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Greenpeace

En el marco de su campaña #HablaRural, y continuando su denuncia por los graves daños ambientales de la ganadería industrial, Greenpeace lanza su proyecto “Sin agua no hay pueblos. El agua limpia es un derecho” para poner en marcha una red ciudadana de vigilancia de la contaminación del agua por nitratos a nivel estatal.

Greenpeace condena enérgicamente la decisión del Gobierno japonés de arrojar los más de 1,23 millones de toneladas de aguas residuales radiactivas almacenadas en tanques en la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi en el océano Pacífico.

Estados Unidos e Italia han anunciado la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que encabezan la coalición que bombardea Yemen donde desde 2015 han muerto más de 12.000 civiles y al menos cuatro millones de personas han tenido que huir de sus hogares.

Tras un año de su aplicación masiva, Greenpeace analiza el impacto que tendría ampliar el teletrabajo sobre la contaminación de Madrid y Barcelona. La población que más utiliza el coche (varones, de mediana edad, con rentas altas y estudios superiores) son quienes, precisamente, más podrían teletrabajar, algo que puede ayudar a la descarbonización, aunque pide mejorar la movilidad sostenible para quienes no puedan trabajar desde casa.

Greenpeace valora con extrema preocupación los datos del Informe de Síntesis de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que recoge las Contribuciones Nacionales (NDC por sus siglas en inglés), es decir, los compromisos que cada país ha presentado en su lucha contra el cambio climático.

Según un análisis de la Climate Action Network y Bankwatch, España incumple todos los requisitos demandados por la Comisión Europea para la participación pública en los Planes de Recuperación Nacionales. "Los fondos europeos suponen una oportunidad única para impulsar la transformación del sistema que obligan a poner en marcha procesos de participación pública", destaca Greenpeace, que insiste en la necesidad de caminar hacia una Recuperación Verde y Justa que sería viable con una inversión equivalente al 4,8% del PIB en los próximos 4 años.

Con motivo del inicio este jueves de la ponencia en el Congreso sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Greenpeace advierte del grave riesgo de que la ley quede reducida a un documento intrascendente, si los partidos ceden a las presiones de los lobbies industriales como el del gas, en perjuicio del medio ambiente y de la ciudadanía.

Concentrados frente al Congreso de los Diputados, varios activistas de diversas organizaciones, entre las que se cuenta ATTAC, Amigos de la Tierra, Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, Ecologistas en Acción, Extinction Rebellion, Feministas por el Clima, Greenpeace, Juventud por el Clima–Fridays for Future, Observatorio de Multinacionales en América Latina–Paz con Dignidad, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Plataforma contra los Fondos Buitre y Red Ecofeminista, han representado el «reparto del pastel» en referencia a la previsible adjudicación desigual de los fondos de recuperación europeos tras la crisis de la COVID–19.

Activistas a bordo del icónico barco Rainbow Warrior de Greenpeace han realizado la primera acción en alta mar contra una de las empresas que se preparan para minar el lecho marino del océano Pacífico. Los activistas han desplegado una pancarta con el mensaje “Stop a la minería marina de profundidad (Stop Deep Sea Mining)” frente a un barco fletado por DeepGreen, una de las empresas que encabeza la minería marina en aguas profundas y sobre ecosistemas apenas conocidos.

A primera hora de la mañana, activistas de Greenpeace han cerrado el acceso de la central nuclear de Cofrentes (Valencia), para pedir al Gobierno que no repita el error cometido hace 10 años al conceder una nueva licencia de funcionamiento a la central.

10º aniversario del accidente de Fukushima

Greenpeace ha documentado los 840 kilómetros cuadrados del Área Especial de Descontaminación a través de 32 investigaciones durante 10 años. Los informes también certifican que el desmantelamiento de Fukushima Daiichi es inalcanzable.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF alertan sobre la argumentación que la multinacional australiana Berkeley defiende para llevar a cabo la apertura de la mina. Las cinco grandes organizaciones ecologistas defienden que lo que hace falta son trabajos estables duraderos y sostenibles en la zona y no contraponer desarrollo y empleo a la conservación de la naturaleza.

Organizaciones estatales y de diferentes territorios del estado se aúnan en un paso histórico para exigir a la vicepresidenta Ribera y al Ejecutivo español un cambio de rumbo inmediato. La normativa europea exigía a España reutilizar y reciclar el 50% de los residuos municipales en 2020, un objetivo que la denuncia ante la Comisión Europea demuestra que no se va a cumplir ya que se sitúa por debajo del 35%. La queja ha sido aceptada a trámite hoy mismo.

Ecoembes pretende extender su sistema Reciclos a todo el Estado. Un modelo sumamente complejo, costoso e ineficiente, planteado para boicotear e impedir la implantación de un verdadero sistema de retorno y devolución de envases (SDDR) que funciona ya con éxito en más de 40 países y regiones del mundo.

a organización ecologista Greenpeace ha presentado el documento Propuestas de Greenpeace para las elecciones al Parlamento de Catalunya. (De la crisis ecológica a la COVID-19. Urge una transformación del sistema), en el que se plantean una serie de medidas para poner en marcha una transformación del sistema en clave verde y social.