El Ejecutivo ha aprobado un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualquier actuación que vulnere o menoscabe la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo o el Real Decreto 825/2010 que desarrolla parcialmente esa norma.
La Junta tiene un plazo de un mes para contestar. El requerimiento es el paso previo a un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.
Por otra parte, el Gobierno ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de ley de servicios sociales, que busca diseñar con las comunidades autónomas un catálogo común de prestaciones y servicios que garantice la misma cobertura en estos ámbitos en todo el territorio.
El Ejecutivo también ha ampliado hasta el 14 de febrero de 2024 el plazo para que se pueda seguir recibiendo la Televisión Digital Terrestre (TDT) en definición estándar. La razón es que el parque de aparatos receptores de TDT aún no está completamente adaptado a las emisiones en alta definición por la ralentización generada por la pandemia.
Además, el Consejo de Ministros ha reorganizado una banda de frecuencias con el fin de impulsar el despliegue de la tecnología 5G, en línea con los objetivos establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Agenda España Digital 2026.
Igualmente, el Ejecutivo ha autorizado de manera definitiva el convenio para cofinanciar con 650 millones de euros la construcción del tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla, y ha aprobado el Programa Anual 2023 del Plan Estadístico Nacional.
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