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IU

El diputado de Izquierda Unida en el grupo de Unidas Podemos, Miguel Ángel Bustamante, registra en el Congreso una iniciativa para que el Ejecutivo se pronuncie sobre si es de aplicación la ley en vigor sobre Memoria Histórica para facilitar el cambio de nombre del municipio toledano y pregunta directamente si “¿piensa adoptar alguna actuación encaminada a recuperar el histórico nombre de Azaña y que se deje de exaltar al regimiento golpista que asaltó el municipio el 18 de octubre de 1936?”.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos y portavoz de Izquierda Unida ha intervenido en un encuentro en el Congreso junto a grupos y portavoces de la sociedad civil colombiana y española encargados de coordinar la creación de un Grupo Interparlamentario por la Paz en Colombia en el que participen representantes de cámaras autonómicas de todo el Estado.

La portavoz federal de Izquierda Unida señala que la vicepresidenta del Gobierno de coalición “representa uno de los mejores activos de la izquierda de nuestro país”, además de que “nos parece muy importante que la política no solo se feminice con la presencia de mujeres, sino que también lo haga con la construcción de unas reglas del juego feministas, que interpelan a todos y a todas desde la horizontalidad y el diálogo”.

Opinión

Izquierda Unida Ceuta consigue entrar en el Libro Guinness de los récords al conseguir que nadie se adhiera a la concentración que convocó la tarde del viernes día 9, junto a sus nuevos socios políticos, la Plataforma Sebta, y PRUNE (partido de “inspiración islámica”).

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y secretario de Estado para la Agenda 2030 apunta que lo que está en juego en las elecciones del 4M en Madrid es el triunfo entre “demócratas y la ultraderecha autoritaria”, que busca “hacernos retroceder en derechos a tiempos preconstitucionales, negar los derechos de las mujeres o limitar los de los trabajadores, acabando con cualquier mecanismo de redistribución social para beneficio de las grandes oligarquías y los señoritos de siempre”.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha firmado hoy la Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos de información y comercialización de mascarillas higiénicas. Tras obtener las preceptivas autorizaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Unión Europea (UE), España fortalece así su normativa, acotando el concepto de mascarilla higiénica e incluye regulación para las que permiten la lectura labial a personas con discapacidad auditiva. Esta definición sirve para establecer qué productos van a poder ser comercializados como tal y los requisitos técnicos que deben cumplir.

Garzón ha defendido las medidas que está llevando a cabo el Ministerio de Consumo para la prevención de comportamientos problemáticos en la población joven, con un "enfoque integral, social y cultural". Pero, para el ministro, "no es suficiente" y "tenemos que reflexionar" sobre el modelo de ocio que se ofrece a la juventud. "Si hay más jóvenes que utilizan el juego como una actividad principal para pasar el tiempo y como forma de sacarse unos euros, no es solo por la banalización de esta actividad, sino que probablemente no cuenten con otras opciones accesibles", ha criticado Garzón.

Izquierda Unida considera que el texto acordado en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo del pasado día 11 y plasmado en una Tercera Adenda supone un “firme compromiso para seguir combatiendo el transfuguismo en todas las esferas institucionales, al considerarlo una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas”.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto de Unidas Podemos advierte de que “es sorprende que cuando se toman medidas para favorecer el acceso a la vivienda un partido tan importante como el PP se declara en clara rebeldía simplemente para beneficiar a los grandes grupos económicos, que son los grandes tenedores de vivienda”.

Pedro del Cura, portavoz del grupo municipalista y alcalde de Rivas Vaciamadrid, planteará durante un encuentro al máximo nivel entre la dirección de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la ministra de Política Territorial que “cumpla con el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos porque a estas alturas de la legislatura ya no caben más demoras ni dudas sobre lo que recoge con total nitidez el texto”.

‘Opinión’

IU la vuelve a liar en Ceuta, aunque en justicia creo que debo responsabilizar exclusivamente a su coordinador general en funciones. En todo caso espero con expectación cuál será la respuesta de IU a nivel nacional con respecto a la nueva ocurrencia de Nepomuceno. Una vez más, con el único afán de satisfacer sus necesidades narcisistas y de peligroso ególatra.

Paco Gracia y Esther López Barceló, responsables a nivel estatal de Memoria Democrática de Podemos e IU, respectivamente, advierten de que “no se puede sentar ningún peligroso precedente que obligue no solo ahora, sino en el futuro por otros casos aún en disputa, a destinar centenares de miles de euros para pagar a la misma familia del dictador que se ha aprovechado durante décadas de bienes públicos y que sigue aferrándose a ellos con uñas y dientes”.

Antes de decidir si reabre o no la causa especial, la Sala Segunda confirma en la misma resolución firmada por su presidente, Manuel Marchena, que ‘se tiene por consignada, en plazo, la fianza por importe de 12.000 € que le fue impuesta para el ejercicio de la acción popular que se pretende’. Los querellantes han recibido también una diligencia de ordenación de esta misma sala en la que da ‘por recibido el escrito de ampliación de querella’, registrado el pasado día 16.

Izquierda Unida va a intensificar su actuación e iniciativas en el ámbito institucional, social y político hasta conseguir la “erradicación efectiva de la devolución en caliente de personas migrantes”, además de la “derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana que las ampara”.

Unidas Podemos ha registrado este viernes una iniciativa en distintos ayuntamientos y parlamentos autonómicos, entre ellos los de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Extremadura y Murcia, a través de la cual reclama a las distintas administraciones locales competentes que amplíen la regulación de las casas de apuestas para proteger a la población ante la desigualdad y el problema de salud pública que generan estos negocios.