El Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley que busca mejorar la transparencia, eficiencia y pluralidad en la publicidad del sector público. Esta nueva normativa, que sustituye a la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional vigente desde hace 20 años, se adapta al reglamento europeo sobre libertad de los medios de comunicación. Entre sus principales características, se establece un límite del 35% en la asignación de publicidad a un mismo medio o plataforma, garantizando así su independencia económica. Además, los medios deberán cumplir con requisitos de transparencia y hacer pública información sobre sus propietarios y fondos recibidos. La ley también regula la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en el control del gasto publicitario y prevé un informe anual detallado sobre la asignación de estos recursos.
Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, compareció ante la Comisión del Congreso para abordar los recientes accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida. Puente destacó el compromiso del Gobierno con la transparencia, asegurando que los afectados tienen derecho a conocer la verdad sobre lo sucedido. Durante su intervención, explicó las medidas adoptadas tras los accidentes, incluyendo el corte automático del suministro eléctrico en Adamuz y las investigaciones en curso para esclarecer las causas y responsabilidades. También se refirió a la situación crítica del servicio de Rodalies en Cataluña, mencionando inversiones significativas en infraestructura y renovación de trenes como parte del Plan de Rodalies 2020-2030. El ministro subrayó que más de 1.200 millones de euros han sido destinados a mejorar la red ferroviaria catalana, reafirmando el compromiso del Gobierno con la seguridad y eficiencia del transporte público.
Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha garantizado la máxima transparencia sobre el reciente accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. Durante una rueda de prensa, Puente explicó el despliegue de recursos del Ministerio desde el inicio del siniestro y destacó la importancia de evitar especulaciones sobre las causas hasta contar con conclusiones técnicas. Anunció su comparecencia ante el Congreso y reiteró el compromiso de apoyo a las víctimas y sus familias. Además, hizo un llamado a confiar en la red ferroviaria española, subrayando las inversiones realizadas para mejorar el sistema. Las autoridades de Adif y Renfe también presentaron un informe sobre las acciones tomadas antes y después del accidente, asegurando que las inspecciones recientes no detectaron fallos relacionados con el incidente.
El excomisario José Manuel Villarejo vuelve al foco mediático con dos nuevas publicaciones que prometen sacudir el debate público sobre transparencia, poder e instituciones. Estos libros — Corinna Larsen y Los líos de la Corona— invitan a adentrarse en tramas de influencias, secretos y poderosas conexiones.
El Ministerio de Consumo, junto a Bélgica, Países Bajos y Noruega, ha lanzado una iniciativa para que 21 aerolíneas europeas modifiquen su publicidad medioambiental engañosa. Esta acción busca combatir el "greenwashing" y garantizar que las aerolíneas proporcionen información clara sobre sus emisiones de CO2. Las compañías afectadas deberán evitar afirmaciones engañosas, justificar el uso de combustibles sostenibles y ser transparentes en sus declaraciones ambientales. La supervisión se extenderá a todas las aerolíneas con vuelos en la UE, promoviendo la transparencia y el cumplimiento normativo en sus prácticas comerciales.
España ha desarrollado una innovadora especificación UNE para medir la sostenibilidad de la Inteligencia Artificial, impulsada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Asociación Española de Normalización. Esta norma busca establecer un marco común para evaluar el consumo energético, la huella de carbono y otros impactos ambientales de los sistemas de IA, especialmente en modelos generativos y grandes modelos de lenguaje. Con la participación de más de 40 expertos del sector, esta iniciativa forma parte del Programa Nacional de Algoritmos Verdes y responde al compromiso del Gobierno español con una IA responsable y sostenible. Además, se alinea con las directrices europeas sobre el consumo energético en IA, posicionando a España como líder en estandarización internacional en sostenibilidad tecnológica.
El Gobierno de España ha aprobado el Cuarto Plan de Igualdad de Género de la Administración General del Estado, que incluye seis ejes, 20 objetivos y 45 medidas concretas para promover la igualdad entre hombres y mujeres. Este plan, impulsado por el ministro Óscar López, busca abordar la brecha de género y reforzar protocolos contra el acoso sexual en el ámbito administrativo. Además, se ha presentado el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta, que promueve la transparencia y la participación ciudadana. La ministra Diana Morant también anunció un Real Decreto para mejorar los criterios de creación y autorización de universidades, enfatizando la necesidad de aumentar la financiación pública para asegurar la calidad educativa.
