El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha logrado la retirada de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb, tras el respaldo judicial a sus acciones. Además, se han identificado otros 55.000 anuncios que carecen del número de registro obligatorio según la legislación vigente. Esta medida refuerza el compromiso del ministerio de garantizar el derecho a la vivienda y hacer cumplir la legalidad frente a los intereses de grandes multinacionales. La Unidad de Análisis de Consumo continuará trabajando para detectar y denunciar más anuncios ilegales en plataformas de alquiler turístico.
El Consejo de Ministros de España ha aprobado destinar 925.000 euros a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) con el fin de mejorar la protección y los servicios esenciales para personas con discapacidad refugiadas en Cisjordania. Esta contribución, impulsada por el ministro Pablo Bustinduy, se suma a una anterior ayuda de 860.000 euros otorgada el año pasado. Los fondos se utilizarán para ofrecer asistencia financiera, servicios psicosociales, y rehabilitación a las víctimas de los ataques israelíes, especialmente enfocándose en mujeres y niños. Esta iniciativa refleja un aumento en las aportaciones del Gobierno español a la UNRWA desde el inicio del conflicto en 2023.
El Ministerio de Derechos Sociales ha presentado un informe sobre el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), destacando que el 56% de las prestaciones se ofrecen en hogares y entornos cercanos. Desde 2020, las prestaciones han aumentado un 54,5%, con un crecimiento notable en servicios como teleasistencia y ayuda a domicilio. La personalización de los cuidados es clave, con un aumento en la combinación de servicios por parte de los usuarios. A pesar del avance hacia un modelo más comunitario, la atención residencial sigue siendo relevante, representando el 13% de las prestaciones. El informe también señala una reducción en la lista de espera y en el tiempo medio de gestión para acceder a las prestaciones.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha entregado al Ayuntamiento de Madrid datos postales de 3.565 pisos turísticos ilegales para su inspección y cierre. Esta acción se enmarca en un esfuerzo por regular el sector turístico en la capital, donde se han identificado más de 15.000 alojamientos operando sin licencia, contrastando con solo 1.131 licencias concedidas por el Consistorio. El ministro Pablo Bustinduy busca facilitar la labor del Ayuntamiento para recuperar viviendas para uso residencial y combatir la proliferación de pisos turísticos ilegales. Esta colaboración incluye la entrega de anuncios que demuestran que estos alojamientos están activos, permitiendo al Ayuntamiento tomar medidas inmediatas.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha lanzado el Servicio de Comunicación por Texto (SCT), un nuevo canal para facilitar la comunicación de personas sordas y con dificultades en el habla. Este servicio gratuito y disponible las 24 horas permite a los usuarios comunicarse mediante correo electrónico o chat en directo, conectando con personal que realizará la llamada por voz. Con cobertura nacional, el SCT incluye acceso a servicios de emergencia y otros números importantes. La Confederación Estatal de Personas Sordas gestionará este servicio, que se suma a las herramientas existentes como la videointerpretación. Para más información, visita www.svisual.org.
En su primer año de funcionamiento, las tarjetas monedero han beneficiado a más de 70.000 familias vulnerables en España, según datos de Cruz Roja. Este programa, que permite a los hogares adquirir alimentos y productos de primera necesidad en supermercados, fue implementado con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo. Las tarjetas se entregan a familias con niños en situación de privación material severa, promoviendo una asistencia más inclusiva. En 2024, se asignaron tarjetas a 70.316 familias, superando el objetivo inicial de 70.000. A partir de 2025, las Comunidades Autónomas gestionarán este programa de manera autónoma. Las familias podrán seguir utilizando las tarjetas hasta marzo de 2025.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos tras no cumplir con requerimientos legales sobre la publicidad de sus anuncios. La investigación, iniciada en junio, busca abordar prácticas comerciales desleales que podrían perjudicar a los consumidores. Las infracciones pueden conllevar multas de hasta 100.000 euros. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio del ministerio para combatir irregularidades en el sector inmobiliario y mejorar la crisis de vivienda en España.
