Greenpeace ha denunciado que los partidos PP, Vox y Junts han rechazado un decreto en el Congreso que buscaba prorrogar contratos de alquiler y proteger a los inquilinos de subidas abusivas. La organización critica que estos partidos priorizan los intereses de especuladores de la vivienda, ignorando el derecho constitucional a una vivienda digna. En un contexto de crisis inflacionaria derivada de la guerra en Irán, Greenpeace exige medidas efectivas para combatir la especulación inmobiliaria y propone un “escudo social verde” que garantice acceso a viviendas rehabilitadas y eficientes energéticamente.
Greenpeace ha expresado su descontento tras la reciente votación en el Congreso sobre un decreto que proponía la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, con el fin de proteger a los inquilinos de subidas abusivas. Esta iniciativa fue rechazada por los partidos PP, Vox y Junts, lo que ha llevado a la organización ecologista a acusar a estos grupos políticos de favorecer los intereses de grandes especuladores inmobiliarios, dejando de lado el derecho constitucional de la ciudadanía a una vivienda digna.
María Prado, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, declaró: “La votación en contra de algunos grupos políticos hoy resulta injustificable y demuestra una falta de responsabilidad y humanidad hacia millones de personas. Nuestra clase política no puede seguir ignorando la urgencia de avanzar en derechos para garantizar una vivienda digna. Ante su falta de acciones contundentes, especuladores de la vivienda y de los combustibles fósiles campan a sus anchas a costa del sufrimiento de la ciudadanía. Instamos a todas las personas a seguir movilizándose en favor de sus derechos, denunciar los abusos y castigar con su voto a las formaciones que defienden la agenda de los fondos buitre y los grandes tenedores.”
En medio del aumento del coste de vida provocado por la guerra ilegal en Irán, el decreto buscaba extender hasta finales de 2027 el límite para actualizar los precios del alquiler durante la renovación de contratos, fijándolo en un máximo del 2%. Esta medida estaba diseñada para proteger aproximadamente a tres millones de inquilinos frente a incrementos desmedidos.
Greenpeace exige acciones decisivas para erradicar la especulación en el sector inmobiliario y evitar que grandes propietarios continúen acumulando beneficios mientras muchos ciudadanos ven vulnerados sus derechos fundamentales relacionados con la vivienda.
La organización también destaca que el sector vivienda representa el 30% del consumo final de energía, lo que significa que muchas familias dependen económicamente de combustibles fósiles costosos y volátiles. Esta situación se agrava debido al bajo rendimiento energético del parque inmobiliario envejecido y mal aislado, así como a la dependencia del gas o gasóleo para calefacción y electricidad.
Por ello, Greenpeace insta a las administraciones a implementar un “escudo social verde”, que garantice el acceso a una vivienda digna. Este enfoque pone énfasis en la rehabilitación energética de las viviendas, mejorando su aislamiento y reduciendo así las facturas energéticas. Además, promueve la eficiencia energética mediante electrificación y el uso de energías renovables autóctonas, como bombas de calor/frío y autoconsumo solar.
Greenpeace denuncia que los partidos PP, VOX y Junts han rechazado un decreto para la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, lo que privilegia los intereses de los grandes especuladores de la vivienda y da la espalda a la ciudadanía en su derecho a una vivienda digna.
El decreto buscaba extender hasta finales de 2027 el límite a la actualización de los precios del alquiler en la renovación de contratos, fijándolo en un máximo del 2%, para proteger a aproximadamente tres millones de inquilinos de incrementos abusivos.
Greenpeace afirma que la falta de acción política permite que los especuladores de la vivienda y los combustibles fósiles actúen sin restricciones, causando sufrimiento a la ciudadanía. La organización insta a movilizarse en favor de sus derechos y castigar con el voto a quienes defienden estos intereses.
La crisis inflacionaria, exacerbada por la guerra en Irán, ha aumentado el costo de vida y afecta directamente el acceso a una vivienda digna. Greenpeace destaca que el sector de la vivienda representa el 30% del consumo final de energía, lo que impacta las facturas energéticas de muchas familias.
Greenpeace demanda medidas contundentes contra la especulación inmobiliaria y sugiere implementar un "escudo social verde" que garantice el acceso a una vivienda digna. Esto incluiría rehabilitación energética de viviendas para mejorar su aislamiento y reducir costos energéticos mediante energías renovables.