politicas publicas

Izquierda Unida, en colaboración con Movimiento Sumar, ha presentado una proposición de ley en el Congreso para establecer un Impuesto a las Grandes Herencias y Donaciones que supere el millón de euros. Este nuevo gravamen se enfocará en los grandes patrimonios, excluyendo herencias ordinarias, y busca mitigar el 'dumping fiscal' entre comunidades autónomas, especialmente en regiones como Madrid donde se aplican bonificaciones a favor de los más ricos. La recaudación del impuesto se destinaría a políticas públicas para apoyar a las personas más vulnerables. La iniciativa también propone deducciones para evitar la doble imposición y garantizar una justicia tributaria equitativa.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han firmado un protocolo para mejorar el análisis del mercado de la vivienda en España. Este acuerdo permitirá compartir herramientas, datos y capacidades de investigación, enfocándose en las relaciones comerciales en la intermediación del alquiler y la compraventa. La colaboración comenzará con la Serie de Vivienda, Consumo y Desigualdad, que incluirá estudios sobre el impacto social y económico del mercado inmobiliario. El protocolo tiene una vigencia inicial de un año y busca fortalecer la capacidad pública para evaluar políticas relacionadas con el acceso a la vivienda, un tema de creciente preocupación social.

El Consejo de Ministros de España ha aprobado la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, un órgano interministerial que se reunirá al menos dos veces al año. Este nuevo organismo tiene como objetivo mejorar la coordinación y el seguimiento de las políticas públicas en torno a la prevención del suicidio, un problema creciente en el país, donde se registraron 3.953 muertes por esta causa en 2024. La iniciativa forma parte del Plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027, que cuenta con una financiación específica de 17,83 millones de euros. El Observatorio centralizará información de diversos ámbitos y promoverá investigaciones y sensibilización sobre el fenómeno del suicidio, buscando ofrecer una respuesta integral y eficaz a este desafío de salud pública.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, destacó la importancia de contar con "datos fiables" en el ámbito de la vivienda durante su intervención en el Consejo Económico y Social (CES). Subrayó que la falta de medición y registro ha contribuido a las crisis recurrentes en este sector. Rodríguez afirmó que el Gobierno está comprometido a garantizar el derecho a una vivienda digna, apoyándose en la primera Ley de Vivienda de la democracia aprobada desde 2018. Además, solicitó un informe al CES para analizar el impacto económico y social de las políticas de vivienda, enfatizando la necesidad de un análisis riguroso para alcanzar acuerdos efectivos.

La Federación Estatal LGTBI+ ha solicitado una respuesta integral basada en derechos para garantizar la dignidad y calidad de vida de las personas que viven con VIH en España. A pesar de los avances médicos, estas personas aún enfrentan barreras que vulneran sus derechos y limitan su bienestar. La federación exige políticas públicas inclusivas que aborden no solo la salud, sino también el acompañamiento psicológico y social, así como el acceso equitativo a recursos. Además, se demanda la eliminación de la discriminación en tratamientos y seguros, la erradicación del estigma y un aumento en los recursos públicos destinados a la prevención y atención del VIH.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado la importancia de dar voz a la infancia en las políticas públicas y ha reivindicado el derecho al juego para los niños y las niñas. Durante un encuentro con Inmaculada Beta, representante en España del Proyecto Internacional "La ciudad de las niñas y los niños", se discutieron posibles colaboraciones para incorporar la perspectiva infantil en la formulación de políticas. Rego enfatizó que es vital garantizar el derecho a ser escuchados, asegurando que las ciudades respondan a las necesidades e inquietudes de los más jóvenes.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) han firmado un convenio para desarrollar un barómetro sobre la transición energética en España, que se llevará a cabo entre 2025 y 2026. Este estudio incluirá encuestas y grupos de debate para evaluar la percepción social sobre temas como las energías renovables, la movilidad eléctrica y el autoconsumo. Con un presupuesto total de 355.000 euros, los resultados del barómetro servirán para guiar nuevas políticas públicas que fomenten una transición energética justa y aprovechen el potencial renovable del país. El barómetro concluirá en noviembre de 2026, con el objetivo de mejorar el diseño de instrumentos de apoyo a la ciudadanía en este proceso transformador.

El Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto que establece y regula el Foro de Gobierno Abierto, cumpliendo así uno de los compromisos del V Plan de Gobierno Abierto 2025-2029. Este nuevo marco busca fortalecer la colaboración entre las administraciones públicas y la sociedad civil, promoviendo un diálogo estructurado y una participación activa en la creación de políticas públicas. El Foro contará con una composición paritaria de 64 vocalías, representando tanto a las administraciones como a la sociedad civil, y se espera que se constituya en un plazo máximo de tres meses. Además, se implementarán medidas para garantizar la transparencia y rendición de cuentas mediante informes anuales accesibles.

La Federación Estatal LGTBI+ ha denunciado que los discursos de odio dirigidos hacia las personas trans invisibilizan su vulnerabilidad y las discriminaciones que enfrentan, especialmente en el contexto del Día Internacional de la Visibilidad Trans. La presidenta, Paula Iglesias, subraya que casi la mitad de las personas trans están en riesgo de pobreza y destaca la importancia del nuevo protocolo de acompañamiento trans en el ámbito laboral, que busca proteger a quienes deciden hacer visible su identidad en el trabajo. Además, se hace un llamado urgente para establecer un Pacto de Estado contra los discursos de odio y garantizar los derechos de las personas trans, que aún no están plenamente reconocidos ni implementados. La situación es crítica, con muchas personas trans enfrentando violencia y precariedad en sus vidas cotidianas.

El Ministerio de Sanidad ha iniciado los trámites para un nuevo Real Decreto que busca unificar y modernizar la información sobre listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta iniciativa responde a las transformaciones en el contexto sanitario y a la necesidad de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. La nueva normativa abordará limitaciones del sistema actual, incorporando indicadores sobre tiempos de acceso en atención primaria y salud mental, así como en pruebas terapéuticas. El objetivo es facilitar una planificación más eficaz y evaluar las políticas públicas relacionadas con la atención sanitaria.

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ha reafirmado su compromiso de situar a la infancia y la juventud en el centro de las políticas públicas en España. Durante un balance de las acciones del ministerio en 2025, destacó la importancia de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente en entornos digitales. Se anunció un Proyecto de Ley Orgánica para la protección de menores en internet, que prioriza sus derechos sobre los intereses comerciales. Además, se abordaron reformas en la Ley de Extranjería para mejorar la acogida de la infancia migrante no acompañada y se anticipó una futura Ley de Juventud que busca ser un referente histórico en el país.

La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro Ceballos, ha defendido el feminismo como un pilar fundamental de la democracia en su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso. Durante su intervención, destacó los avances en igualdad entre géneros, como el aumento del salario mínimo y la reducción de la brecha salarial. También presentó iniciativas clave, incluyendo la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y proyectos legislativos para combatir la violencia vicaria y la explotación sexual. Guijarro subrayó que el reconocimiento internacional del modelo español de políticas públicas feministas reafirma que feminismo y democracia son inseparables.

Una de cada tres personas LGTBI+ en España ha tenido que sexiliarse o lo ha considerado a lo largo de su vida, según el informe ‘Estado del Odio LGTBI+: Sexilio’, elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ y la Universidad de Salamanca. Este estudio revela que el 13% del colectivo ha cambiado de residencia debido a su orientación sexual, identidad o expresión de género, mientras que un 21,5% lo ha contemplado. La falta de entornos seguros y el miedo a la violencia impulsan a muchas personas a abandonar sus hogares, siendo este desplazamiento una expulsión forzada. El informe destaca un impacto desigual en personas trans y racializadas, y señala que el sexilio es un fenómeno urbano y multicausal. Se hace un llamado urgente a implementar políticas públicas inclusivas para garantizar los derechos humanos de las personas LGTBI+ en todas las regiones de España.

El Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030, el primero en alinearse con la Ley por el derecho a la vivienda de 2023, busca garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos. Este plan representa un avance significativo en las políticas de vivienda del Gobierno español, con una inversión proyectada de 7.000 millones de euros, que triplica la del plan anterior. Sus objetivos incluyen aumentar la oferta de vivienda asequible, rehabilitar viviendas existentes, facilitar la emancipación juvenil y reducir el esfuerzo financiero de las familias para acceder a la vivienda. Además, se implementarán medidas específicas para abordar las zonas de mercado tensionado y asegurar que ningún beneficiario destine más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda. La ministra de Vivienda ha destacado este plan como un instrumento clave para una política pública eficaz en materia de vivienda.