Esta mesa ministerial ha sido celebrada dentro de la 68ª CSW, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se desarrolla en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.Esta mesa ministerial ha sido celebrada dentro de la 68ª CSW, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se desarrolla en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
Entre las buenas prácticas para mejorar la participación equitativa y el liderazgo de las mujeres en las instituciones económicas se ha destacado la Ley de Paridad, "que requiere ese equilibrio en todos los ámbitos de la toma de decisión política y económica". Ana Redondo también ha explicado que, en España, desde 2007, son obligatorias las listas electorales equilibradas por sexo y que gracias a ello en 2023 el Congreso de los Diputados cuenta con un porcentaje de 44,3% mujeres y un 43,3% en el Senado.
En esa mesa ministerial también se han abordado las prácticas para integrar la igualdad de género en los presupuestos. Ana Redondo ha destacado el Informe de Impacto de Género que se elaboró en nuestro país por primera vez en 2009, acompañando a los Presupuestos Generales del Estado, y que desde 2020 es obligatorio. La ministra de Igualdad ha señalado que ese informe se compone de tres apartados o "tres erres": en primer lugar la realidad, ejecutándose un diagnóstico, a partir de ciertos indicadores, de la realidad de género del país; en segundo lugar, la representación de mujeres y hombres en la Administración General del Estado; y por último, los recursos o resultados, que contempla los informes que los ministerios elaboran analizando el impacto de género en sus programas de gasto. "El objetivo es que reducir y suprimir las desigualdades sea el punto de partida para el diseño de todas las políticas públicas desde el minuto uno de su concepción. Así, si el impacto de género de esas políticas se concluye que es negativo quedarán excluidas del presupuesto", ha explicado Redondo.
En este debate, la ministra también ha resaltado el Plan Corresponsables como una estrategia para lograr una economía sostenible, centrada en maximizar la financiación de las inversiones en la economía de los cuidados y en servicios públicos accesibles y de calidad. Ana Redondo ha recordado que el Plan cuenta con una inversión de 190 millones de euros, destinados a la conciliación y la corresponsabilidad. Una medida que se centra en el derecho de los menores al cuidado, tal y como se establece en la Estrategia Europea de Cuidados. "El Plan pone de relieve el problema del derecho al cuidado y la conciliación con una perspectiva de igualdad de género y con un abordaje de transformación social de las masculinidades", ha apuntado la ministra.
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