El Consejo de Ministros aprobó el viernes el reglamento del nuevo bono social eléctrico, que da un plazo de seis meses a los hogares que actualmente lo perciben para que lo renueven, en el caso de que puedan seguir beneficiándose de este descuento en la factura de la luz.
Este reglamento se recoge en el real decreto de desarrollo del decreto ley que regula esta ayuda. Entre las novedades destaca que el nuevo bono social, a partir de ahora, va a estar basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan. Se descontará un 25% en la factura a los consumidores vulnerables, un 40% a los vulnerables severos y el 50% si además estén siendo atendidos por los servicios sociales.
En el caso del colectivo que se beneficiará de un 50% de descuento, las compañías eléctricas no podrán cortar el suministro bajo ninguna circunstancia.
Para percibir el bono con el descuento del 25%, la renta anual de la unidad familiar deberá ser inferior a unos determinados umbrales, que varían en función del tamaño del hogar.
Así, en el caso de una sola persona sus ingresos deberán ser de unos 11.000 euros, cuantía que se amplía hasta unos 19.000 euros en el caso de familias con dos hijos.
El umbral se incrementa en 0,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) para el caso de personas con discapacidad igual o superior al 33%, y para víctimas de violencia de género o de terrorismo, lo que significa un aumento en 3.760 euros del umbral.
Por otro lado, los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas también serán considerados consumidores vulnerables, algo que ya ocurría ahora.
Para ampliar el descuento hasta el 40% se deberá tener la consideración de consumidor vulnerable severo, a lo que se accederá cuando la renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los vulnerables.
LÍMITES DE CONSUMO
Otra novedad en el bono es que se fijan unos límites máximos de consumo eléctrico a los que será aplicable el descuento del bono social con la finalidad de asegurar la eficiencia en el consumo energético.
También a partir de ahora, las comercializadoras estarán obligadas a comunicar los impagos en un plazo máximo de dos meses, para evitar que se acumulen retrasos que no sean detectados por los consumidores.
Otra exigencia para las compañías eléctricas es que informen expresamente al consumidor que decidiera contratar en el mercado libre de que está renunciando a su derecho a percibir el bono social.
En el caso de los consumidores vulnerables, también se amplía de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro, una vez que se haya producido el impago.
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