El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que refuerza la universalidad en el acceso a la asistencia sanitaria pública en España. Esta normativa regula el reconocimiento del derecho a la salud para personas extranjeras sin residencia legal, garantizando su acceso a atención sanitaria financiada con fondos públicos. Se establece un procedimiento simplificado mediante una declaración responsable y se facilita la acreditación de residencia. Además, se asegura atención prioritaria para colectivos vulnerables como menores, mujeres embarazadas y víctimas de violencia. El decreto también amplía derechos a españoles de origen en el exterior y mejora la equidad en el acceso a productos ortoprotésicos. Con esta medida, el Gobierno busca consolidar el principio de universalidad del Sistema Nacional de Salud, promoviendo igualdad y cohesión territorial.
El Consejo de Ministros aprueba un nuevo real decreto para la asistencia sanitaria pública
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo real decreto que regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y atención sanitaria para personas extranjeras sin residencia legal en España. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, busca garantizar el acceso universal a la sanidad pública.
La norma se enmarca dentro del artículo 3 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, que establece los principios de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Con este decreto se pretende reforzar la seguridad jurídica y asegurar una aplicación uniforme del derecho a la salud en todo el territorio nacional.
Uno de los objetivos fundamentales es establecer un procedimiento eficaz y homogéneo para reconocer el derecho a la salud de las personas extranjeras no registradas como residentes. De esta forma, se busca evitar desigualdades y mejorar el control sanitario desde la atención primaria, optimizando así el uso de recursos públicos.
Para simplificar el proceso, se implementará una declaración responsable que permitirá a los solicitantes manifestar su situación respecto a la cobertura sanitaria. Este documento incluirá garantías para que las personas con discapacidad puedan entenderlo y firmarlo adecuadamente.
La normativa también introduce medidas que facilitan la acreditación de residencia habitual en España. Aunque el empadronamiento es el documento preferido, se aceptarán otros medios probatorios como certificados escolares o facturas a nombre del solicitante.
Además, se garantiza un acceso inmediato a la asistencia sanitaria mediante un documento provisional entregado al presentar la solicitud. Este permitirá recibir atención mientras se resuelve el expediente administrativo, que debe ser notificado en un plazo máximo de tres meses.
El decreto prioriza el acceso a servicios sanitarios para grupos vulnerables independientemente de su situación administrativa. Esto incluye menores de edad y mujeres embarazadas, quienes recibirán atención integral durante su embarazo y posparto. También se reconoce explícitamente el derecho al aborto voluntario según las normativas vigentes.
Las víctimas de violencia también contarán con protecciones específicas bajo esta nueva regulación, así como aquellas personas solicitantes de protección internacional o temporal. Para aquellos en situación temporal que necesiten asistencia, se regulará un informe que certifique su vulnerabilidad.
El decreto extiende sus beneficios a españoles residentes en el extranjero durante sus visitas temporales a España, abarcando no solo a pensionistas o trabajadores sino también a sus familiares directos siempre que no cuenten con otra cobertura sanitaria.
Por último, se establecen mecanismos claros para asegurar un uso adecuado de los fondos públicos destinados a estas prestaciones. En caso de denegación de solicitudes, se procederá a facturar las atenciones recibidas si no se cumplen los requisitos establecidos.
Con esta aprobación, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial, el Gobierno reafirma su compromiso con la universalidad del Sistema Nacional de Salud, garantizando que todas las personas tengan acceso equitativo a la protección sanitaria.
El real decreto regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras sin residencia legal en España.
El objetivo principal es establecer un procedimiento homogéneo y efectivo en todo el territorio nacional para reconocer el derecho a la salud de las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes, garantizando equidad y evitando desigualdades.
El reconocimiento del derecho se realizará mediante una declaración responsable, donde la persona solicitante manifiesta que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía. Se proporcionarán medidas de apoyo para garantizar que todas las personas puedan comprender y firmar este documento.
Los colectivos que recibirán protección prioritaria incluyen menores de edad, mujeres embarazadas, víctimas de violencia, solicitantes de protección internacional y personas con discapacidad.
El decreto amplía la protección a los españoles de origen residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales a España, extendiendo este derecho a sus familiares.
Se establecen mecanismos claros de control sobre las prestaciones recibidas, incluyendo facturación en caso de resolución denegatoria y control de veracidad en las declaraciones responsables.
El real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.