Transparencia

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido una reunión de la Comisión Interministerial para abordar medidas urgentes en las zonas afectadas por la DANA. Durante el encuentro, se presentó un visor web que permitirá a los ciudadanos acceder a información en tiempo real sobre la reconstrucción en sus municipios. Esta herramienta facilitará conocer las inversiones y las actuaciones de infraestructura realizadas por el Gobierno de España, que ha movilizado 16.600 millones de euros para este fin. Hasta ahora, se han procesado más del 73% de las solicitudes registradas para ayudas.

El Gobierno español ha enviado al Congreso el Proyecto de Ley de Información Clasificada, que reemplaza a la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta nueva normativa, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, busca equilibrar la clasificación de información sensible con el derecho a la transparencia y acceso a la información. La ley introduce plazos claros para la desclasificación automática, estableciendo categorías como "Alto Secreto", "Secreto", "Confidencial" y "Restringido", con límites temporales específicos. También se crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada y se implementa un régimen sancionador más proporcional. Con esta iniciativa, España se alinea con las legislaciones avanzadas de la UE y OTAN en materia de información clasificada.

Greenpeace ha exigido que el Reglamento de la UE sobre deforestación (EUDR) se implemente según lo previsto el 30 de diciembre de 2025, tras la aprobación de una moción en el Parlamento Europeo que busca derogar un reglamento clave para la evaluación comparativa de países. La organización advierte que cualquier retraso en la aplicación del EUDR tendría graves consecuencias para la protección de los bosques y la credibilidad de las políticas ambientales europeas. Greenpeace critica además la propuesta de introducir una categoría de "riesgo insignificante", que podría facilitar el blanqueo de productos insostenibles. La transparencia y trazabilidad en las cadenas de suministro son esenciales para combatir la deforestación.

Toni Valero, diputado de Izquierda Unida, ha presentado en el Congreso una iniciativa para crear un "registro público de alquiler" que busque aumentar la transparencia en el mercado del alquiler residencial en España. Esta propuesta tiene como objetivo recopilar información actualizada sobre los contratos de arrendamiento y monitorizar la evolución de la oferta. Valero denuncia la crisis habitacional que afecta a muchas ciudades y critica la falta de acción del Partido Popular en materia de vivienda. La iniciativa también incluye medidas para identificar viviendas vacías mediante el cruce de datos con el Catastro Inmobiliario. Se espera que este registro ayude a desarrollar políticas públicas efectivas para facilitar el acceso a la vivienda.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha convocado por primera vez a estudiantes universitarios para participar en un debate sobre la evaluación de la actividad docente universitaria. Este proceso deliberativo, que se llevará a cabo hasta finales de febrero, busca recoger las opiniones tanto de estudiantes como de profesores para orientar futuras revisiones del programa DOCENTIA. ANECA, adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, reafirma su compromiso con la transparencia y la participación en la comunidad universitaria española.

Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado, ha defendido la gestión del Gobierno de España ante los recientes incendios forestales, destacando su transparencia y disposición para enfrentar crisis. Criticó al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, por no comparecer sobre su gestión en materia de incendios y por evitar comisiones de investigación. Espadas instó al PP a reflexionar sobre la necesidad de un gran acuerdo en cambio climático y a adoptar una postura cooperativa en lugar de confrontativa. Subrayó que la adaptación y prevención ante emergencias climáticas requieren un consenso político que trascienda la disputa partidaria.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha presentado un ambicioso Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción en el Congreso de los Diputados. Este anuncio surge en medio de un escándalo que involucra a altos miembros del Partido Socialista Obrero Español. El plan, desarrollado con la OCDE, incluye 15 medidas organizadas en cinco ejes, destacando la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública para prevenir y supervisar prácticas corruptas. Se busca también proteger a los denunciantes y endurecer las sanciones por delitos relacionados con la corrupción. Además, se implementarán mecanismos para recuperar bienes robados y fomentar una cultura de integridad en las administraciones públicas. Sánchez ha enfatizado su compromiso con la transparencia y la responsabilidad política ante la ciudadanía.

El Gobierno Vasco y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, han acordado colaborar para aumentar la transparencia en los datos relacionados con la vivienda y fomentar la construcción de vivienda protegida. Esta reunión marca un paso importante en el marco del Acuerdo Estatal de Vivienda 2026-2030, siendo Euskadi la primera comunidad autónoma en participar tras la reciente Conferencia de Presidentes en Barcelona. La iniciativa busca mejorar el acceso a la vivienda en la región y fortalecer las políticas urbanas.

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha destacado el "esfuerzo sin precedentes" del Gobierno en la renovación del concierto de MUFACE durante su comparecencia en el Senado. Este proceso de licitación asegura la continuidad de la asistencia sanitaria a los mutualistas y se basa en principios de transparencia, equidad y sostenibilidad. Con una financiación adicional de 330 millones de euros, se busca ofrecer una segunda licitación más competitiva. López enfatizó que los mutualistas tienen garantizada su asistencia gracias a las medidas implementadas, y que la duración del concierto se mantiene en tres años para asegurar estabilidad.

El Gobierno de España ha autorizado una nueva licitación del concierto sanitario de MUFACE, que proporcionará cobertura a más de 1,5 millones de funcionarios y sus familias durante los años 2025, 2026 y 2027. Este acuerdo implica un aumento del 33,5% en la prima total, que pasará de 1.032,12 euros a 1.262,28 euros por mutualista en tres años. La novedad incluye el cálculo de la prima basado en tramos de edad, lo que significa que los asegurados mayores pagarán más. El presupuesto total para la asistencia sanitaria asciende a 4.478 millones de euros, lo que representa un incremento significativo respecto al contrato vigente. La medida busca modernizar y mejorar el servicio ofrecido por MUFACE.