Rodríguez ha comparecido acompañada por la vicepresidenta 3ª y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que ha sido la encargada de explicar el Plan que incluye medidas para frenar el recibo de la luz y limitar también el recibo del gas.
El Plan completa las iniciativas aprobadas por el Gobierno que pretenden una transformación completa del sector energético, para garantizar la soberanía en un ámbito tan estratégico como es este.
La ministra Portavoz ha asegurado que el objetivo de las medidas del gobierno es abaratar el precio de la luz es dar tranquilidad, seguridad y certidumbre a hogares y empresas.
Intervención de Teresa Ribera
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presentado el Plan de choque que incluye una serie de medidas sociales, fiscales y medioambientales para rebajar la factura de todos los consumidores, dar más protección a los vulnerables e impulsar la recuperación económica. Ha destacado que “es importante que estas medidas sean solventes y compatibles con el marco europeo y español”.
Un Plan, que, en palabras de la ministra, “responde a una situación extraordinaria en un momento extraordinario, que respeta la rentabilidad de las empresas y beneficia a los consumidores, tanto familias como pymes”. El Plan se mantendrá en vigor, en principio hasta marzo de 2022.
Incluye medidas que limitarán el impacto del coste de gas en la tarifa regulada durante los próximos seis meses, garantizando un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables que ven ampliada la prohibición de cortes de servicio.
Otro de los puntos de este Plan de choque afecta a las confederaciones hidrográficas que fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar. “Hemos insistido en la importancia de dar una respuesta coordinada a nivel europeo y lo hacemos respetando la rentabilidad y el beneficio de los consumidores”, ha señado Ribera, ”sin olvidarnos del medio ambiente”.
Este plan de choque cuenta con una serie de medidas fiscales: el impuesto Especial de la Electricidad baja del 5,1 al 0,5%, prorroga la suspensión del impuesto del 7% a la generación de electricidad e inyectan 900 millones de euros adicionales de las subastas de CO2 para rebajar el coste de la electricidad.
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