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El Grupo de Trabajo sobre Vulnerabilidades y Cambio Climático ha sido constituido en el marco del Observatorio de Salud y Cambio Climático, con la participación de varios ministerios y organizaciones del tercer sector. Su objetivo es analizar el impacto desigual de la crisis climática en la salud pública, enfocándose en factores como la edad, enfermedades crónicas y condiciones socioeconómicas. Se impulsarán medidas de prevención y formación para garantizar una adaptación climática justa, priorizando a los colectivos más vulnerables. Este grupo busca mejorar la comunicación preventiva, coordinar esfuerzos entre administraciones y fortalecer la capacitación del personal que atiende a personas en situación de vulnerabilidad.
El Imserso ha adjudicado su nuevo programa de turismo para la temporada 2025-2026, ofreciendo un total de 879.213 plazas en todo el territorio nacional, incluyendo costa, islas y turismo interior, con un presupuesto cercano a los 60 millones de euros. Este contrato se divide en tres lotes adjudicados a dos consorcios. Una de las principales novedades es la tarifa fija de 50 euros para pensionistas con menos recursos, que incluye alojamiento y transporte. Además, se permite viajar con animales de compañía en ciertos lotes. Con esta iniciativa, el Imserso busca fomentar el turismo accesible y sostenible para personas mayores, celebrando 40 años desde el inicio de este programa.
El Ministerio de Derechos Sociales ha informado que el 56% de las prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se ofrecen en hogares y entornos cercanos, destacando un crecimiento del 54% en las prestaciones totales en los últimos cinco años. La teleasistencia y la ayuda a domicilio han crecido significativamente, con aumentos del 119% y 42,5%, respectivamente. Además, se ha propuesto una reforma legislativa para mejorar la personalización de los cuidados y reducir la lista de espera, que ha disminuido un 2,4% en el último año. Este avance hacia un modelo más integral busca adaptar los servicios a las necesidades de las personas dependientes y sus familias.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha proporcionado al Ayuntamiento de Madrid un archivo digital con las direcciones de 3.565 pisos turísticos ilegales en la ciudad. Esta información, obtenida por la Unidad de Análisis de Consumo, busca facilitar la inspección y sanción por parte del Consistorio, que enfrenta más de 15.000 alojamientos turísticos sin licencia. La acción se enmarca en los esfuerzos del Ministerio para abordar la proliferación de estos pisos y contribuir a recuperar vivienda para uso residencial. Además, se han tomado medidas contra plataformas como Booking y Airbnb por anuncios ilegales.
Un informe de la AESAN revela que el 33,5% de los menús escolares en España no son supervisados por nutricionistas acreditados. Además, más del 70% de los comedores escolares incumple las recomendaciones sobre aceites para freír, y un 21,53% no sigue las frecuencias mínimas de alimentos saludables. El estudio destaca que casi el 30% de los centros ofrecen frituras en exceso y que ha disminuido la oferta de agua como única bebida durante las comidas. Estas cifras impulsan al Ministerio de Derechos Sociales a tramitar un Real Decreto para establecer pautas más estrictas en los comedores escolares.
El Real Decreto de comedores escolares, presentado por el ministro Bustinduy, busca garantizar el consumo diario de frutas y verduras en las escuelas y prohibir las bebidas azucaradas durante las comidas. Esta medida se enmarca en los esfuerzos para combatir la obesidad infantil, especialmente en familias de bajos ingresos, que enfrentan mayores problemas de salud relacionados con la alimentación. Según el estudio ALADINO, solo un tercio de las familias considera que la comida escolar es de calidad. El decreto también promoverá estándares alimentarios establecidos por la OMS y priorizará el uso de productos locales y sostenibles. La iniciativa tiene como objetivo asegurar una dieta equilibrada para todos los niños y niñas en España.
La Dirección General de Consumo ha iniciado un expediente sancionador contra una plataforma de alquiler de pisos turísticos por no retirar miles de anuncios con publicidad ilícita. La investigación, que comenzó en junio, reveló que la plataforma mantenía anuncios sin el número de licencia requerido, lo que podría constituir infracciones graves bajo la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Las multas podrían alcanzar hasta 100.000 euros o más, dependiendo del beneficio ilícito obtenido. Esta acción se enmarca en un esfuerzo mayor del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo para abordar irregularidades en el sector de la vivienda y proteger los derechos de los consumidores en España.
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