El marino pidió un segundo café sin decir palabra, señal inequívoca de malestar, se le notaba preocupado y comenta:
—Esta sentencia del Tribunal Constitucional, avalando una ley de amnistía pactada por Pedro Sánchez para poder llegar al gobierno, es un mazazo al estado de Derecho, a la división de poderes y una importante pérdida de la calidad democrática. Supone una inflexión institucional, un antes y un después porque socava los cimientos de nuestro sistema de garantías.
Es difícil hablar de esto, con autoridad, sin ser jurista, aunque en ocasiones el sentido común, para no perderse en vericuetos de leguleyos es más importante y útil, porque esta iniquidad no reside únicamente en el fondo jurídico, sino también en la forma en que se ha producido.
Conde Pumpido preside un tribunal que no ha deliberado con distancia y rigor, sino con servilismo al gobierno que los nombró y una sumisión ideológica, Aun así, ha necesitado alguna estratagemas para que le salieran las cuentas y ha dejado a un Tribunal Constitucional divido y desprestigiado.
Interviene la joven profesora:
—Durante los gobiernos de Felipe González se empieza a hablar de la «politización de la justicia», lo que culmina con la ley de 1985, en la que muere la independencia judicial, que remata Alfonso Guerra con su célebre frase: «Montesquieu ha muerto», claro que, Aznar tampoco lo resucitó. Pero nunca, como ahora, se había traspasado con este inefable desparpajo la línea que separa la autonomía institucional de la sumisión.
Es ultrajante como Conde Pumpido ha maniobrado, aunque con la eficacia de quien conoce los entresijos del sistema. Los jueces incómodos han sido apartados y la mayoría progresista —forzada por un proceso de renovación abrupto— ha asumido sin pestañear el coste de cargarse su dignidad, su credibilidad y honor.
El Constitucional ha decidido en la más absoluta indignidad, alterar su función; de garante del orden constitucional a ser el mero notario de las órdenes de Pedro Sánchez, pero este nuevo modelo tiene sus consecuencias que trascienden a lo coyuntural.
Han impuesto una doctrina con dudoso encaje jurídico, contra la opinión fundada de buena parte de la judicatura y de organismos como la Comisión de la UE que ha advertido del carácter espurio porque es una «autoamnistía».
La amnistía no es fruto de un gran pacto nacional, ni de una transición de régimen —de la dictadura a la democracia—, sino de un trueque político. Por primera vez, desde 1978, se valida una ley con destinatarios concretos y para asegurar la continuidad de Pedro Sánchez en el gobierno.
La exposición de motivos de la ley, los discursos de sus socios parlamentarios y las declaraciones del presidente del Gobierno confirman, sin disimulo y con cinismo que se amnistía a quienes pusieron en jaque al Estado a cambio de su apoyo.
El marino apunta:
—Mordazmente se puede decir «de aquellos polvos, viene estos lodos», acudiendo a la fuente de autoridad que es el refranero. Aquello que dijo Guerra, que pretendía ser una boutade, hoy resulta ser una lápida institucional.
Si el poder legislativo actúa a conveniencia, al margen del interés general, el ejecutivo impone su relato y el judicial se subordina a los pactos, entonces ya no hay democracia liberal, sino a un simulacro democrático, en el que lo «formal» permanece —veamos algunas dictaduras—, pero que lo sustancial, lo fundamental se acaba esfumando.
Como muestra, en estas semanas, no se ha parado de argumentar la «concordia», lo de «mirar al futuro», la «normalización»; conceptos que, cuando se vacían de contenido, se convierten en humo. No hay concordia cuando se legisla para unos pocos y contra el principio de igualdad, ni hay normalidad cuando se desautoriza a los jueces independientes para premiar a los que desafían la legalidad.
Añade la joven profesora:
—Hay un elemento que no conviene minimizar. La UE no legisla por nosotros, pero cada vez nos observa más y se ha hecho evidente el desconcierto, porque lo de la amnistía no es una excentricidad española, es una anomalía jurídica dentro de la arquitectura legal europea y aunque se pretenda presentarlo como un tema «doméstico» no convence y previsiblemente, en el futuro, esto nos pasará factura, aunque la acaben pagando otros.
Además, en el colmo del cinismo, Pedro Sánchez y su gobierno habían defendido la inconstitucionalidad de la medida; no por estética —decían— sino por convicción jurídica. Que ese mismo ejecutivo ahora impulse, apruebe y celebre la norma, no demuestra que han cambiado de criterio, sino que, por necesidad, han vendido como Esaú, en la Biblia, su herencia por un plato de lentejas.
El coro de voces de «opinión sincronizada» asegurará que estas cosas no importan. Que la gente no lee las sentencias. Esperemos que el ciudadano perciba que las reglas no deben cambiarse según quién gobierne. Esto acaba con la fe en el sistema.
El marino concluye:
—Esa erosión silenciosa, pero profunda, es la verdadera amenaza para nuestra convivencia, parafraseando a Pumpido, aquí el vuelo de las togas no se ha ensuciado con el polvo del camino, sino que se han por los pasillos del poder.
Se levantan, salen con un sabor agridulce, mirando al mar para que calme sus ánimos
Jorge Molina Sanz
Agitador neuronal
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