Toni Valero, diputado de Izquierda Unida, ha presentado en el Congreso una iniciativa para crear un "registro público de alquiler" que busque aumentar la transparencia en el mercado del alquiler residencial en España. Esta propuesta tiene como objetivo recopilar información actualizada sobre los contratos de arrendamiento y monitorizar la evolución de la oferta. Valero denuncia la crisis habitacional que afecta a muchas ciudades y critica la falta de acción del Partido Popular en materia de vivienda. La iniciativa también incluye medidas para identificar viviendas vacías mediante el cruce de datos con el Catastro Inmobiliario. Se espera que este registro ayude a desarrollar políticas públicas efectivas para facilitar el acceso a la vivienda.
El diputado de Izquierda Unida, Toni Valero, ha presentado en el Congreso una iniciativa que busca establecer un “registro público de alquiler residencial”. Este registro tiene como objetivo aportar transparencia al sector de arrendamientos en España, especificando los tipos de contrato y permitiendo una mejor monitorización de la oferta de alquiler.
Valero destacó que la propuesta se dirige al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, instando a su implementación para abordar la opacidad que caracteriza actualmente el mercado del alquiler. Según el diputado, esta falta de claridad impacta negativamente en los precios finales que enfrentan los inquilinos. “Es necesario intervenir en el mercado inmobiliario desde todos los frentes para hacer frente a la lucha por el acceso a la vivienda”, afirmó.
El parlamentario malagueño subrayó que es fundamental contar con información precisa para que las administraciones puedan desarrollar políticas públicas efectivas en este ámbito. En contraste, actualmente son empresas privadas como Fotocasa o Idealista las encargadas de proporcionar datos sobre la evolución de los precios.
Valero también hizo hincapié en la “crisis habitacional sin precedentes” que afecta a muchas ciudades españolas, lo cual vulnera el derecho a la vivienda. Este problema tiene graves repercusiones en colectivos vulnerables, especialmente entre los jóvenes, cuya tasa de emancipación ronda el 14,8%, así como en familias trabajadoras.