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El Gobierno de España ha aprobado la transferencia de 904 millones de euros a las Comunidades Autónomas para financiar el nivel acordado de la dependencia, una cifra que podría aumentar a 970 millones al incluir recursos adicionales de Euskadi y Navarra. Esta decisión, impulsada por el ministro Pablo Bustinduy, marca un nuevo récord en la financiación del sistema de dependencia, que había sido eliminado en 2012 y recuperado en 2021. La inversión estatal total alcanzará los 7.239,4 millones de euros en 2027, garantizando que el Estado asuma el 50% de los costes del sistema. La reforma legislativa en curso busca mejorar los servicios y derechos de las personas en situación de dependencia.

El Gobierno de España transferirá 970 millones de euros a las Comunidades Autónomas para financiar el nivel acordado de la dependencia, según anunció el Ministerio de Derechos Sociales. Esta cantidad, que incluye más de 904 millones destinados a las CCAA, marca un récord histórico en la financiación del sistema de atención a la dependencia. La cifra se ha incrementado desde los 306,9 millones en 2021 y busca mejorar servicios, reducir listas de espera y aumentar la calidad laboral en el sector. Se prevé que para 2027, el Estado aporte un total de 7.239,4 millones, alcanzando así el 50% de la financiación global del sistema.

El gasto sanitario público en España alcanzó los 101.739 millones de euros en 2024, representando el 6,4% del PIB y un incremento del 4,2% respecto al año anterior. El gasto medio por habitante se sitúa en 2.084 euros. Las comunidades autónomas fueron responsables del 93,6% de este gasto, con Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid concentrando el 45,7%. Aragón lideró el crecimiento del gasto con un aumento del 10,2%, mientras que el País Vasco registró el mayor gasto per cápita. Este informe del Ministerio de Sanidad proporciona una visión detallada sobre la financiación del sistema sanitario español y su evolución.

En 2026, todas las comunidades autónomas y órganos centrales de España contarán con un mayor número de fiscales, según anunció el ministro Bolaños. Esta medida busca fortalecer el sistema judicial y mejorar la atención a los ciudadanos en cuestiones legales. La iniciativa se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio del Gobierno para garantizar una justicia más accesible y eficiente en todo el país.

El déficit de las Administraciones Públicas en España se sitúa en noviembre de 2025 en el 1,08% del PIB, lo que representa una disminución del 32,7% en comparación con el mismo mes de 2024. Según el Ministerio de Hacienda, el déficit consolidado alcanza los 18.206 millones de euros. Excluyendo el impacto de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), el déficit se reduce al 0,81% del PIB. La Administración Central presenta un déficit de 30.117 millones, un 22,6% menor que el año anterior. Las Comunidades Autónomas reportan un superávit de 3.406 millones y los Fondos de la Seguridad Social muestran un superávit de 8.505 millones, evidenciando una mejora en la situación financiera respecto a años anteriores.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha liderado la Conferencia Sectorial de Justicia donde se han presentado los avances de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta ley, en vigor desde abril, ha logrado reducir en un 36% los actos de comunicación pendientes y ha agilizado la ejecución de sentencias en diversas comunidades. Se prevé que a finales de diciembre se activen 100 Tribunales de Instancia en grandes ciudades, mejorando la organización judicial al transformar juzgados unipersonales en órganos colegiados especializados. Además, se han implementado medidas para fomentar el diálogo y reducir litigios, resultando en una disminución del 30,9% en nuevos casos civiles. La reforma representa una transformación significativa del sistema judicial español, con una inversión superior a 325 millones de euros.

El Gobierno de España ha declarado 63 comarcas de once comunidades autónomas como zonas afectadas por emergencias de protección civil debido a inundaciones e incendios forestales ocurridos entre el 26 de agosto y el 9 de noviembre de 2025. Las comunidades impactadas incluyen Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia, Illes Balears, Región de Murcia y Navarra. El acuerdo del Consejo de Ministros permite que los afectados soliciten ayudas para reparar daños personales y materiales. Además, otros ministerios podrán implementar medidas fiscales y laborales para mitigar las consecuencias de estas emergencias.

El Ministerio de Sanidad ha aprobado la distribución de más de 235 millones de euros a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para fortalecer los servicios del Sistema Nacional de Salud en 2026. La mayor parte, 172,4 millones de euros, se destinará al Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria. Además, se asignarán 60 millones para ampliar la cartera común de salud bucodental, junto con fondos para mejorar el sistema de información del SNS y financiar cuidados de enfermería.

El Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación han lanzado la Red Española de Escuelas Promotoras de Salud durante la "III Jornada de Escuelas Promotoras de Salud". Este nuevo modelo busca fomentar la salud en el ámbito educativo a través de la colaboración entre comunidades autónomas, con siete ya activas. La iniciativa se centra en abordar problemas como la obesidad infantil desde una perspectiva equitativa, destacando que el 36,1% de los niños españoles entre 6 y 9 años tiene exceso de peso. Las Escuelas Promotoras de Salud integran la salud en su planificación educativa y promueven prácticas saludables en alimentación, actividad física y bienestar emocional, contribuyendo así a entornos educativos más saludables y equitativos.

El gasto sanitario público en España alcanzó los 101.739 millones de euros en 2024, representando el 6,4% del PIB y un incremento del 4,2% respecto al año anterior. La mayor parte del gasto se destina a la remuneración de trabajadores del sector, que supone el 44,8% del total. Las comunidades autónomas son responsables del 93,6% de este gasto, con Cataluña, Andalucía y Madrid concentrando casi la mitad de la inversión. Aragón lidera el crecimiento del gasto con un aumento del 10,2%, mientras que el País Vasco destaca por su mayor gasto per cápita. Estos datos reflejan el esfuerzo de las administraciones para mantener la calidad del sistema sanitario en España.

En enero, el desempleo en España aumentó en 30.392 personas, alcanzando un total de 2.439.062 desempleados, lo que representa un incremento del 1,26% respecto al mes anterior. Sin embargo, comparado con el mismo mes del año anterior, el paro ha disminuido en 160.381 personas (-6,17%). Los sectores más afectados fueron Servicios y Agricultura, mientras que la Construcción y la Industria experimentaron descensos. El desempleo femenino subió a 1.469.283 mujeres, aunque sigue siendo la cifra más baja en enero en los últimos 18 años. En cuanto a los jóvenes menores de 25 años, también se registró un aumento del desempleo. A nivel regional, solo Illes Balears vio una reducción en las cifras de paro, mientras que Andalucía lideró el aumento con 8.046 nuevos desempleados. Durante enero se firmaron más de un millón de contratos laborales, con un 41,62% de ellos indefinidos.

En diciembre de 2025, el desempleo en España disminuyó en 16.291 personas, situándose el total en 2.408.670. Este descenso representa una caída del 0,67% respecto al mes anterior y un descenso interanual de 152.048 personas (-5,94%), marcando 56 meses consecutivos de caídas interanuales. El paro se redujo principalmente en los sectores de Servicios y Agricultura, mientras que aumentó en Construcción e Industria. El desempleo femenino cayó en 22.096 mujeres, mientras que el masculino aumentó en 5.805 hombres. El paro juvenil alcanzó su cifra más baja histórica con 176.852 jóvenes registrados, tras una reducción de 11.470 personas (-6,09%). Además, se registraron 1.230.356 contratos durante diciembre, de los cuales el 37,29% fueron indefinidos.

En noviembre, el paro en España disminuyó en 18.805 personas, situándose en un total de 2.424.961 desempleados, lo que representa una reducción del 6,23% respecto al mismo mes del año anterior. Esta cifra es la más baja para este mes desde 2007. La caída del desempleo se observó en todos los sectores económicos, siendo más notable en Servicios y entre mujeres, donde el descenso fue de 14.370 paradas. Además, el número de contratos registrados alcanzó 1.296.203, con un 41,27% de ellos indefinidos. Las comunidades autónomas con mayores descensos en el paro fueron Andalucía, Comunidad de Madrid y Cataluña.

En 2026, las comunidades autónomas de España recibirán un récord histórico de 157.731 millones de euros en entregas a cuenta, lo que representa un aumento del 7% respecto al año anterior. Este anuncio fue realizado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La mejora en los recursos se debe al dinamismo económico del país, que ha sido respaldado por instituciones como el Banco de España y el FMI. Además, se prevé que las entidades locales también reciban una cifra récord de 29.246 millones de euros en 2026, incrementando su capacidad para invertir en servicios públicos. El Gobierno ha establecido objetivos de déficit más favorables para las comunidades autónomas, permitiendo una mayor flexibilidad financiera y la posibilidad de realizar reformas e inversiones esenciales para la atención a los ciudadanos.