La Federación Estatal LGTBI+ ha solicitado una respuesta integral basada en derechos para garantizar la dignidad y calidad de vida de las personas que viven con VIH en España. A pesar de los avances médicos, estas personas aún enfrentan barreras que vulneran sus derechos y limitan su bienestar. La federación exige políticas públicas inclusivas que aborden no solo la salud, sino también el acompañamiento psicológico y social, así como el acceso equitativo a recursos. Además, se demanda la eliminación de la discriminación en tratamientos y seguros, la erradicación del estigma y un aumento en los recursos públicos destinados a la prevención y atención del VIH.
La Federación Estatal LGTBI+ ha lanzado un contundente llamado a la acción, recordando que, a pesar de los avances médicos en el tratamiento del VIH, las personas que viven con esta condición en España todavía enfrentan numerosas barreras que comprometen sus derechos y bienestar integral.
En su declaración, la organización exige la implementación de políticas públicas estables y inclusivas, fundamentadas en los d derechos humanos, que aborden no solo cuestiones de salud, sino también el acompañamiento psicológico, social y comunitario. Además, enfatizan la necesidad de garantizar igualdad en el acceso a recursos y prestaciones.
Las exigencias incluyen la eliminación de cualquier forma de discriminación en prevención, tratamientos y servicios relacionados con el VIH. La Federación subraya que es esencial erradicar el estigma asociado a esta enfermedad y asegurar recursos públicos suficientes que respalden la salud y dignidad de quienes conviven con el virus.
Con motivo del Día Mundial del Sida, Paula Iglesias, presidenta de la Federación, ha manifestado su preocupación por las barreras administrativas existentes. “No es admisible que en pleno 2025 sigamos constatando obstáculos que limitan el acceso a derechos básicos”, afirmó. Según Iglesias, “la respuesta debe basarse en derechos humanos, no en circunstancias o arbitrariedades territoriales”.
Javier Sotomayor, coordinador del grupo de VIH de la Federación, destacó que muchas personas con VIH desde hace décadas enfrentan problemas de salud mental y soledad. “Necesitamos políticas públicas que integren acompañamiento psicológico y social para garantizar su bienestar integral”, añadió Sotomayor.
Manel Mora, también coordinador del grupo de VIH, abordó los retos específicos que enfrenta el envejecimiento de estas personas. Señaló que muchos mayores encuentran dificultades para obtener un reconocimiento adecuado de discapacidad debido a criterios desactualizados. “Es imprescindible implementar políticas públicas sostenidas que aseguren evaluaciones justas y apoyos adaptados”, concluyó Mora.
La Federación insiste en la necesidad urgente de eliminar las barreras persistentes en el acceso a la PrEP, especialmente aquellas que afectan a mujeres y migrantes sin regularización administrativa. Estas restricciones ponen en riesgo la eficacia de las estrategias preventivas. Por lo tanto, demandan un acceso universal a la PrEP sin discriminación.
A su vez, la organización señala la importancia de actualizar los criterios relacionados con la discapacidad para reflejar adecuadamente las realidades asociadas al VIH. Este ajuste es crucial para facilitar el acceso a derechos esenciales.
Asimismo, se denuncia la discriminación en el acceso a seguros de vida y productos financieros. La Federación argumenta que no hay justificación médica ni legal para estas prácticas discriminatorias y demanda un marco regulador sólido que proteja efectivamente a las personas afectadas por el VIH.
La implementación del Pacto Social contra el Estigma sigue siendo desigual e insuficiente en diversas regiones. Por ello, instan a las administraciones públicas a garantizar su aplicación efectiva y homogénea mientras refuerzan acciones educativas para erradicar el estigma.
Finalmente, reclaman un aumento significativo en los recursos públicos destinados a prevención y diagnóstico precoz. Las entidades sociales han sido fundamentales en la respuesta al VIH; su labor es vital para mantener la igualdad y salud pública.
Iglesias enfatiza: “Es necesario continuar apoyando a estas entidades con fondos suficientes” y reconocerlas como actores clave en la promoción de derechos y erradicación del estigma. “La defensa de los derechos no puede depender de debates coyunturales; España debe avanzar hacia un modelo donde nadie enfrente barreras por su estado serológico”, concluyó.
La Federación Estatal LGTBI+ reclama una respuesta basada en derechos humanos que garantice dignidad, calidad de vida y el fin del estigma para las personas con VIH. Exigen políticas públicas estables e inclusivas que aborden no solo la salud, sino también el acompañamiento psicológico, social y comunitario.
A pesar de los avances médicos, las personas que viven con VIH siguen enfrentando barreras administrativas, discriminación en el acceso a derechos básicos y ausencia de recursos específicos. Esto limita su bienestar integral y su calidad de vida.
Se proponen eliminar barreras en el acceso a la PrEP, actualizar criterios de discapacidad, erradicar la discriminación en seguros y productos financieros, y reforzar los recursos públicos destinados a prevención y atención. También se exige una aplicación efectiva del Pacto Social contra el Estigma.
Es fundamental porque muchas personas con VIH enfrentan problemas de salud mental, soledad y dificultades sociales que no se solucionan únicamente desde un enfoque médico. Se necesita un enfoque integral que incluya apoyo psicológico, social y comunitario para garantizar su bienestar.
Las entidades sociales son consideradas pilares fundamentales en la respuesta frente al VIH. Su labor es indispensable para sostener la igualdad y la salud pública, por lo que deben recibir fondos suficientes y ser reconocidas como agentes clave en la atención y promoción de los derechos de las personas con VIH.