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El Tribunal de Cuentas ve un posible delito en la contabilidad de la campaña de 28-A de Unidas Podemos
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El Tribunal de Cuentas ve un posible delito en la contabilidad de la campaña de 28-A de Unidas Podemos

viernes 21 de agosto de 2020, 21:47h

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El Tribunal de Cuentas ve "indicios sugerentes de responsabilidad penal" en la contabilidad de la campaña electoral de Unidas Podemos para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Las irregularidades tendrían que ver con la facturación de Neurona Comunidad S.L.

La "necesaria y ulterior investigación para determinar si tales irregularidades tienen relevancia penal corresponde a la Fiscalía competente, por razón de la materia y del territorio", ha informado la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en un comunicado.

Así como adelantó la Cadena Ser, el fiscal Miguel Ángel Torres apunta a dos tipos de delitos: fraude electoral y falsedad en documento mercantil. Así lo dispone en un informe interno que ha remitido a la Sección de Judicialización del órgano contable, en los servicios facturados a Neurona al "no estar suficientemente acreditada su elaboración por parte del proveedor".

Sin embargo, este tribunal carece de competencia para el conocimento de tales infracciones penales, por lo que el fiscal interesa la expedición del denominado "testimonio de particulares", por lo que debe remitir el asunto a un fiscal de la justicia ordinaria para que determine si el asunto debe ser llevado o no a los tribunales.

Según la información dada por la citada emisora, un total de 290.000 euros facturados a Neurona analizados durante la fiscalización de los comicios del 28-A "no tienen consideración de gasto electoral" y por ello no han sido admitidos como "susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales", apuntando a un posible contrato simulado.

Unidas Podemos aportó en sus alegaciones a este órgano vídeos y diseños publicitarios, si bien no había quedado ""suficientemente acreditada su efectiva elaboracion por parte del proveedor".

"Ante dicha solicitud, la formación envió un contrato de prestación de servicios por importe de 363.000 euros, firmado electrónicamente por las partes contratantes el 6 de mayo de 2019, habiendo sido emitida la factura correspondiente a dicho contrato el 5 de abril de 2019; en el contrato se recogen los mismos conceptos que se hacen constar en la factura presentada, sin valoración económica individualizada de lo contratado".

Tal y como recuerda Europa Press, de la información disponible resulta que la empresa proveedora fue objeto de inscripción constitutiva en el registro mercantil el 19 de marzo de 2019, "no coincidiendo su objeto social con la presentaciones contratadas", según el Tribunal de Cuentas.

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