La Guardia Civil ha puesto bajo investigación a un total de 38 individuos, entre ellos 36 personas físicas y dos jurídicas, por delitos relacionados con la usurpación de aguas públicas y contra el medio ambiente. Los agentes han esclarecido hasta 20 delitos vinculados al aprovechamiento indebido de recursos hídricos, lo que podría tener repercusiones ambientales significativas.
Durante casi un año de operativos, se han llevado a cabo 110 inspecciones en diversas infraestructuras dedicadas a la extracción y manipulación de agua, enfocándose principalmente en pozos, sondeos y balsas de acumulación. Esta intensa labor ha permitido identificar prácticas ilegales que afectan gravemente el dominio público hidráulico.
Delitos graves en el sector de la construcción
Uno de los casos más destacados involucra a responsables de una empresa dedicada a la venta de materiales de construcción. Durante un periodo mínimo de cinco años, estos individuos habrían estado extrayendo agua de pozos para su posterior venta y distribución ilegal a viviendas, piscinas e industrias. Se estima que esta actividad ha implicado el uso de aproximadamente 2.400 cubas, lo que equivale a unos 12 millones de litros, generando beneficios superiores a los 240.000 euros sin considerar el daño ocasionado al recurso hídrico público.
Además, se han registrado captaciones ilegales de aguas superficiales, resultando en un total de 187 infracciones administrativas relacionadas con la normativa sobre aguas. Estas infracciones incluyen extracciones no autorizadas o en cantidades excesivas, falta de contadores volumétricos para medir consumos y usos no permitidos del agua.
Infracciones adicionales y contexto ambiental
Las investigaciones también han revelado otras irregularidades como la apertura ilegal de pozos o sondeos, así como la construcción no autorizada de balsas y depósitos. Asimismo, se ha detectado la transformación ilícita de terrenos agrícolas destinados al cultivo en regadío.
Estas actividades ilegales se agravan en el contexto actual, ya que la provincia ha estado enfrentando una “sequía persistente”, lo que ha llevado a establecer restricciones en el uso del agua en varias áreas. La operación es parte del esfuerzo coordinado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) junto con la Fiscalía de Medioambiente de Málaga y otros organismos regionales.
Para consultas adicionales, se puede contactar con la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Málaga al teléfono 952.071.539 / 661.843.004.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 38 |
Personas investigadas (36 físicas y 2 jurídicas) |
| 20 |
Delitos esclarecidos por aprovechamiento de recursos hídricos |
| 187 |
Denuncias por infracciones a la normativa de aguas |
| 12 millones de litros |
Volumen de agua extraído ilegalmente estimado |
| 240.000 euros |
Beneficios estimados por la venta ilegal de agua |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuántas personas están siendo investigadas por la Guardia Civil en relación a captaciones ilegales de agua?
La Guardia Civil investiga a 38 personas, de las cuales 36 son personas físicas y 2 son personas jurídicas.
¿Qué delitos se han esclarecido en esta investigación?
Se han esclarecido un total de 20 delitos por el aprovechamiento ilegal de recursos hídricos con posible afección medioambiental.
¿Cuántas infracciones administrativas se han formulado?
Se han formulado 187 denuncias por infracciones a la normativa de aguas.
¿Cuál fue el principal delito investigado?
El principal delito fue cometido por responsables de una empresa que extrajo agua de pozos durante al menos 5 años para su venta y reparto ilegal.
¿Qué tipo de infracciones se han detectado además de las captaciones ilegales?
Se han detectado infracciones como la apertura de pozos o sondeos sin licencia, construcción de balsas y depósitos sin autorización, y transformación ilegal de suelo agrícola.
¿Cuál es la situación hídrica en la provincia durante la investigación?
La provincia estaba declarada en "sequía persistente", lo que ha agravado estas conductas ilegales.
¿Quiénes llevaron a cabo la investigación?
La investigación fue realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Málaga, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medioambiente de Málaga.
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