Inmigracion

Votamos contra el Reglamento de Retornos, con Ceuta invadida, sin viviendas y sin rum-bo

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en Burgos por su implicación en una red que favorecía la inmigración irregular, específicamente mediante el traslado de mujeres embarazadas, principalmente brasileñas, a España. Estas mujeres eran captadas a través de redes sociales y se les ofrecía un servicio integral para facilitar su llegada y el nacimiento de sus hijos en territorio español, lo que les permitía obtener la nacionalidad española. La operación ha revelado prácticas fraudulentas como el uso de contratos de arrendamiento falsos para simular residencia efectiva y facilitar la regularización administrativa de los progenitores. Los detenidos enfrentan múltiples cargos, incluyendo favorecimiento de la inmigración irregular y coacciones. La investigación sigue abierta y podrían haber más arrestos.

El mismo mes en que el Consejo Económico y Social de Castilla y León presentaba, con el respaldo unánime de patronal y sindicatos, un informe que define a la población inmigrante como un “vector demográfico y socioeconómico esencial” para la Comunidad; el PP y Vox cerraban un pacto de gobierno que entrega la competencia de inmigración a la nueva Consejería de Desregulación creada para Vox. Probablemente una de las contradicciones más evidentes que tendrá consecuencias aún por descubrir.

Presumir de crecimiento mientras se pierde poder adquisitivo y productividad.

No tenemos una época de cambios, estamos en un cambio de época.

Más de 7,4 millones de personas extranjeras tienen autorización de residencia en España, según el último informe del Observatorio Permanente de la Inmigración. De este total, el 54% son ciudadanos europeos. A fecha de septiembre de 2025, se registraron 7.426.481 autorizaciones, un incremento del 4,5% respecto al año anterior. Las nacionalidades más representativas son la rumana, italiana y británica. Además, el informe destaca un crecimiento del 8,3% en las autorizaciones de residencia para personas no europeas, impulsado por la directiva de Protección Temporal que benefició a los ucranianos. También se observó un aumento del 8,6% en las autorizaciones de estancia por estudios, con una mayoría proveniente de Colombia y Perú.

En "Un español en Alemania" y Jose Mateos Mariscal, pensamos en escribir historias de emigrantes españoles en Alemania, nada más. Nunca pensé que la retórica antiinmigrante de los Gobiernos europeos y del presidente Donald Trump impulsaría al éxito dicho serial.

El número de personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social en España con autorización por arraigo ha aumentado un 93% en el último año, alcanzando un total de 346.374 afiliados a junio de 2026. Este incremento refleja una mejora significativa en la inserción laboral de este colectivo, que representa el 65% de las personas en edad de trabajar. La ministra Elma Saiz destaca que el arraigo es clave para conectar el mercado laboral con individuos que ya tienen vínculos estables en la sociedad española. Las provincias con mayores aumentos son Huelva y Soria, y se observa que las mujeres constituyen el 45% de los afiliados. Además, Colombia, Marruecos y Perú son los países con mayor representación entre estos trabajadores.

El problema no es Marruecos, sino un Gobierno incompetente, indigno y desleal.

Comencemos por decir las cosas como son. Si quieres un Estado que subvenciona haraganes -coaccionando a sus ciudadanos para que paguen los impuestos necesarios- tienes que saber que atraerás inmigrantes haraganes.

Inmigración sin control, integración fallida y tensiones crecientes.

A finales de diciembre de 2025, el número de personas de nacionalidad ucraniana con autorización de residencia en España alcanzó las 338.576, lo que representa un aumento del 8,1% respecto al año anterior. La mayoría de estas autorizaciones se concedieron por protección temporal, con un notable predominio femenino en la población ucraniana residente. Las provincias de Alicante, Madrid y Barcelona concentran el mayor porcentaje de este colectivo. Además, se ha observado un incremento significativo en la afiliación a la Seguridad Social y cambios en los sectores laborales donde se emplean, destacando construcción y hostelería.

La falta de transparencia y una política de emigración incoherente alimenta el malestar ciudadano.

La Guardia Civil ha desmantelado un grupo criminal en Barcelona dedicado a facilitar la inmigración irregular mediante la creación de parejas de hecho ficticias y empadronamientos falsos. Siete personas han sido detenidas y diez más están bajo investigación por delitos como pertenencia a organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales. La organización cobraba hasta 15.000 euros por cada expediente tramitado, captando migrantes vulnerables y alojándolos en condiciones precarias. La operación, denominada "Retorncat", se originó tras un aumento notable de parejas de hecho irregulares en la región.