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Catarroja

04/06/2025@18:17:18

El Gobierno de España ha ejecutado 7.400 millones de euros en las zonas afectadas por la DANA, lo que representa el 90% de los fondos destinados por todas las administraciones. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reafirma el compromiso del Gobierno en la recuperación de estas áreas. Esta inversión es parte de los esfuerzos continuos para apoyar a las comunidades afectadas y restaurar la normalidad tras la catástrofe.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado que se han pagado 45 millones de euros a 10.000 solicitantes de ayudas del Plan Reinicia Auto+. Durante su visita a Catarroja, destacó la implementación de una línea de financiación de 650 millones de euros destinada a recuperar la actividad industrial y atraer nuevas inversiones en las zonas afectadas por la DANA. Esta iniciativa busca revitalizar el sector y apoyar a los afectados por desastres naturales.

La juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha citado a declarar como investigados el 11 de abril a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé P.T., y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio A.T., en relación con la gestión de la Dana del 29 de octubre. Además, se tomarán declaraciones como testigos a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y al presidente de la Diputación de Valencia el 14 de abril. La juez ha denegado solicitudes para investigar el uso de vehículos oficiales por parte del presidente de la Generalitat debido a su condición de aforado. Las decisiones tomadas no son firmes y pueden ser recurridas.

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado un refuerzo para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja. Esta medida permitirá que una magistrada asuma el funcionamiento ordinario del juzgado, mientras su titular se encargará exclusivamente de las Diligencias Previas 692/2024 relacionadas con la gestión de la dana del 29 de octubre. La decisión responde a una carga de trabajo elevada en los últimos años, con un incremento del 177% en 2022 y del 129% en 2023. La medida estará vigente hasta el 30 de junio y podría renovarse si es necesario.