Díaz sostiene que la Inspección de Trabajo ha constatado que la multinacional “está vulnerando los derechos laborales de los trabajadores de Glovo” con una “auténtica actuación de falsos autónomos”.
Por ello, el Gobierno ha actuado contra esta empresa “regularizando la situación de más de 10.600 trabajadores”.
La vicepresidenta ha acusado a Glovo de “obstruir la labor de la Inspección de Trabajo”, “algo gravísimo en un Estado social y democrático de Derecho”.
“El peso de la ley va a caer sobre esta empresa como ya ha caído con la Inspección de Trabajo”, continuó. “Desde el Ministerio de Trabajo no vamos a parar, van a cumplir la ley”.
Según el expediente de la Inspección de Trabajo adelantado este miércoles por la Cadena Ser, Glovo ha cometido un fraude laboral de 'falsos autónomos' que afecta a 8.331 trabajadores en Barcelona y a 2.283 trabajadores más en Valencia (10.614 trabajadores en total).
La Inspección de Trabajo ve acreditado que “la empresa no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, sino que presta servicios de reparto y mensajería, fijando las condiciones esenciales de prestación de dicho servicio”. Es decir, la inspección razona que hay “falsos autónomos” “que dependen y son ajenos” a Glovo y que debería haberlos incluido en nómina como exige la 'ley Rider'.
En Barcelona, el Gobierno condena a Glovo a 39 millones de multa por el uso de falsos autónomos y le exige 24 millones en cuotas a la Seguridad Social que debían haberse cotizado. Y en Valencia, otros 10,7 millones en multas y otros 5 millones en cotizaciones pendientes.
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