Cristina Arjona, portavoz del Área de Clima y Energía de Greenpeace, ha reaccionado positivamente a la presentación del Plan Social para el Clima por parte del Gobierno español. Destacó que este anuncio es una buena noticia esperada durante casi un año. Arjona enfatizó la importancia de que las medidas incluidas en el plan beneficien a las personas vulnerables en el transporte y faciliten la rehabilitación energética de viviendas. También instó a todos los partidos políticos a apoyar la transposición de la nueva Directiva de ETS, cuyo avance es crucial para acceder a los fondos europeos destinados al Fondo Social por el Clima.
El apagón del 28 de abril de 2025 provocó un aumento del 39% en el gasto en gas, costando entre 422 y 1.500 millones de euros a los consumidores, según el "Anuario crítico del gas fósil" publicado por la red Gas No Es Solución, que incluye a Greenpeace. El informe destaca un incremento del consumo de gas en un 6,2% respecto al año anterior, impulsado por el uso intensivo del sistema eléctrico, lo que también resultó en un aumento del 16% en las emisiones. Además, se señala una creciente dependencia del gas importado de Estados Unidos, vinculado al fracking, lo que plantea serios riesgos ambientales y sociales. Las organizaciones exigen la eliminación gradual del gas fósil para 2035 y regulaciones más estrictas sobre las importaciones de metano.
La Comisión Europea ha aprobado la ley de protección forestal (EUDR), que entrará en vigor el 30 de diciembre de 2023, pero ha generado controversia al proponer una exención para el cuero y productos derivados. Esta decisión es criticada por organizaciones como Greenpeace, que destacan que la producción de cuero está estrechamente relacionada con la deforestación, especialmente en la Amazonía brasileña, donde la expansión de pastos para ganado ha sido responsable del 42% de la deforestación mundial entre 2001 y 2022. La ley se considera crucial para proteger los bosques globalmente, y se espera que gobiernos y empresas se preparen para su implementación. Sin embargo, se hace un llamado a los gobiernos de la UE y al Parlamento Europeo para que rechacen esta excepción y mantengan el compromiso con la protección ambiental.
Greenpeace ha denunciado el uso del miedo al apagón eléctrico como estrategia del lobby del gas y la energía nuclear para frenar las energías renovables en España. En el primer aniversario del gran apagón, la organización ecologista refuta los argumentos de empresas del oligopolio energético y del Partido Popular, que culpan a las energías renovables de la crisis eléctrica. Según Greenpeace, la verdadera amenaza radica en la dependencia de combustibles fósiles y nucleares. La organización aboga por un sistema energético 100% renovable y eficiente, destacando que es posible abandonar estos combustibles para 2040 sin sufrir apagones. Además, señala que las centrales nucleares y de gas no cumplieron con su deber durante el apagón, lo que pone de manifiesto la necesidad de limitar el poder del oligopolio energético.
Greenpeace ha desplegado una pancarta gigante de Donald Trump vomitando petróleo en la Plaza de Colón, Madrid, para exigir el abandono de los combustibles fósiles. Esta acción coincide con la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que se celebra del 24 al 29 de abril en Santa Marta, Colombia, donde más de 50 países discutirán un plan global para dejar atrás el petróleo, gas y carbón. La organización ecologista insta al Gobierno español a liderar este cambio y propone un sistema energético 100% renovable para 2040 en la península Ibérica. Greenpeace destaca que es urgente desengancharse de los combustibles fósiles para garantizar seguridad y bienestar, además de combatir el cambio climático.
Greenpeace ha presentado un informe que demuestra que España y Portugal pueden alcanzar emisiones cero en 2040, diez años antes de lo acordado por la Unión Europea. Este estudio se lanza en vísperas de la Cumbre de Santa Marta en Colombia y propone un sistema energético que reduce el uso de energía en un 39% respecto al consumo actual, cubriendo el 100% de la demanda con energías renovables. El informe destaca la importancia de los conceptos de 'suficiencia' y 'eficiencia' para mejorar la calidad de vida y minimizar el impacto ambiental. Además, se estima que esta transición podría ahorrar a España 25 mil millones de euros anuales en inversiones energéticas. Greenpeace insta al gobierno español a liderar el abandono global de combustibles fósiles y a implementar un "Contrato Social Verde" para acelerar la transición energética.
Greenpeace ha subrayado la necesidad urgente de abandonar los combustibles fósiles como una estrategia clave para enfrentar tanto las guerras como el cambio climático. En el contexto del conflicto en Irán, las grandes petroleras han visto un incremento significativo en su valor de mercado, lo que resalta la relación entre la industria fósil y la especulación bélica. La organización ambientalista exige al Gobierno español un liderazgo claro en la próxima Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que se llevará a cabo en Colombia. Greenpeace propone un plan integral que incluya un sistema energético 100% renovable, transporte público sostenible y un modelo agroalimentario ecológico. Estas medidas son fundamentales para garantizar una vida más justa y reducir la dependencia de fuentes de energía contaminantes que perpetúan conflictos y desigualdades.
