Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, destacó la importancia de contar con "datos fiables" en el ámbito de la vivienda durante su intervención en el Consejo Económico y Social (CES). Subrayó que la falta de medición y registro ha contribuido a las crisis recurrentes en este sector. Rodríguez afirmó que el Gobierno está comprometido a garantizar el derecho a una vivienda digna, apoyándose en la primera Ley de Vivienda de la democracia aprobada desde 2018. Además, solicitó un informe al CES para analizar el impacto económico y social de las políticas de vivienda, enfatizando la necesidad de un análisis riguroso para alcanzar acuerdos efectivos.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se dirigió a los medios de comunicación antes de participar en la sesión ordinaria del Pleno del Consejo Económico y Social de España. Durante su intervención, destacó la relevancia de contar con datos fiables en el ámbito de la vivienda para asegurar la eficacia de las políticas públicas.
Rodríguez enfatizó que estos datos son fundamentales para abordar el problema habitacional: «No se puede gobernar lo que no se mide; no se puede evaluar lo que no se registra; no se puede corregir lo que no se conoce». La ministra subrayó que España ha enfrentado crisis recurrentes en este sector debido a que, a diferencia de otros derechos sociales, el derecho constitucional a la vivienda no ha sido desarrollado con la continuidad necesaria.
En este contexto, Rodríguez expresó su confianza en que, si se establecen objetivos claros y se unen esfuerzos, será posible garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos. «El Gobierno está determinado a resolver este problema tanto ahora como en el futuro», afirmó.
Desde 2018, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, el Ejecutivo ha movilizado un presupuesto récord y ha aprobado la primera Ley de Vivienda de la democracia. Esta legislación pone fin a una anomalía histórica: durante 45 años no se había desarrollado el artículo 47 de la Constitución Española.
«Con esta Ley nació hace dos años el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, lo que nos ha permitido desplegar toda la regulación necesaria y activar los recursos del Estado en defensa del derecho a la vivienda. Hemos impulsado un cambio fundamental: defender que los derechos deben ser garantizados desde lo público», concluyó Rodríguez.
Con el objetivo de lograr mayor transparencia en el sector, Rodríguez anunció que el Ministerio ha solicitado al Consejo Económico y Social un informe monográfico sobre política de vivienda y su impacto económico y social. Este documento debe ser «analítico, estructural y propositivo».
La ministra justificó esta solicitud destacando que «la vivienda exige algo que hoy escasea en el debate público: análisis riguroso, deliberación serena y conclusiones capaces de generar acuerdos». Este enfoque es esencial para encontrar soluciones efectivas al desafío habitacional en España.
Isabel Rodríguez subraya que los datos fiables son fundamentales para garantizar el éxito de las políticas públicas en materia de vivienda. Afirma que "no se puede gobernar lo que no se mide" y que estos datos permitirán evaluar y corregir problemas relacionados con la vivienda.
La ministra ha indicado que España ha enfrentado crisis recurrentes de vivienda debido a que el derecho constitucional a la vivienda no ha sido desarrollado adecuadamente hasta ahora. Cree que es posible garantizar el derecho a una vivienda digna si se establecen objetivos claros y se unen esfuerzos.
Desde 2018, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, se han movilizado presupuestos récord y se ha aprobado la primera Ley de Vivienda de la democracia, lo cual busca desarrollar el artículo 47 de la Constitución Española sobre el derecho a la vivienda.
El Ministerio ha solicitado al Consejo Económico y Social un informe monográfico sobre la política de vivienda y su impacto económico y social, buscando un análisis riguroso y propuestas concretas para mejorar la situación actual.