comunidades autonomas

El Gobierno de España ha declarado zonas afectadas por emergencias de protección civil en diez comunidades autónomas, tras la aprobación del Consejo de Ministros. Entre el 25 de marzo y el 22 de junio de 2025, se registraron 26 emergencias que causaron daños personales y materiales en Illes Balears, Castilla y León, Canarias, Cataluña, La Rioja, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha. Las emergencias incluyen fenómenos meteorológicos adversos, incendios y accidentes relacionados con el transporte de mercancías peligrosas. El acuerdo contempla ayudas directas para mitigar los daños sufridos por particulares y corporaciones locales, así como beneficios fiscales y laborales a través de diferentes ministerios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto a las comunidades autónomas triplicar la financiación para vivienda pública y establecer un Acuerdo Estatal para la Vivienda. En una carta enviada a los líderes autonómicos, sugiere una inversión de 7.000 millones de euros para el periodo 2026-2030, que se debatirá en la próxima Conferencia de Presidentes. Esta iniciativa busca blindar la vivienda pública de por vida y mejorar el acceso a la misma en España.

El Ministerio de Trabajo y las Comunidades Autónomas han acordado la distribución de 2.571 millones de euros para Políticas Activas de Empleo en 2025. Esta medida incluye nuevos criterios para la asignación de fondos que garantizarán la estabilidad en la ejecución de estas políticas hasta 2029. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social presidió la LXXXVI Conferencia Sectorial de Empleo, donde se discutieron estos importantes avances en el ámbito laboral.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha liderado el Consejo Interterritorial de Internacionalización para coordinar la respuesta ante el aumento de aranceles por parte de Estados Unidos. En la reunión, se discutió el impacto en las Comunidades Autónomas y la necesidad de mantener una comunicación fluida entre instituciones. Se acordaron reuniones mensuales y grupos de seguimiento semanal para evaluar la situación. Además, se presentará el Plan ICEX Relanzamiento para promover la internacionalización de las empresas españolas. Esta iniciativa busca asegurar apoyo y liquidez a las empresas afectadas.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha instado a las Comunidades Autónomas a actualizar los datos sobre niños, niñas y adolescentes migrantes en situación de desamparo en sus sistemas de acogida. Esta solicitud tiene como objetivo elaborar una propuesta de acogida solidaria en todo el país. Las comunidades tienen hasta el 31 de marzo para enviar esta información al Gobierno central, lo que permitirá definir la acogida en territorios como las Islas Canarias y Ceuta. La ministra Sira Rego destacó la importancia de estos datos para realizar un diagnóstico adecuado y acceder a un fondo de financiación de 100 millones de euros destinado a la acogida de menores migrantes.

El Consejo de Ministros de España ha autorizado la compra de medicamentos de Factor VIII de coagulación recombinante por un valor estimado de 114,6 millones de euros. Esta decisión, tomada el 14 de enero de 2025, permitirá al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) seleccionar proveedores para el suministro sostenible de estos fármacos en 11 comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla. El acuerdo marco tendrá una duración inicial de 24 meses, con posibilidad de prórroga por un año más, y responde a la necesidad urgente de garantizar el acceso a tratamientos esenciales para pacientes con hemofilia A.

En octubre de 2024, el déficit de las Administraciones Públicas en España, excluyendo las Corporaciones Locales, se sitúa en el 1,05% del PIB, lo que representa una reducción del 15,1% en comparación con el mismo periodo de 2023. Según el Ministerio de Hacienda, el déficit del Estado hasta noviembre alcanza el 2,35% del PIB, equivalente a 37.228 millones de euros. Este descenso se debe principalmente a la liquidación definitiva del sistema de financiación y al aumento en los ingresos fiscales. Los datos reflejan un superávit en las Comunidades Autónomas y un incremento significativo en los recursos no financieros del Estado.

El 18 de junio de 2025, en la Conferencia Sectorial de Igualdad, se acordó la Estrategia Estatal para la no discriminación de las personas LGTBI. Esta iniciativa busca eliminar y corregir cualquier forma de discriminación, y también se aprobó la creación de un grupo de trabajo para avanzar en la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, lidera estos esfuerzos. Para más información, visita el enlace: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/igualdad/Paginas/2025/180625-estrategia-estatal-no-discriminacion-lgtbi.aspx?qfr=2.

El orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes incluirá propuestas de 13 comunidades autónomas, según anunció el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Este encuentro, programado para el 3 de junio de 2025, marcará un hito al permitir que los presidentes y presidentas utilicen las lenguas oficiales de sus territorios, destacando el esfuerzo del Gobierno por alcanzar un consenso entre las distintas administraciones. Para más información, visita el enlace.

El Gobierno de España ha anunciado la distribución de 142,5 millones de euros a las comunidades autónomas para reducir la brecha de género en el ámbito de los cuidados. Además, se destinarán 311,4 millones de euros para mejorar las competencias matemáticas y lectoras de los estudiantes, fomentar la educación inclusiva y disminuir la tasa de abandono escolar temprano. Esta iniciativa forma parte del compromiso del Ejecutivo por promover la igualdad y mejorar la calidad educativa en el país.

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha acordado con las Comunidades Autónomas extender el programa de formación en competencias digitales hasta junio de 2026. Esta iniciativa busca capacitar a más de 660.000 personas, enfocándose en colectivos vulnerables como mayores y mujeres. El acuerdo, adoptado por unanimidad, modifica un pacto anterior y permite a las CCAA gestionar un presupuesto de 140 millones de euros para este fin. López destacó que el crecimiento económico de España está ligado a los avances en transformación digital y subrayó la importancia de seguir trabajando para no dejar a nadie atrás.

En enero, el paro en España aumentó en 38.725 personas, un incremento del 1,51% respecto al mes anterior, aunque la cifra total de desempleados se mantiene por debajo de los 2,6 millones, alcanzando el nivel más bajo en este mes en 17 años. En comparación con enero de 2024, el desempleo ha disminuido en 168.417 personas (-6,08%). El sector servicios experimentó el mayor aumento del paro, mientras que la construcción e industria vieron descensos. El desempleo femenino creció un 2,08%, mientras que el masculino aumentó un 0,67%. A pesar del aumento mensual, la tasa de cobertura de prestaciones por desempleo alcanzó el 74,51%, la más alta desde 2010.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha logrado 49 acuerdos con comunidades autónomas desde el inicio de la XV Legislatura, resolviendo conflictos competenciales. En diciembre se alcanzaron 9 acuerdos y uno más en noviembre, todos fruto de un diálogo continuo en las comisiones bilaterales de cooperación. Estos acuerdos buscan minimizar la conflictividad y evitar recursos de inconstitucionalidad. Entre los últimos acuerdos destacan medidas urgentes para el sector agrario en Cataluña y acciones para la recuperación económica en Canarias tras desastres naturales.

El Gobierno de España, junto con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, ha aprobado un plan de acción para eliminar barreras burocráticas que afectan a las empresas. Durante la primera reunión conjunta de las Conferencias Sectoriales, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, presentó el diagnóstico realizado para identificar áreas con cargas administrativas excesivas. Este plan incluye la adopción de una nueva Ordenanza Tipo que facilitará la apertura comercial y la creación de una plataforma para estandarizar normativas locales. Además, se implementarán medidas para reducir los requisitos en la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y se clarificarán los perfiles técnicos necesarios para certificados de eficiencia energética. Este esfuerzo busca mejorar el clima de negocios y fomentar un mercado único eficiente en España.