17/11/2025@12:51:48
El Gobierno de España ha iniciado acciones legales contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por su negativa a cumplir con la Ley Orgánica 1/2023, que garantiza el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en la sanidad pública. A pesar de un requerimiento del Ministerio de Sanidad para crear un registro confidencial de objetores de conciencia, el Ejecutivo madrileño ha ignorado esta obligación. Esta situación genera desigualdades en el acceso a derechos reproductivos y favorece a clínicas privadas. El Gobierno español recurrirá al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para asegurar el cumplimiento de la ley y garantizar que las mujeres puedan ejercer este derecho con todas las garantías.