El Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley que busca mejorar la transparencia, eficiencia y pluralidad en la publicidad del sector público. Esta nueva normativa, que sustituye a la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional vigente desde hace 20 años, se adapta al reglamento europeo sobre libertad de los medios de comunicación. Entre sus principales características, se establece un límite del 35% en la asignación de publicidad a un mismo medio o plataforma, garantizando así su independencia económica. Además, los medios deberán cumplir con requisitos de transparencia y hacer pública información sobre sus propietarios y fondos recibidos. La ley también regula la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en el control del gasto publicitario y prevé un informe anual detallado sobre la asignación de estos recursos.
