El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado la distribución de 68 millones de euros para ampliar la atención bucodental en 2025. Esta inversión se destinará a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, con el objetivo de reforzar los servicios públicos de salud bucodental y continuar con la ampliación de la cartera común de servicios iniciada en 2021. El plan prioriza un enfoque preventivo, incluyendo por primera vez a personas mayores de 65 años, y destina un 10% del fondo a este colectivo. Las comunidades podrán utilizar los fondos para contratar personal y mejorar infraestructuras, con un control estricto sobre su ejecución. Esta medida busca garantizar la equidad en el acceso a la salud bucodental, alineándose con las estrategias globales de salud pública.
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha dado luz verde a una significativa inversión de 68.058.000 euros destinada a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Esta medida busca impulsar la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental para el año 2025.
La decisión se enmarca dentro de una estrategia más amplia para fortalecer los servicios públicos de salud bucodental, continuando con las iniciativas que comenzaron tras la aprobación, en diciembre de 2021, de la expansión de estos servicios. Desde esa fecha, se han destinado más de 180 millones de euros para su implementación gradual.
El plan presentado tiene un enfoque claramente preventivo, priorizando a los grupos poblacionales más vulnerables. Hasta ahora, los colectivos beneficiados incluían a niños de 0 a 14 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad igual o superior al 33% y pacientes diagnosticados con cáncer en el área cervicofacial.
Una novedad importante para el ejercicio 2025 es la inclusión por primera vez de atención específica para personas mayores de 65 años, un grupo que hasta el momento contaba con escasa cobertura pública y presenta una alta prevalencia de enfermedades periodontales asociadas a condiciones crónicas. Para este segmento se ha reservado un 10% del total del fondo disponible.
El restante 90% del presupuesto se destinará a consolidar la atención a los colectivos previamente priorizados. La distribución de estos fondos se basará en datos demográficos actualizados del INE, así como en incidencias clínicas y prevalencia de discapacidad.
Las comunidades autónomas tendrán la posibilidad de utilizar estos recursos para contratar personal, adquirir equipamiento, mejorar infraestructuras y cubrir otros gastos necesarios para implementar los servicios. Se establece un plazo máximo de tres años desde la transferencia efectiva de los fondos para llevar a cabo estas medidas, con un control riguroso sobre los compromisos de gasto; la primera fase deberá completarse antes del 31 de diciembre de 2025.
A través de esta iniciativa, el Gobierno español reafirma su compromiso con la equidad en el acceso a la salud bucodental, considerado un componente esencial del bienestar general y un derecho sanitario fundamental. La incorporación del colectivo mayor responde a principios de justicia sanitaria y envejecimiento activo, alineándose con la Estrategia Global sobre Salud Bucodental promovida por la OMS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 68.058.000 euros | Monto total aprobado para la atención bucodental en 2025. |
| 180 millones de euros | Total destinado desde diciembre de 2021 para la implementación progresiva de servicios bucodentales. |
| 10% | Porcentaje del fondo reservado para la atención a personas mayores de 65 años. |
| 3 años | Plazo máximo para ejecutar las medidas desde la transferencia efectiva de los fondos. |
La inversión se destina a las comunidades autónomas e INGESA para consolidar la ampliación de la cartera común de servicios bucodentales del SNS en 2025.
El plan tiene un enfoque preventivo y prioriza grupos con mayor vulnerabilidad, incluyendo a la población de 0 a 14 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad igual o superior al 33%, y personas diagnosticadas de cáncer en el territorio cervicofacial.
Por primera vez, se incluye la atención específica a las personas mayores de 65 años, quienes tienen escasa cobertura pública y alta prevalencia de enfermedades periodontales asociadas a enfermedades crónicas.
Las comunidades podrán destinar los fondos a la contratación de personal, adquisición de equipamiento, mejora de infraestructuras y otros gastos necesarios para implementar los servicios.
Las medidas deben ejecutarse en un plazo máximo de tres años desde la transferencia efectiva de los fondos, con un control estricto sobre los compromisos de gasto que deben completarse antes del 31 de diciembre de 2025.
El Gobierno refuerza su compromiso con la equidad en el acceso a la salud bucodental, alineándose con criterios de justicia sanitaria y envejecimiento activo, así como con las directrices internacionales sobre salud bucodental.