pobreza energetica

El Consejo de Ministros ha decidido extender hasta finales de 2026 la protección para consumidores domésticos vulnerables en el ámbito energético, asegurando la continuidad de los suministros básicos y el bono social eléctrico. Esta medida incluye la prohibición de interrumpir servicios esenciales y mantiene descuentos significativos en la factura eléctrica, que alcanzan hasta el 80% para los más necesitados. El bono social térmico también está disponible para ayudar con costos de calefacción y agua caliente. Los beneficiarios deben cumplir ciertos requisitos económicos y pueden solicitar estas ayudas a través de Comercializadores de Referencia. La nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética se implementará entre 2026 y 2030.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado el desarrollo de una nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que se espera esté lista antes de finalizar el año. Durante una reunión con la Plataforma del Tercer Sector y asociaciones de consumidores, Aagesen destacó la necesidad de implementar medidas estructurales en lugar de soluciones temporales, tras los altos precios energéticos de los últimos años. La estrategia buscará mejorar la equidad energética y garantizar que todos los hogares con derecho al bono social accedan efectivamente a él. Además, se propone incluir la pobreza energética como variable en programas de ayudas y utilizar financiación del Plan Social para el Clima para mejorar la eficiencia energética de las viviendas. Esta iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio por asegurar una transición energética centrada en el bienestar del ciudadano.

Un informe de Greenpeace revela que la pobreza energética en verano afecta a una de cada tres familias en España, duplicando la incidencia de invierno. Las altas temperaturas, que alcanzan hasta 48 ºC en viviendas mal aisladas de Málaga, Valencia y Madrid, obligan a muchas familias a elegir entre costosas facturas eléctricas o soportar un calor extremo. Greenpeace exige al Gobierno una rehabilitación masiva de viviendas y la promoción de energías renovables para garantizar el derecho a una vivienda digna y sostenible. La situación es más crítica para las familias vulnerables, especialmente aquellas en régimen de alquiler.

Cruz Roja lanza un llamamiento contra el cambio climático y la pobreza energética, una situación que podría afectar en España hasta un total de 4,5 millones de personas y tratará de llegar a más de 12.000 familias en situación de pobreza energética al año para ayudarlas.