ministerio de derechos sociales
17/11/2025@16:23:00
El Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, ha lanzado una campaña de monitorización y vigilancia para este Black Friday, enfocándose en detectar posibles rebajas engañosas de grandes empresas. La iniciativa busca investigar prácticas comerciales desleales, como el aumento artificial de precios antes del evento para simular descuentos. Se prestará especial atención a los operadores de comercio electrónico y se ampliarán las técnicas de control, incluyendo la detección de precios ocultos, tácticas de presión en ventas y comparaciones engañosas. Esta acción es parte de un esfuerzo más amplio para proteger los derechos de los consumidores y garantizar la transparencia en el comercio.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha anunciado en el Senado que el Gobierno de España aprobará próximamente la Estrategia Estatal de Soledades, un proyecto que busca abordar la soledad como un problema de justicia social. Esta estrategia se centrará en fortalecer el tejido comunitario y prevenir la soledad no deseada en todas las etapas de la vida. Bustinduy destacó la importancia de implementar políticas sociales inclusivas que consideren factores como la edad, el género y la discapacidad. Además, mencionó otras iniciativas del Ministerio relacionadas con el consumo y derechos de los ciudadanos.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado la concesión de subvenciones por un total de más de 3 millones de euros para el año 2025, destinadas a asociaciones de consumidores y usuarios. Estas ayudas buscan financiar actividades informativas y defender los derechos de los consumidores en España. De la cantidad total, más de 2,3 millones se destinarán a fortalecer la actividad asociativa, mientras que aproximadamente 716 mil euros se utilizarán para programas específicos. Además, se llevará a cabo una auditoría pública para garantizar el control y justificación del uso de estas subvenciones.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha alertado sobre la falta de información acerca de los riesgos del juego entre estudiantes de 14 a 18 años. Un análisis revela que solo el 48,4% de los escolares ha recibido educación sobre problemas relacionados con las apuestas, en contraste con otros temas como el uso de tecnologías y el consumo de drogas. Además, un 19,8% admite haber jugado con dinero, siendo mayor la prevalencia en chicos. La encuesta destaca que la edad media de inicio en el juego es de aproximadamente 14 años y que un 3,7% presenta indicadores de juego problemático. El estudio busca identificar y prevenir el inicio temprano en prácticas de juego arriesgadas entre jóvenes.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha logrado la retirada de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb, tras el respaldo judicial a sus acciones. Además, se han identificado otros 55.000 anuncios que carecen del número de registro obligatorio según la legislación vigente. Esta medida refuerza el compromiso del ministerio de garantizar el derecho a la vivienda y hacer cumplir la legalidad frente a los intereses de grandes multinacionales. La Unidad de Análisis de Consumo continuará trabajando para detectar y denunciar más anuncios ilegales en plataformas de alquiler turístico.
El Consejo de Ministros de España ha aprobado destinar 925.000 euros a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) con el fin de mejorar la protección y los servicios esenciales para personas con discapacidad refugiadas en Cisjordania. Esta contribución, impulsada por el ministro Pablo Bustinduy, se suma a una anterior ayuda de 860.000 euros otorgada el año pasado. Los fondos se utilizarán para ofrecer asistencia financiera, servicios psicosociales, y rehabilitación a las víctimas de los ataques israelíes, especialmente enfocándose en mujeres y niños. Esta iniciativa refleja un aumento en las aportaciones del Gobierno español a la UNRWA desde el inicio del conflicto en 2023.
El Ministerio de Derechos Sociales ha presentado un informe sobre el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), destacando que el 56% de las prestaciones se ofrecen en hogares y entornos cercanos. Desde 2020, las prestaciones han aumentado un 54,5%, con un crecimiento notable en servicios como teleasistencia y ayuda a domicilio. La personalización de los cuidados es clave, con un aumento en la combinación de servicios por parte de los usuarios. A pesar del avance hacia un modelo más comunitario, la atención residencial sigue siendo relevante, representando el 13% de las prestaciones. El informe también señala una reducción en la lista de espera y en el tiempo medio de gestión para acceder a las prestaciones.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha entregado al Ayuntamiento de Madrid datos postales de 3.565 pisos turísticos ilegales para su inspección y cierre. Esta acción se enmarca en un esfuerzo por regular el sector turístico en la capital, donde se han identificado más de 15.000 alojamientos operando sin licencia, contrastando con solo 1.131 licencias concedidas por el Consistorio. El ministro Pablo Bustinduy busca facilitar la labor del Ayuntamiento para recuperar viviendas para uso residencial y combatir la proliferación de pisos turísticos ilegales. Esta colaboración incluye la entrega de anuncios que demuestran que estos alojamientos están activos, permitiendo al Ayuntamiento tomar medidas inmediatas.
