La Audiencia Nacional ha anulado las multas de 10,4 millones de euros impuestas a Deloitte y su socio auditor Francisco C. por la auditoría realizada a Bankia en 2011. La sanción original, dictada en 2014 por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), se debió a supuestas infracciones en la auditoría de los estados financieros de Bankia. Sin embargo, el tribunal concluyó que no hubo vulneración del deber de independencia ni irregularidades contables, respaldando su decisión en la absolución previa de todos los acusados en un juicio penal relacionado. La sentencia también desestima otras dos sanciones por incumplimiento de normas técnicas de auditoría, considerando que los trabajos realizados estaban dentro del marco legal y supervisados por reguladores como el Banco de España y la CNMV.
La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha absuelto a un hombre acusado de agredir sexualmente a su expareja, argumentando que la versión de la mujer presenta "profundas contradicciones" y carece de consistencia. La denuncia, relacionada con un incidente ocurrido en septiembre de 2020, fue desestimada tras un análisis detallado que reveló cambios en el relato de la denunciante y falta de corroboración. El tribunal subrayó que para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado se requiere una prueba contundente, lo cual no se logró en este caso. La sentencia no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
El Tribunal Superior de Navarra ha confirmado la condena a cinco personas por contrabando de tabaco, con penas que oscilan entre 2 años y 6 meses y 5 años de prisión. La sentencia ratifica las decisiones previas de la Audiencia Provincial, que impuso penas por delitos de contrabando y contra la propiedad industrial. Se incautaron más de 3 millones de cajetillas de tabaco y 30 millones de gramos de hoja y picadura, con un valor total en el mercado superior a 15 millones de euros. Los acusados operaban en varias naves industriales y utilizaban métodos ocultos para llevar a cabo su actividad ilegal. La deuda tributaria no ingresada asciende a más de 51 millones de euros. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
La sentencia, dictada tras una conformidad entre las partes, contempla las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas. El hombre mantuvo relaciones sexuales con la víctima pese a que sabía que tenía 15 años.
El pasado mes de febrero, la organización pidió amparo a Estrasburgo tras la última sentencia del Tribunal Supremo, que otorga competencias judiciales al Ayuntamiento de Carboneras (Almería). Es la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite una demanda presentada por Greenpeace España.
El acusado reclamaba en su recurso que se apreciase la eximente incompleta de trastorno mental transitorio o, alternativamente, la circunstancia atenuante de obcecación.
Los inculpados, que acusaron al docente de haber agarrado fuerte del brazo y haberle producido unos arañazos a su hijo y nieto, le empujaron, le llamaron “chulo” y “racista” y le amenazaron. En la sentencia, dictada de conformidad por el Juzgado de lo Penal nº 4 de Pamplona, el padre aceptó una pena de 18 meses de prisión y el abuelo de 6 meses.
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El Tribunal Constitucional ha fallado a favor del activismo LGTBI, permitiendo que las asociaciones puedan personarse en defensa de los derechos del colectivo. COGAM, el Colectivo LGTBI+ de Madrid, celebra esta decisión que anula la limitación impuesta por una reforma de la Ley LGTBI en la Comunidad. Esta sentencia refuerza el papel de las organizaciones en la protección y promoción de los derechos LGTBI.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena de 19 años y 3 meses de prisión a un hombre por el asesinato de otro en Palma del Río, Córdoba, en julio de 2019. La sentencia desestima el recurso de apelación presentado por la defensa, que alegaba falta de pruebas suficientes. El jurado popular determinó que el acusado disparó hasta cinco veces contra la víctima desde su vehículo, quien no tuvo oportunidad de defenderse. Además, se le impone una indemnización a la familia de la víctima por un total de 269.419,75 euros. Esta decisión del TSJA no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la condena a la Consejería de Educación por cesión ilegal de trabajadores, en un caso que afecta a una técnica de educación especial que trabajó más de diez años con contratos temporales. La sentencia reconoce su condición de trabajadora de la Consejería y ordena el pago de 20.998,25 euros en diferencias salariales desde enero de 2019 hasta octubre de 2022. El tribunal destaca que la labor se realizó bajo las directrices del personal educativo en centros docentes, lo que evidencia la cesión ilegal. Esta resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
Acepta así tres años de prisión por intentar matar a su compañero de piso en Alicante. La sentencia relata que le clavó un machete de 16,5 centímetros de hoja “porque no dejaba de molestarle”.
El tribunal absuelve al joven acusado porque la figura del testigo-coimputado “no se encuentra regulada” legalmente y no se han determinado por el Tribunal Supremo las consecuencias de faltar a la verdad en su declaración. También absuelve a su madre porque “no mintió en cuestiones trascendentales” para la resolución del asunto y, además, no fue advertida de la dispensa de no contestar a preguntas que pudieran perjudicar a su hijo.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado sentencia (número 471/2023) resolviendo los recursos de casación interpuestos contra la sentencia número 401/2021 de 19/09/2021 de la Sección Décimo séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, en el caso conocido como “El Pequeño Nicolás”, y ha resuelto absolver a Francisco Nicolás G.I. de los delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho activo y al agente de policía local Jorge G.H. del delito de cohecho pasivo por el que fueron condenados.
La sentencia, dimanante del veredicto de culpabilidad emitido por un tribunal popular, aprecia en la acción criminal la agravante de parentesco y la atenuante de confesión.
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