El Consejo de Ministros ha presentado un informe que detalla las acciones llevadas a cabo para implementar los mandatos del renovado artículo 49 de la Constitución Española, coincidiendo con el segundo aniversario de su entrada en vigor. Este documento ofrece una rendición de cuentas sobre los avances normativos y las inversiones históricas realizadas para garantizar la autonomía, inclusión y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Durante estos dos años, se ha aprobado un Real Decreto de ELA con una asignación de 500 millones de euros. Además, se han destinado 65 millones al primer plan de protección de mujeres y niñas con discapacidad, 20 millones para educación inclusiva y atención temprana, así como más de 5 millones para la formación de personas con discapacidad.
Medidas clave del Gobierno
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, destacó que este informe refleja el compromiso del Gobierno por responder a las necesidades planteadas en el renovado artículo 49. La reforma constitucional, aprobada el 15 de febrero de 2024, marcó un hito al consagrar los derechos de las personas con discapacidad a nivel normativo.
El informe subraya la importancia de la reforma legislativa en discapacidad y dependencia, que recibió un amplio respaldo parlamentario en diciembre de 2025. Esta norma busca consolidar cuatro pilares fundamentales: inclusión, autonomía, accesibilidad universal y atención reforzada a mujeres y menores con discapacidad.
Aumentos significativos en inversión
Entre las medidas destacadas se encuentra la creación de un fondo destinado a obras que garanticen la accesibilidad a servicios públicos. También se contempla la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones en el ámbito de la dependencia y la actualización de la cartera de servicios esenciales.
El documento resalta los avances normativos ya implementados en cumplimiento del nuevo artículo 49, junto con inversiones sin precedentes que han establecido un marco sólido para asegurar la igualdad real entre las personas con discapacidad.
- Desarrollo integral de la Ley ELA, creando un nuevo grado III+ que proporciona atención especializada a personas con enfermedades neurológicas complejas. Este esfuerzo ha movilizado 500 millones de euros.
- Aprobación de la primera Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados, que busca adaptar los cuidados a las necesidades específicas del colectivo. Su primer Plan Operativo ha movilizado más de 2.000 millones de euros.
- Prohibición del despido automático por incapacidad laboral permanente, una medida que responde a una demanda histórica del colectivo social.
- Inversión adicional de 20 millones de euros para educación inclusiva y atención temprana del alumnado autista, complementando recursos existentes en las administraciones educativas.
- Aprobación del primer protocolo estatal para atender a personas con discapacidad durante emergencias.
- Lanzamiento del primer Plan de acción (2025-2035) para promover los derechos específicos de mujeres y niñas con discapacidad, dotado con más de 65 millones.
En su evaluación sobre estos dos años desde la reforma constitucional, el Gobierno enfatiza que estas acciones no son meramente simbólicas; representan un avance significativo hacia políticas públicas efectivas que fomentan una sociedad más inclusiva y respetuosa con los derechos humanos.
Aumento histórico en el sistema de dependencia
El informe también destaca el esfuerzo financiero sostenido en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), alcanzando una aportación récord por parte del Estado en 2025, superior a 3.691 millones de euros. Desde la modificación del artículo 49, esta inversión ha crecido un 12%, lo que equivale a casi 400 millones adicionales.
A esto se suman más de 1.100 millones transferidos en 2024, destinados al Plan de Recuperación para consolidar un modelo centrado en la comunidad y fomentar una vida independiente para quienes requieren cuidados especiales.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra (euros) |
| Inversión total del Real Decreto de ELA |
500,000,000 |
| Inversión para el primer plan de protección de mujeres y niñas con discapacidad |
65,000,000 |
| Inversión para educación inclusiva y atención temprana |
20,000,000 |
| Inversión en formación de personas con discapacidad |
5,100,000 |
| Aportación máxima histórica al SAAD en 2025 |
3,691,000,000 |
| Aumento en inversión del Estado en el SAAD desde la reforma constitucional |
400,000,000 |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué informe presentó el Consejo de Ministros sobre el artículo 49 de la Constitución?
El Consejo de Ministros presentó un informe que recoge las actuaciones emprendidas para desplegar los mandatos del renovado artículo 49 de la Constitución Española, dos años después de su entrada en vigor.
¿Cuáles son algunas de las inversiones realizadas en estos dos años?
Se han aprobado varias inversiones, incluyendo 500 millones de euros para un Real Decreto de ELA, 65 millones para un plan de protección de mujeres y niñas con discapacidad, 20 millones para educación inclusiva y atención temprana, y más de 5 millones para la formación de personas con discapacidad.
¿Qué objetivos busca la reforma del artículo 49?
La reforma busca garantizar la autonomía, inclusión y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, consolidando derechos a nivel normativo.
¿Qué medidas se están tomando para mejorar la educación inclusiva?
Se han movilizado 20 millones de euros adicionales para reforzar la educación inclusiva y atención temprana del alumnado con autismo, además del fortalecimiento del Programa Reina Letizia para asegurar que nadie se quede atrás en materia educativa.
¿Cómo se está abordando la situación laboral de las personas con discapacidad?
Se ha aprobado una ley que prohíbe el despido automático por incapacidad laboral permanente, lo que representa un avance en la garantía de inclusión laboral.
¿Qué importancia tiene el informe presentado por el Gobierno?
El informe destaca que las medidas adoptadas no son solo simbólicas, sino que representan un punto de partida hacia políticas públicas efectivas que promueven una sociedad más inclusiva y respetuosa con los derechos de las personas con discapacidad.
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