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Arcópoli condena las críticas del alcalde de Madrid a la Ley Trans

09/09/2025@13:38:33

Arcópoli ha manifestado su rechazo a las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien culpó a la Ley Trans de la falta de bomberos en la ciudad y la calificó de "infame". La organización defiende que esta ley busca dignificar la vida de las personas trans y critica que se utilicen sus derechos como chivo expiatorio para problemas estructurales. Arcópoli exige una rectificación inmediata del alcalde y subraya que los derechos de las personas trans no deben ser cuestionados por posibles fraudes. La organización recuerda que las personas trans son uno de los grupos más vulnerables dentro del colectivo LGTBI+.

Arcópoli se opone a la derogación de la Ley Trans propuesta por Feijóo

Arcópoli se posiciona firmemente contra la intención de Alberto Núñez Feijóo de derogar la Ley Trans, que garantiza derechos fundamentales para las personas LGTBI+. Este anuncio representa un retroceso significativo en la igualdad y dignidad de este colectivo, ya que la Ley 4/2023 es un avance crucial tras años de marginación. Arcópoli denuncia que esta iniciativa del Partido Popular refleja una falta de compromiso con los principios democráticos y advierte sobre las consecuencias de deslegitimar a un grupo vulnerable. La organización reafirma su compromiso de defender los derechos LGTBI+, considerando que estas conquistas son irrenunciables y deben ser protegidas frente a cualquier intento de retroceso legislativo.

Así es la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans

El Consejo de Ministros ha presentado el Anteproyecto de Ley de igualdad Real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, elaborado por los ministerios de Igualdad y Justicia y coordinado por la vicepresidencia primera.
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El Constitucional mantiene suspendida la Ley Trans de Ayuso

El tribunal mantiene la suspensión de las dos normas de la Comunidad de Madrid, popularizadas como 'ley Trans' y 'ley LGTBI', recurridas por el Gobierno y el Defensor del Pueblo.