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El Gobierno de España ha propuesto a Concepción Campos Acuña como nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tras la finalización del mandato del anterior presidente. Campos, doctora en Derecho y con más de 20 años de experiencia en la administración pública, deberá obtener el respaldo del Congreso de los Diputados para asumir el cargo. Su trayectoria incluye roles destacados en la promoción de la transparencia y la participación ciudadana, así como su actual labor como consultora y profesora asociada. El nuevo presidente del Consejo tendrá un mandato de cinco años, no renovable, y estará sujeto a un régimen de incompatibilidades.
El Congreso de los Diputados ha ratificado la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, la primera norma en España que regula estos servicios y establece estándares de calidad para proteger a los consumidores. Esta ley busca prevenir abusos como llamadas no consentidas, gastos inesperados y renovaciones automáticas sin autorización. Se aplicará a empresas que ofrezcan servicios básicos y obligará a las compañías a garantizar una atención al cliente accesible y eficaz, con plazos máximos de respuesta para reclamaciones. Además, prohíbe el uso de números de tarificación adicional y garantiza la transparencia en los costos y reseñas. La ley entrará en vigor el 27 de diciembre de 2025, con un plazo de adaptación de 12 meses para las empresas.
Pese a estar jubilado y ya retirado, el polémico comisario, José Manuel Villarejo, vuelve a estar en el foco mediático, por las noticias que a diario le señalan por las acusaciones del PSOE, como el gran perseguidor de Pedro Sánchez, por haberle investigado desde 2014. Ahora, con DOS nuevos libros, sacude el debate público, sobre la transparencia del poder y sus instituciones.
El Gobierno de España ha iniciado el proceso para seleccionar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), un organismo clave para fortalecer la vigilancia y respuesta ante amenazas sanitarias. Este procedimiento se tramitará por vía de urgencia, garantizando que la AESAP esté operativa en el menor tiempo posible. La agencia, creada tras las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19, será fundamental para coordinar crisis sanitarias y proporcionar asesoramiento técnico a las administraciones públicas. Las comunidades autónomas interesadas podrán presentar sus candidaturas siguiendo criterios de transparencia y eficiencia que serán publicados oficialmente.
El Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha publicado una nueva Orden de bases que establece las regulaciones para conceder subvenciones a proyectos destinados a combatir la despoblación y transformar el territorio. Esta normativa, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 3 de octubre de 2025, actualiza las reglas anteriores y busca mejorar la claridad y flexibilidad en la gestión de ayudas. Se define con mayor precisión los beneficiarios, costes subvencionables y se implementa un procedimiento más eficiente mediante concurrencia competitiva. Los proyectos podrán abarcar municipios con menos de 20,000 habitantes y se priorizarán iniciativas que fomenten el desarrollo local. Desde 2022, MITECO ha recibido solicitudes para más de 3,000 proyectos, beneficiando a más de 600 entidades.
España se ha adherido a la Carta Internacional de Datos Abiertos, una iniciativa global que busca mejorar la transparencia y la participación ciudadana mediante la apertura de datos públicos. El anuncio fue realizado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la clausura de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en Vitoria. Esta carta, respaldada por más de 250 gobiernos y organizaciones, promueve el acceso libre a datos para fomentar soluciones innovadoras en los servicios públicos y el desarrollo económico inclusivo. Además, España ha reafirmado su compromiso con los principios del Gobierno Abierto y ha presentado su quinto Plan de Gobierno Abierto, que establece una hoja de ruta para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en las administraciones públicas.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presentó en Alaquàs un visor web destinado a los municipios afectados por la DANA. Esta herramienta permitirá a los ciudadanos conocer las inversiones y acciones del Gobierno de España en las zonas dañadas. Torres destacó que el Gobierno ha movilizado 16.600 millones de euros para ayudas y reconstrucción, de los cuales ya se han abonado 6.345 millones. El visor ofrece datos desglosados por municipio, destacando a Paiporta, Catarroja y Algemesí como los más beneficiados. Además, se activaron 1.745 millones de euros para la reconstrucción de infraestructuras municipales, siendo esta la primera vez que se financia el 100% de estas obras tras una catástrofe natural.
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