corte internacional de justicia

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha calificado como "positivas" las nueve medidas adoptadas por el Gobierno español para abordar el genocidio en Gaza. En declaraciones desde Sevilla, destacó que estas acciones reflejan un Gobierno que escucha la creciente ola de solidaridad en España. Sin embargo, Maíllo subrayó la necesidad de una décima medida: la ruptura total de relaciones diplomáticas y económicas con Israel. Afirmó que estas medidas son un paso hacia la justicia y defendió la importancia de que España lidere una agenda de derechos humanos en el contexto internacional. También criticó las reacciones del gobierno israelí ante estas posiciones, considerándolas como indicativas de que se está avanzando en el camino correcto.

La Corte Internacional de Justicia ha declarado que los Estados miembros de la ONU tienen el deber de prevenir el cambio climático, considerado un "riesgo universal existencial" causado por la actividad humana. El tribunal subraya que el incumplimiento de estas obligaciones constituye un hecho ilícito a nivel internacional y exige reparaciones a los Estados afectados. Además, establece que los países deben actuar con diligencia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cooperar en la protección del medio ambiente, especialmente en apoyo a naciones vulnerables. Esta opinión consultiva, solicitada por la Asamblea General de la ONU, no es vinculante pero sirve como guía moral y puede influir en litigios climáticos en todo el mundo.

Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, ha presentado un protocolo al Gobierno para inspeccionar barcos con destino a Israel en puertos españoles. Este protocolo busca incautar armas que podrían ser utilizadas en el conflicto palestino. Santiago destacó la necesidad de regular la supervisión de buques civiles y garantizar que no se permita el tránsito de material bélico, en cumplimiento de la legislación nacional e internacional. La iniciativa surge tras múltiples denuncias y tiene como objetivo proporcionar seguridad jurídica a las autoridades portuarias en su labor de retención de carga militar.

Izquierda Unida ha propuesto excluir de las licitaciones públicas a empresas nacionales y extranjeras que colaboren, directa o indirectamente, con la ocupación ilegal de los territorios palestinos. Esta iniciativa busca cumplir con la legalidad internacional y responde a decisiones de la Corte Internacional de Justicia sobre el genocidio y la violencia ejercida por Israel en Gaza y Cisjordania. La propuesta incluye una cláusula en los pliegos de contratación pública para garantizar que los recursos del Estado no contribuyan a situaciones de ocupación ilegal. Izquierda Unida también señala que varias empresas han sido identificadas por su participación en actividades económicas relacionadas con asentamientos israelíes, considerados ilegales según el Derecho internacional.

La Comisión Investigadora de la ONU ha denunciado que los ataques israelíes a sitios educativos en los territorios palestinos ocupados constituyen crímenes de guerra. Este grupo de expertos en derechos humanos ha alertado sobre una serie de atrocidades, incluyendo el exterminio, y ha instado a Israel a cesar inmediatamente estos abusos y a cumplir con las medidas ordenadas por la Corte Internacional de Justicia.