El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha liderado la Conferencia Sectorial de Justicia, que se llevó a cabo por videoconferencia. Durante esta reunión, el ministro presentó los primeros resultados de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, destacando avances significativos en la agilidad de los procedimientos judiciales, uno de los principales objetivos de esta normativa.
Desde su entrada en vigor en abril pasado, la ley ha permitido una reducción promedio del 36% en los actos de comunicación pendientes (notificaciones y requerimientos) en las comunidades analizadas. Asimismo, se ha observado una notable mejora en la ejecución de sentencias, con disminuciones en las ejecutorias pendientes que alcanzan hasta el 69% en algunos territorios.
Además, desde su creación en junio, las Oficinas de Justicia en el Municipio han facilitado casi 98.400 trámites judiciales a los ciudadanos, quienes ahora pueden realizar estas gestiones telemáticamente desde cualquier localidad.
Acuerdo unánime entre comunidades
La Conferencia se desarrolló en un ambiente cordial donde se reconoció el esfuerzo conjunto entre las comunidades autónomas y el Ministerio. Se discutió el trabajo realizado para la tercera fase de implementación de la Ley, programada para finalizar el 31 de diciembre. Esta fase contempla la activación de 100 Tribunales de Instancia en importantes partidos judiciales como Barcelona, Madrid y Zaragoza.
Las partes acordaron por unanimidad que las oficinas judiciales que brindarán apoyo técnico a estos tribunales comenzarán a operar a partir del 31 de diciembre, excepto en Oviedo, Gijón y Avilés, donde lo harán el 15 de febrero para permitir ajustes técnicos finales.
Asimismo, se estableció un enfoque flexible para la puesta en marcha progresiva de los equipos necesarios según las cargas laborales y organizativas sin comprometer el servicio público que se ofrece a los ciudadanos. Los recursos humanos y materiales ya están disponibles para los nuevos tribunales.
Transformación estructural del sistema judicial
La Ley de Eficiencia representa una profunda reforma estructural del sistema judicial español tras décadas sin cambios significativos. Su propósito es modernizarlo y hacerlo más accesible a la ciudadanía. La normativa transforma los tradicionales juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia colegiados, donde jueces especializados trabajan juntos y cuentan con una única Oficina Judicial para optimizar recursos y mejorar la gestión.
Hasta ahora, más de 300 Tribunales de Instancia han comenzado a operar sin problemas destacados. En Andalucía, por ejemplo, se ha logrado reducir un 43,8% la pendencia en actos comunicativos; mientras que en otras regiones como la Comunitat Valenciana e Islas Canarias también se reportan reducciones significativas. La media general entre siete comunidades analizadas es del 36%.
Los datos también indican una aceleración en la ejecución de sentencias: Andalucía ha visto una disminución del 69% en ejecuciones pendientes; Castilla-La Mancha un 55%; mientras que Catalunya y Comunitat Valenciana reportan un descenso del 27%. La media general es del 30% según informes del Ministerio.
Fomento del diálogo y reducción de litigios
La ley introduce además un cambio procesal crucial destinado a disminuir los litigios mediante la promoción del diálogo entre las partes antes de iniciar acciones legales. Esto incluye la obligación de recurrir a Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) para asuntos civiles y mercantiles.
Los primeros resultados son prometedores; durante el tercer trimestre del año se observó un descenso del 30,9% en nuevos litigios civiles registrados a nivel nacional según datos del Consejo General del Poder Judicial.
Coordinación efectiva durante la implementación
A lo largo del proceso implementativo, el grupo técnico creado por el Ministerio ha llevado a cabo 27 reuniones para asegurar un seguimiento adecuado junto con las comunidades autónomas. Además, se han realizado siete Comisiones Sectoriales este año y se ha desarrollado un extenso plan formativo sobre la nueva ley dirigido a jueces y funcionarios.
El Ministerio ha invertido más de 325 millones de euros provenientes de fondos europeos para apoyar esta reforma en las doce comunidades con competencias transferidas en materia judicial. Se estima que esta ley generará ahorros cercanos a los 300 millones de euros durante los próximos diez años.
Dicha reforma es considerada como una transformación histórica dentro del ámbito judicial español desde el siglo XIX gracias al compromiso colectivo entre todas las partes involucradas: comunidades autónomas, jueces y personal administrativo.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 36% |
Reducción media de actos de comunicación pendientes en las comunidades analizadas. |
| 69% |
Reducción de ejecuciones pendientes en algunos territorios. |
| 98,400 |
Trámites judiciales realizados en las Oficinas de Justicia en el Municipio desde su creación. |
| 300 millones de euros |
Ahorro estimado en los próximos 10 años por la Ley de Eficiencia. |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia?
Es una norma que busca transformar el sistema judicial en España, haciéndolo más ágil y moderno, con el objetivo de mejorar la atención a los ciudadanos y optimizar los procedimientos judiciales.
¿Cuáles son los resultados iniciales de la Ley de Eficiencia?
Desde su implementación, ha habido una reducción del 36% en los actos de comunicación pendientes y una disminución significativa en las ejecuciones de sentencias en diversas comunidades autónomas.
¿Qué cambios introduce la ley en la estructura judicial?
Transforma los juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia, donde los jueces se organizan en secciones especializadas, lo que permite una mejor distribución de carga de trabajo y agilidad en los procesos.
¿Cómo afecta la ley al número de litigios?
La ley promueve el uso de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes de iniciar procesos judiciales, lo que ha resultado en una disminución del 30,9% en nuevos litigios civiles durante el tercer trimestre del año.
¿Cuál es el impacto financiero esperado de la Ley de Eficiencia?
Se espera un ahorro cercano a 300 millones de euros en los próximos 10 años para las comunidades autónomas con competencias transferidas en justicia.
Si (
No(
