El Gobierno de España ha aprobado un decreto para garantizar la accesibilidad cognitiva, permitiendo a las personas con dificultades de comprensión ejercer sus derechos y disfrutar de igualdad de oportunidades. Esta normativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, establece condiciones básicas para asegurar que la información en ámbitos como sanidad, telecomunicaciones y espacios públicos sea fácil de entender. Se busca beneficiar a personas con discapacidad intelectual, autismo, problemas de salud mental y otros colectivos vulnerables. Además, se desarrollarán guías para facilitar su implementación en organismos públicos y privados. Este reglamento representa un avance significativo en la inclusión social y la eliminación de barreras cognitivas en el país.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo real decreto que establece las condiciones básicas para garantizar la accesibilidad cognitiva, con el objetivo de asegurar que las personas con dificultades de comprensión puedan ejercer sus derechos y disfrutar de igualdad de oportunidades.
Este decreto, promovido por el Ministerio de Derechos Sociales, detalla cómo debe implementarse la accesibilidad cognitiva en áreas clave como centros sanitarios, telecomunicaciones, espacios públicos, infraestructuras, transportes, administraciones judiciales y procesos electorales.
La normativa estipula que toda información y comunicación debe ser fácilmente comprensible y debe presentarse en formatos accesibles. Esto incluye el uso de lenguaje claro, lectura fácil, sonido, pictogramas y recursos tecnológicos, sin costos adicionales ni demoras.
Las medidas están diseñadas para beneficiar a diversas personas, incluyendo aquellas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parálisis cerebral. También se busca apoyar a personas mayores con deterioro cognitivo, individuos en situación de analfabetismo y migrantes que no dominan los idiomas oficiales del país.
Con esta aprobación, se cumple lo establecido en la Ley 6/2022 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. Este reglamento representa el primer marco legal en España enfocado en la accesibilidad cognitiva, aplicable a todas las administraciones públicas y prestadores de servicios.
El decreto define requisitos generales sobre información y comunicación que deben seguir tanto entidades públicas como privadas. Se especifican obligaciones adaptadas a distintos ámbitos como telecomunicaciones, espacios públicos y administración de justicia.
El Ministerio de Derechos Sociales está trabajando en colaboración con el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG), que desarrollará guías para ayudar a organismos públicos y entidades privadas a aplicar las nuevas condiciones establecidas por el reglamento. Además, el CEACOG está impulsando iniciativas para simplificar trámites administrativos importantes como la declaración de la renta o la regularización migratoria.
¿Qué es la accesibilidad cognitiva?
La accesibilidad cognitiva se define como el derecho a comprender la información del entorno y participar plenamente en actividades cotidianas sin discriminación. El Ministerio subraya que las necesidades cognitivas deben recibir atención similar a otras formas de accesibilidad física.
A través de este decreto se espera avanzar hacia una sociedad más inclusiva donde todas las personas tengan garantizado su derecho a comprender e interactuar con su entorno sin barreras.
El decreto aprobado regula las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva para garantizar que las personas con dificultades de comprensión puedan ejercer sus derechos y tengan igualdad de oportunidades.
La norma ha sido impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Se garantiza en ámbitos esenciales como centros sanitarios, telecomunicaciones, espacios públicos, infraestructuras, transportes, administraciones judiciales, espacios culturales y procesos electorales.
Se establece que la información debe ser fácil de comprender y ofrecerse en formatos accesibles como lenguaje claro, lectura fácil, sonido, pictogramas y apoyos visuales sin coste adicional.
Está dirigido a personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parálisis cerebral, así como a personas mayores con deterioro cognitivo, analfabetas o migrantes que no dominan las lenguas del Estado.
El objetivo es garantizar que todas las personas puedan comprender la información, comunicarse y realizar actividades con autonomía y sin discriminación.
El CEACOG está trabajando en la elaboración de guías para facilitar la aplicación del reglamento y desarrollar iniciativas para hacer más accesibles trámites administrativos.