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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una importante promotora de festivales de música por posibles prácticas abusivas. Se investiga la prohibición de acceso con comida y bebida del exterior, el cobro adicional para reingresar al recinto y condiciones restrictivas sobre el uso de pulseras cashless para pagos. Estas acciones podrían constituir infracciones graves de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, con multas que podrían alcanzar hasta 1 millón de euros. Se inicia un periodo de investigación de hasta 9 meses para determinar las responsabilidades.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España ha iniciado una investigación sobre empresas que ofrecen productos o servicios provenientes de los territorios palestinos ocupados por Israel. Esta acción se enmarca dentro del Real Decreto-ley 10/2025, que prohíbe la publicidad de bienes y servicios de estas áreas con el objetivo de combatir el genocidio en Gaza. La investigación responde a un informe de la ONU que señala que algunas empresas están beneficiándose económicamente de esta ocupación ilegal. El ministro Pablo Bustinduy ha afirmado que se tomarán medidas para asegurar que ninguna empresa en España esté vinculada a actividades relacionadas con la ocupación israelí.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha alertado sobre un aumento del 21,63% en el número de jugadores online en España durante 2024, coincidiendo con la reintroducción de los bonos de bienvenida tras una sentencia del Tribunal Supremo. Esta medida ha llevado al ministerio a proponer una enmienda para prohibir estos incentivos promocionales en la futura Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Además, se destaca que los operadores de juego generaron más de 8.000 millones de euros en ganancias, con un notable incremento en el juego online. La mayoría de los nuevos jugadores son hombres jóvenes, y el gasto en marketing por parte de las casas de apuestas también ha aumentado significativamente.
El Grupo de Trabajo sobre Vulnerabilidades y Cambio Climático ha sido constituido en el marco del Observatorio de Salud y Cambio Climático, con la participación de varios ministerios y organizaciones del tercer sector. Su objetivo es analizar el impacto desigual de la crisis climática en la salud pública, enfocándose en factores como la edad, enfermedades crónicas y condiciones socioeconómicas. Se impulsarán medidas de prevención y formación para garantizar una adaptación climática justa, priorizando a los colectivos más vulnerables. Este grupo busca mejorar la comunicación preventiva, coordinar esfuerzos entre administraciones y fortalecer la capacitación del personal que atiende a personas en situación de vulnerabilidad.
El Imserso ha adjudicado su nuevo programa de turismo para la temporada 2025-2026, ofreciendo un total de 879.213 plazas en todo el territorio nacional, incluyendo costa, islas y turismo interior, con un presupuesto cercano a los 60 millones de euros. Este contrato se divide en tres lotes adjudicados a dos consorcios. Una de las principales novedades es la tarifa fija de 50 euros para pensionistas con menos recursos, que incluye alojamiento y transporte. Además, se permite viajar con animales de compañía en ciertos lotes. Con esta iniciativa, el Imserso busca fomentar el turismo accesible y sostenible para personas mayores, celebrando 40 años desde el inicio de este programa.
El Ministerio de Derechos Sociales ha informado que el 56% de las prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se ofrecen en hogares y entornos cercanos, destacando un crecimiento del 54% en las prestaciones totales en los últimos cinco años. La teleasistencia y la ayuda a domicilio han crecido significativamente, con aumentos del 119% y 42,5%, respectivamente. Además, se ha propuesto una reforma legislativa para mejorar la personalización de los cuidados y reducir la lista de espera, que ha disminuido un 2,4% en el último año. Este avance hacia un modelo más integral busca adaptar los servicios a las necesidades de las personas dependientes y sus familias.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha proporcionado al Ayuntamiento de Madrid un archivo digital con las direcciones de 3.565 pisos turísticos ilegales en la ciudad. Esta información, obtenida por la Unidad de Análisis de Consumo, busca facilitar la inspección y sanción por parte del Consistorio, que enfrenta más de 15.000 alojamientos turísticos sin licencia. La acción se enmarca en los esfuerzos del Ministerio para abordar la proliferación de estos pisos y contribuir a recuperar vivienda para uso residencial. Además, se han tomado medidas contra plataformas como Booking y Airbnb por anuncios ilegales.
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