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Escándalo en el hospital Isabel Zendal: Ayuso prohíbe la entrada de sindicatos y la Justicia le da un duro golpe
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(Foto: CAM)

Escándalo en el hospital Isabel Zendal: Ayuso prohíbe la entrada de sindicatos y la Justicia le da un duro golpe

Por Aitor Goicoechea
jueves 04 de enero de 2024, 16:33h

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Prohibió de manera ilegal la entrada de los sindicatos al hospital Isabel Zendal. Así de contundente se ha mostrado la Justicia a la hora de abordar el polémico proyecto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La decisión de Ayuso de prohibir que Comisiones Obreras (CCOO) entrara en el centro para comprobar la veracidad de las denuncias de los trabajadores ha sido tumbada por una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

No es la primera vez que la Justicia decide a favor de quién puede o no acceder a las instalaciones, y es que Ayuso ha obstaculizado las labores sindicales en el hospital en más de una ocasión, lo cual viola el legítimo derecho, como confirma el Tribunal Superior de Madrid. Específicamente, se les impidió acceder al interior del Hospital Enfermera Isabel Zendal y a todas sus dependencias.

La Justicia dictamina que "ningún obstáculo puede establecerse al acceso, en los términos de seguridad incluidos en el Acuerdo, para que puedan acceder al interior del Hospital para llevar a cabo sus funciones de modo presencial, por más que las visitas de personas externas, en general, estuviesen prohibidas".

Por todo ello, los jueces han rechazado ahora los argumentos que la Comunidad defendía, entre ellos el reconocimiento de que la "activación y desactivación" del hospital dependerá de las necesidades asistenciales existentes en cada momento.

Polémica tras polémica

Tras incrementar el gasto del mantenimiento del Zendal hasta rozar los dos millones de euros, se adjudicó tal y como se le ha reprochado en no pocas ocasiones a la presidenta regional que diera el contrato "a dedo" a Serveo Servicios (Ferrovial) por 570.000 euros, algo que se ha repetido en el tiempo, como la adjudicación por valor de 4,5 millones de euros para labores de "limpieza, desinfección y desratización"; sin mencionar el de la seguridad del edificio, que cayó en manos de Ariete Seguridad S.A, propiedad de una exconcejala popular.

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