El Gobierno de la Comunidad de Madrid se mantiene firme en su oposición al derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en el sistema de salud pública. Esta postura contrasta con un requerimiento emitido hace un mes por el Ministerio de Sanidad, que instaba a la creación de un registro confidencial de objetores de conciencia, tal como establece la Ley Orgánica 1/2023.
El 16 de diciembre de 2024, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, compuesto por todas las comunidades autónomas, aprobó un protocolo para la implementación de dicho registro. Este acuerdo es vinculante y puede ser exigido ante los tribunales.
Acciones legales del Gobierno español
Ante la falta de respuesta del Ejecutivo madrileño para iniciar los trámites necesarios para la creación del registro, el Gobierno de España ha decidido tomar medidas legales. Se han dado instrucciones a la Abogacía General del Estado para presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998. El objetivo es asegurar que el Gobierno regional cumpla con sus responsabilidades legales.
La negativa del gobierno autonómico no solo infringe la ley, sino que también pone en riesgo la libertad de las mujeres en esta comunidad, creando una desigualdad respecto a otras regiones. Además, favorece a las clínicas privadas, donde se realizan más del 99% de las intervenciones. El registro confidencial es una herramienta esencial para que los hospitales públicos puedan organizar sus servicios y garantizar el acceso a este derecho sin depender sistemáticamente del sector privado.
Reacciones y plazos establecidos
El pasado 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad reiteró su requerimiento a tres comunidades autónomas que aún no habían cumplido con la ley: Aragón, Illes Balears y Comunidad de Madrid. Mientras que las dos primeras respondieron rápidamente iniciando los trámites correspondientes, el Gobierno madrileño ha persistido en su negativa a acatar esta obligación legal.
El Ejecutivo español está decidido a utilizar todos los recursos disponibles, incluyendo acciones judiciales, para garantizar que todas las comunidades autónomas respeten la ley y aseguren que las mujeres que deseen interrumpir voluntariamente su embarazo tengan acceso a este servicio con todas las garantías en el sistema público de salud.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué acciones legales ha iniciado el Gobierno de España contra la Comunidad de Madrid?
El Gobierno de España ha iniciado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para obligar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a cumplir con la Ley Orgánica 1/2023, que exige la creación de un registro confidencial de objetores de conciencia en relación con la interrupción voluntaria del embarazo.
¿Por qué se considera que la negativa del Gobierno madrileño afecta a los derechos de las mujeres?
La negativa del Ejecutivo regional a cumplir con la ley genera desigualdad en los derechos de las mujeres en comparación con otras comunidades autónomas, y favorece a clínicas privadas, ya que más del 99% de las intervenciones se derivan a estas clínicas en lugar de realizarse en hospitales públicos.
¿Qué plazo tenía el Gobierno madrileño para crear el registro exigido por la ley?
El Gobierno madrileño tenía un mes para iniciar los trámites para la creación del registro después del requerimiento enviado por el Ministerio de Sanidad. Al no hacerlo, el Gobierno de España decidió tomar acciones legales.
¿Qué medidas seguirá tomando el Gobierno de España si la Comunidad de Madrid no cumple con la ley?
El Gobierno de España continuará utilizando todos los medios a su disposición, incluidos recursos judiciales, para asegurar que todas las comunidades autónomas cumplan con la ley y garanticen que las mujeres puedan interrumpir voluntariamente su embarazo con todas las garantías en la sanidad pública.
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