Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han exigido al Gobierno español que respete el calendario de cierre acordado para la central nuclear de Almaraz, programado para 2028. Estas organizaciones argumentan que la prórroga solicitada por la central es incompatible con la política energética del gobierno y podría frenar la transición hacia energías renovables, aumentando las emisiones de CO2 y generando un sobrecoste significativo en las facturas eléctricas. Además, advierten que mantener Almaraz operativa hasta 2030 reduciría la disponibilidad de nuevas generaciones renovables y aumentaría la dependencia del gas, agravando el cambio climático. Las organizaciones reclaman una decisión coherente con los objetivos climáticos y el interés general.
Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han hecho un llamado al Gobierno de España para que actúe y rechace la solicitud de prórroga de la central nuclear de Almaraz. Las organizaciones exigen que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantenga el calendario de cierre acordado en 2019 entre el Ejecutivo y las empresas responsables de las centrales nucleares.
Este calendario es fundamental para la planificación energética del país y ha sido la base sobre la cual se ha diseñado el despliegue de energías renovables establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Cambiarlo en este momento generaría incertidumbre en una planificación que ha guiado las inversiones y la transición energética durante los últimos años.
El informe del Centro de Seguridad Nuclear (CSN) se centra únicamente en la seguridad radiológica, limitándose a recomendar inversiones adicionales para garantizar dicha seguridad. Sin embargo, corresponde al Gobierno español evaluar aspectos cruciales como la viabilidad en la transición ecológica, los efectos económicos sobre los ciudadanos y la gestión de residuos radiactivos. Estas consideraciones ya fueron analizadas en el primer borrador del PNIEC, que concluía que el calendario de cierre era coherente con un despliegue ordenado de energías renovables.
Las organizaciones ecologistas subrayan que la prórroga de Almaraz es incompatible con la política energética actual del gobierno. Retrasar el cierre nuclear obstaculizará no solo la transición energética, sino también los esfuerzos contra el cambio climático. La energía nuclear genera emisiones de CO2 significativamente más altas que las energías renovables, lo que bloquea inversiones necesarias para facilitar esta transformación hacia fuentes limpias.
Las entidades ecologistas insisten en que se debe cumplir lo pactado y no ceder ante los intereses empresariales. La continuidad de Almaraz hasta 2030 podría agravar problemas significativos si coincide con el cierre programado de otros dos reactores ese mismo año (Ascó 1 y Cofrentes), afectando tanto al sistema eléctrico como a los plazos necesarios para su desmantelamiento.
Se estima que extender la operación de Almaraz hasta 2030 reducirá hasta un 25 % la disponibilidad de nueva generación renovable, debido a una pérdida de confianza por parte de los inversores ante cambios en la política energética. Esto también podría incrementar el uso del gas tras 2030, resultando en mayores emisiones y un sobrecoste acumulado en las facturas eléctricas para los consumidores, estimado en 3.831 millones de euros entre 2026 y 2033.
A pesar del compromiso del gobierno para tomar una decisión basada en tres condiciones clave, hasta ahora no se ha concretado ninguna acción. La primera condición relacionada con la seguridad radiológica es insuficiente por sí sola. La segunda condición establece que cualquier autorización debe ser conveniente para asegurar el suministro eléctrico; sin embargo, esto no se cumple dado que las constantes paradas desde 2024 han demostrado que no afectan al consumo eléctrico nacional.
La tercera condición estipula que no debe implicar un coste adicional para los contribuyentes. Este requisito también se infringe, ya que se prevé un sobrecoste significativo estimado cerca de 4.000 millones de euros entre 2026 y 2033, además del posible aumento en los costos relacionados con la gestión de residuos nucleares.
Las organizaciones ecologistas recuerdan que el informe favorable del CSN aborda exclusivamente aspectos relacionados con la seguridad nuclear. Ahora corresponde al Gobierno español considerar todas las implicaciones ambientales, económicas y energéticas antes de decidir sobre una eventual prórroga. Por ello, exigen mantener el calendario acordado y denegar la solicitud de prórroga presentada por los reactores de Almaraz.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 2028 | Fecha de cierre acordada para Almaraz |
| A partir de 2030 | Aumento del uso de gas |
| 3.831 millones de euros | Sobrecoste acumulado en la factura eléctrica (entre 2026 y 2033) |
| Hasta un 25% | Reducción de nueva generación renovable respecto a lo planificado |
Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF son las organizaciones que han exigido al Gobierno de España que actúe y deniegue la solicitud de prórroga de la central nuclear de Almaraz.
El calendario de cierre acordado en 2019 establece el cierre escalonado de la central nuclear de Almaraz, y las organizaciones ecologistas piden que se respete este calendario como parte de la planificación energética española.
Alterar el calendario podría generar incertidumbre sobre la planificación energética, afectar negativamente a las inversiones en energías renovables y retrasar la transición energética, lo que agravaría el cambio climático y aumentaría los costos para los consumidores.
El Gobierno se comprometió a que cualquier autorización cumpla tres condiciones: seguridad radiológica, conveniencia para la seguridad del suministro eléctrico y no costo para el contribuyente. Según las organizaciones ecologistas, estas condiciones no se están cumpliendo adecuadamente.
Se estima que una prórroga hasta 2030 reduciría la disponibilidad de nueva generación renovable hasta en un 25%, debido a la desconfianza de los inversores por un cambio en la política energética.