se busca ofrecer una segunda licitación más competitiva. López enfatizó que los mutualistas tienen garantizada su asistencia gracias a las medidas implementadas, y que la duración del concierto se mantiene en tres años para asegurar estabilidad.
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