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Un estudio de Greenpeace Internacional ha encontrado microplásticos en alimentos para bebés de las marcas Nestlé y Danone, envasados en bolsas de plástico flexible. Este hallazgo genera preocupaciones sobre la seguridad de estos productos dirigidos a una población vulnerable. El informe revela que cada gramo de comida puede contener hasta 99 partículas de microplásticos, exponiendo a los bebés a miles de fragmentos plásticos por ración. Greenpeace exige que estas empresas analicen sus productos y eliminen progresivamente los envases plásticos, mientras insta al Gobierno a adoptar medidas más estrictas contra la contaminación por plásticos.
Repsol y otras grandes petroleras europeas, como Shell y Total Energies, han reportado beneficios récord en el primer trimestre de 2026, superando los 19.000 millones de dólares en conjunto, un aumento del 80% respecto al trimestre anterior. Repsol, específicamente, obtuvo 929 millones de euros, un incremento del 153% en comparación con el mismo periodo de 2025. Este auge en las ganancias se produce en medio de la crisis energética derivada del conflicto en Irán, que ha elevado los precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril. Greenpeace critica esta situación y exige la implementación de impuestos permanentes sobre los beneficios extraordinarios de estas empresas para financiar una transición hacia energías renovables y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Greenpeace ha denunciado que los partidos PP, Vox y Junts han rechazado un decreto en el Congreso que buscaba prorrogar contratos de alquiler y proteger a los inquilinos de subidas abusivas. La organización critica que estos partidos priorizan los intereses de especuladores de la vivienda, ignorando el derecho constitucional a una vivienda digna. En un contexto de crisis inflacionaria derivada de la guerra en Irán, Greenpeace exige medidas efectivas para combatir la especulación inmobiliaria y propone un “escudo social verde” que garantice acceso a viviendas rehabilitadas y eficientes energéticamente.
Ecologistas en Acción y Greenpeace han denunciado la mala calidad del aire en los entornos escolares de Murcia, donde los niveles de dióxido de nitrógeno superan las recomendaciones de la OMS. Durante una acción frente a varios centros educativos, activistas con trajes de seguridad y mascarillas exigieron vías escolares seguras, pacificación del tráfico y un transporte público más eficiente. Un informe revela que todos los centros analizados exceden el límite anual recomendado y que algunos incluso sobrepasan los límites legales actuales. Las organizaciones piden al Ayuntamiento medidas estructurales para mejorar la movilidad urbana y proteger la salud infantil.
Greenpeace ha solicitado al Gobierno español que implemente más medidas para frenar la especulación inmobiliaria y destine mayores recursos a la rehabilitación de viviendas, especialmente en el contexto de la creciente inflación energética. Aunque celebra la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, la organización considera insuficientes las metas establecidas, proponiendo multiplicarlas por diez para alcanzar un total de 10 millones de viviendas rehabilitadas hasta 2040. Greenpeace destaca que la vivienda es un derecho constitucional y critica las subvenciones a combustibles fósiles, sugiriendo que una inversión pública sostenida podría reducir significativamente las emisiones y generar empleo en el sector de rehabilitación.
Greenpeace ha anunciado que su barco, el Arctic Sunrise, se unirá a la Global Sumud Flotilla hacia Gaza, que zarpará desde Barcelona el 12 de abril de 2026. Esta flotilla, compuesta por más de 70 embarcaciones, busca desafiar el bloqueo ilegal impuesto a Gaza por Israel y proporcionar apoyo marítimo y logístico. La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, destacó la importancia de esta misión en un contexto de escalada bélica en Oriente Medio. La flotilla responde a un llamamiento de la población palestina y tiene como objetivo exigir acceso humanitario seguro a Gaza. En su última edición, la flotilla fue interceptada por fuerzas israelíes, lo que resalta la tensión en la región.
Greenpeace ha instado a los gobiernos a frenar el lobby empresarial en las negociaciones de la primera Conferencia de las Partes (COP) de océanos, que se celebra en la sede de la ONU en Nueva York. Estas conversaciones son cruciales para abordar el impacto destructivo de la pesca industrial en alta mar, que amenaza gravemente la biodiversidad marina. La organización exige que se limite la influencia del sector pesquero en la creación de santuarios marinos, necesarios para la recuperación del océano. Los gobiernos se han comprometido a proteger el 30% del océano en los próximos cuatro años, un objetivo mínimo para restaurar su salud tras años de explotación.
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