Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, defendió en el Foro Económico Mundial de Davos el modelo digital europeo centrado en la innovación y la protección de los derechos digitales. Destacó la importancia de equilibrar la protección ciudadana con el impulso a la innovación, apoyando las normas digitales europeas y el mercado único. López subrayó el éxito del modelo español de colaboración público-privada, resaltando que los fondos Next Generation han sido clave para reducir la dependencia tecnológica. También mencionó que España es la economía de mayor crecimiento en la eurozona y OCDE, evidenciando que su política económica ha estado alineada con un fuerte impulso regulatorio digital. Además, enfatizó la necesidad de cooperación entre industria y academia para fomentar la transferencia tecnológica y asegurar un equilibrio entre competitividad e innovación.
Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, ha presentado ante la OCDE las líneas clave de la Estrategia de Transformación Digital 2026-2030. Esta estrategia incluye medidas para integrar la inteligencia artificial en la Administración Pública, buscando modernizar su gestión y fortalecer la confianza ciudadana. Durante su intervención, destacó proyectos como la Plataforma Soberana de IA y el Centro de Excelencia en IA, así como iniciativas para prevenir incendios forestales y detectar corrupción. López subrayó que España está alineada con la Ley europea de IA, enfatizando la importancia de una implementación segura y responsable. El informe “Governing with AI” de la OCDE resalta las buenas prácticas en el uso de IA en el sector público, destacando el impacto positivo en la eficiencia y calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos.
El Observatorio de Derechos Digitales ha llevado a cabo más de 20 acciones en su primer semestre, enfocándose en la difusión y protección de los derechos digitales. Esta iniciativa del Gobierno de España busca abordar temas como la igualdad digital, la protección de datos y la violencia de género online. Además, se han realizado cursos internacionales y se ha lanzado un pódcast mensual para explorar dilemas éticos en el ámbito digital. Con un presupuesto de 10,83 millones de euros, el programa incluye la colaboración de 150 entidades y expertos. El objetivo es garantizar un uso ético y responsable de la tecnología, promoviendo buenas prácticas y sensibilizando a la ciudadanía sobre los retos actuales en derechos digitales.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el inicio de una investigación contra META por la posible violación de la privacidad de millones de usuarios. La compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp deberá comparecer ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso. Esta acción surge tras un estudio que revela que META habría utilizado un mecanismo oculto para rastrear la actividad web de usuarios de dispositivos Android, recopilando datos incluso en modo incógnito. La investigación busca esclarecer los hechos y proteger los derechos fundamentales vulnerados, reafirmando que en España la ley prevalece sobre las prácticas empresariales. Además, se prevé un paquete de medidas para abordar amenazas digitales como desinformación y protección de menores.
El PSOE impulsa la lucha contra la violencia de género digital en Iberoamérica mediante una moción que se presentará en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Esta iniciativa, originada en la XXVII Cumbre Iberoamericana, busca reconocer y reforzar acciones contra la violencia facilitada por tecnologías hacia mujeres y niñas, incluyendo ciberacoso y difusión no consentida de imágenes íntimas. La viceportavoz del PSOE, Araceli Martínez, enfatiza la necesidad de leyes y recursos para combatir esta forma de violencia, destacando el negacionismo como un obstáculo. La propuesta incluye promover tratados legales sobre derechos digitales y estrategias para crear entornos seguros para las mujeres.
Los derechos digitales son la extensión de los derechos ciudadanos al entorno digital, asegurando la protección de principios fundamentales como la privacidad, libertad de expresión y acceso a internet. Cada país desarrolla su propia Carta de Derechos Digitales, adaptándose a sus necesidades y marco legal. El Gobierno de España ha creado el Observatorio de Derechos Digitales para promover la implementación y difusión de estos derechos, financiado por los Fondos Next Generation EU. Además, se busca garantizar que los derechos existentes se adapten a los desafíos tecnológicos actuales, fortaleciendo así la democracia en la era digital.
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