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Greenpeace

El Gobierno de España sigue apostando por una obsoleta política de infraestructuras sin considerar aspectos clave, como la crisis climática o el necesario trasvase de mercancías al ferrocarril.

A lo largo de 2021 han crecido los impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, sin que los gobiernos nacionales ni la COP26 hayan dado los pasos suficientes para su mitigación. En lo positivo, aumenta la oposición a la ganadería industrial con las primeras moratorias, la energía eólica ha superado a la nuclear y los litigios climáticos contra los gobiernos toman fuerza en los tribunales de distintos países.

Casi dos tercios de todas las misiones militares de la UE vigilan y aseguran la producción y el transporte de petróleo y gas a Europa.

El texto debe ser mucho más sólido en materia de financiación y adaptación, y debe incluir cifras reales y un plan de ejecución para que los países más ricos apoyen a las naciones menos desarrolladas. Greenpeace recuerda que las y los ministros ahora tienen tres días para mejorar el texto y hacer el trabajo aquí en Glasgow en lugar de dar una patada hacia delante al clima una vez más.

La COP26 está siendo testigo de una oleada de anuncios sobre los bosques, entre ellos un nuevo acuerdo entre los gobiernos, incluido el de Brasil, para detener y revertir la deforestación para 2030. Pero Greenpeace critica el anuncio como una luz verde para otra década de destrucción de los bosques.

Este proyecto piloto, basado en la producción de energía solar en el tejado de un colegio para compartir la electricidad con las familias, aspira a ser replicado en más de 9.000 colegios públicos. Ante la ausencia actual de financiación institucional, el proyecto ha optado por el crowdfunding social y pide colaboración ciudadana para su arranque.

CEAR y Greenpeace han presentado un informe que analiza la relación de la crisis climática con los desplazamientos internos y las migraciones internacionales. Piden al Gobierno y a las instituciones europeas mayor ambición en los objetivos de reducción de emisiones, una colaboración estrecha con los países más afectados y el establecimiento de vías migratorias legales y seguras, así como el reconocimiento de su condición de refugiadas a quienes se ven obligadas a huir por estas razones.

No hay tiempo para seguir apoyando a los combustibles fósiles ante la crisis climática. Los hogares saldrán perdiendo, ya que el gas encarece los precios de la factura de la luz y de la calefacción.

El sector agrícola emitió en 2020 el 14,1% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. La descarbonización, acabar con el robo y la contaminación del agua, apostar por la pesca sostenible, avanzar en equidad de género y poner fin a la explotación laboral de migrantes, entre las principales propuestas de Greenpeace.

La organización ecologista está en las calles de Madrid desde hoy con una campaña en mupis digitales, marquesinas y autobuses que reclama al Gobierno un mayor compromiso con una recuperación verde y justa.

El primer borrador de texto de la declaración final de Glasgow no contiene ninguna mención a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, en contra de las indicaciones de los expertos. Normalmente, el primero es relativamente ambicioso y se va debilitando en la segunda semana, lo que no augura nada bueno.

La conferencia sobre el clima de Glasgow es “una prueba de quiénes somos como humanos”, según la directora ejecutiva de Greenpeace Internacional, Jennifer Morgan.

Un artículo publicado en la revista ‘Global Environmental Change’ revela que TotalEnergies conocía la posibilidad de un cambio climático sin precedentes debido a la producción de combustibles fósiles ya en 1971. Tras las revelaciones, Notre Affaire à Tous y 350.org piden que se responsabilice a la multinacional por su comportamiento pasado y presente en la crisis climática.

Las Directrices elaboradas por MITERD, de carácter voluntario y orientativo, son un documento bien intencionado, pero, en la práctica, ineficaz. Varias organizaciones han presentado alegaciones al Ministerio demandando un Real Decreto que incluya contenidos mínimos obligatorios y con criterios adaptados a las nuevas recomendaciones de calidad del aire fijadas por la OMS.

Las organizaciones ambientales consideran que el anteproyecto de ley no resulta lo suficientemente ambicioso para dar una respuesta adecuada a la crisis global de pérdida de biodiversidad y a la emergencia climática.