Hablamos de tres contratos de obras de emergencia que realizó el equipo de Gobierno del PP entre los años 2015 y 2018, y que recuerda, ejecutó la empresa Aqualia.
Valverde sostiene que “se realizaron por el procedimiento de emergencia, es decir: sin concurso, sin publicidad y sin concurrencia, cuando tal emergencia no estuvo suficientemente justificada, lo que motivó nuestra denuncia”.
Cabe recordar que el Grupo Socialista presentó una primera denuncia en el juzgado sobre este caso frente a los miembros del equipo de Gobierno del PP que intervinieron en los procedimientos: el anterior alcalde, en su calidad de alcalde, Ramón Fernández Pacheco; la actual alcaldesa María Vázquez en su condición de concejal de Economía, Contratación e Informática en la época en la que se produjeron los contratos; Manuel Guzmán, actual parlamentario andaluz y en aquella época segundo teniente de alcalde y Juan José Alonso, que fue concejal de servicios municipales y, por tanto, competente en la concesión del servicio municipal de aguas que gestiona la empresa Aqualia.
La denuncia ha sido ampliada porque “hemos recabado nuevas pruebas que también hemos presentado en el juzgado”.
“Fueron tres actuaciones que tuvieron un presupuesto de más de 5 millones de euros y que se tramitaron por el procedimiento de emergencia cuando, según la información recopilada y puesta a disposición del juzgado, ninguna de esas obras cumplía los requisitos para ser declarada de emergencia y por tanto ser adjudicada a dedo”.
La portavoz socialista ha explicado que “una tramitación de emergencia se ampara en acontecimientos de extrema gravedad sobrevenidos que requieren una actuación inminente y, por ello, en esos casos se dejan a un lado las exigencias administrativas para que se pueda actuar lo más rápidamente posible por parte de la administración”.
No obstante, ha hecho hincapié en que “estos tres contratos, por más de 5 millones de euros, se hicieron eludiendo los principios de concurrencia, publicidad e igualdad sin que estuviera suficientemente justificada la emergencia de los mismos, por lo que desde el PSOE en el Ayuntamiento de Almería denunciamos una deliberada intención de adjudicar las obras por ese procedimiento de emergencia con el único fin de eludir la concurrencia pública en la licitación y adjudicar las obras a quien el equipo de Gobierno del PP estimó conveniente”.
Por tanto, ha asegurado que “desde que la empresa comunicó las averías, anomalías o incidencias que había que resolver en los expedientes de los digestores A y B hasta que se declara la emergencia de las actuaciones pasan varios meses en los que se podría haber realizado el procedimiento por los cauces ordinarios que prevé la Ley de Contratos”, reiterando que “volvemos a denunciar una vez más cómo el PP gestiona el Ayuntamiento de Almería, sin ningún tipo de respeto al cumplimiento de los procedimientos ni a la ley”, añadiendo que “en este caso estamos convencidos de que se adjudicaron las obras por el procedimiento de emergencia con la intención clara y manifiesta de evitar la concurrencia de ofertas y que fuese Aqualia la única empresa beneficiaria”.
Durante este proceso, según la información recopilada en su día por el PSOE y que ahora también expone Nueva Tribuna, funcionarios municipales alertaron de que existían “otras formas de llevar a cabo estas obras, a través por ejemplo, del procedimiento negociado, que exige una concurrencia mínima de ofertas”. Adriana Valverde ha reprochado los representantes del PP “que obviaran esos informes técnicos” y que, “de forma unilateral, adjudicaran las obras sin tener ningún tipo de licitación”.
Asimismo, ha desvelado que se produjo otro “incumplimiento legal” en la tramitación de dichos contratos que también recoge la denuncia, como “el requisito legal de comunicar al Pleno las emergencias adjudicadas, ocultando a todos los grupos políticos la información y obstaculizando nuestra labor de oposición”. Según figura en la denuncia, los hechos pueden ser constitutivos de una presunto delito de prevaricación . En relación con la ampliación de la denuncia, ha precisado que el Grupo Socialista ha estado estudiando documentación en la que figuran hasta tres presupuestos diferentes para la membrana del depósito de Aguadulce.
Se trata de una obra que ya estaba en un listado de actuaciones que Aqualia presentó al Ayuntamiento en el año 2005, con un presupuesto de 69.000 euros, pero también vuelve a aparecer en un informe de la empresa Facto depositado en el Registro Mercantil en el año 2014. Finalmente el Ayuntamietno paga 1.129.000 euros por esa obra adjudicada por emergencia, según el certificado de la obra.
La portavoz socialista ha asegurado haber solicitado la documentación al equipo de Gobierno para conocer el porqué de esa diferencia, sin que les haya sido facilitada, por lo que “nos preguntamos dónde está el millón de euros que se ha pagado de más en este expediente de la membrana”, ha declarado. Para Adriana Valverde, “nos encontramos ante otro ejemplo más, este especialmente grave, muy grave, porque estamos hablando de la adjudicación de un montante económico de más de 5 millones de euros, en el global de todas las obras, adjudicados todos ellos por el equipo de Gobierno del PP, a pesar de contar con informes desfavorables de técnicos municipales”.
La dirigente del PSOE ha destacado que “cuando desde el PSOE hablamos de hacer de Almería una ciudad limpia, por fuera y por dentro, nos referimos precisamente a acabar con estas prácticas presuntamente corruptas”.
Por último, ha aseverado que “si los hechos denunciados finalmente se acreditan podríamos estar ante un saqueo de las arcas públicas municipales en Almería sin precedentes, derivado de 20 años de gobiernos del PP”. “No vamos a permitir actuaciones oscuras en el Ayuntamiento de Almería y vamos a llegar hasta el final porque queremos devolver la confianza a los almerienses y a las empresas en su ayuntamiento”, ha concluido.
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